Senadoras, diputadas, la consejera electoral Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, sentenciaron que en Puebla urge tipificar como delito la violencia política antes de la elección de 2021.

En un conversatorio virtual sobre los avances de la legislación, enfatizaron que la entidad poblana es una de las más peligrosas para las mujeres y este problema se extiende a la política.

En distintas intervenciones resaltaron que en 2018 Puebla registró 15 denuncias por violencia política, la cifra más alta del país, por lo que es preocupante que el estado sea uno de los que aún no la castiga.

A las denuncias se suman los homicidios de Juana Iraís Maldonado y Erika Cázares, excandidata a diputada local por Huauchinango y exregidora de Juan Galindo, ambas asesinadas en junio de 2018 mientras realizaban campaña.

La consejera del Instituto Electoral del Estado (IEE), Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, remarcó: “somos un estado que ha vivido y que conoce bien cómo se materializa la violencia de género, de ahí la importancia de tomar acciones para combatirla”.

La diputada del PRI Rocío García Olmedo, organizadora del conversatorio, puntualizó que en el Congreso del estado ya existen múltiples iniciativas para tipificar y sancionar la violencia política, pero lamentó que siguen en espera de ser analizadas.

Falta de voluntad y machismo frenan legislación 

Las ponentes coincidieron en que la falta de empatía, de voluntad política e incluso la propia cultura machista, son algunos de los factores que han obstaculizado la legislación.

Por ello la senadora de Morena por Guanajuato, Martha Lucía Michel Camarena, convocó a las diputadas poblanas a empoderarse e impulsar las reformas a la brevedad, para que se castigue la violencia política antes de que inicie el proceso electoral, en noviembre de este año.

“A los partidos políticos y a todos los funcionarios públicos debemos enviarles un mensaje fuerte: no toleraremos la violencia política contra las mujeres y quienes sean responsables, serán sancionados”, advirtió.

En el conversatorio también participó la diputada federal por Puebla, Lucero Saldaña Pérez (del PRI), así como las diputadas locales de Morena, Vianey García Romero y Estefanía Rodríguez Sandoval.

Proponen cancelar candidaturas

Entre las medidas que se han propuesto en el Congreso local para castigar la violencia política, se encuentra la cancelación de candidaturas, pérdida de cargos públicos y partidistas y hasta la suspensión del derecho al voto para quien frene u obstaculice la participación política de las mujeres. 

Algunas prácticas que se consideran violencia política son: denostar o minimizar en campaña a una candidata por ser mujer; agredirla verbal o físicamente; impedirle competir por cargos partidistas o de elección popular, así como presionarla u obligarla a renunciar a dichos puestos.