Los 252 millones de dólares en multas que México ha pagado  desde el año 2000 por obstruir inversiones extranjeras, podrían aumentar si Constellation Brands y el actual gobierno mexicano no llegan a algún acuerdo, como el cambio de sede de la planta cervecera, tras su cancelación en Mexicali, Baja California.

México ha firmado los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) que prevén que un inversionista demande a un estado e inicie un arbitraje de inversión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial.

La primera indemnización que México tuvo que pagar fue para Metalclad por 16.6 millones de dólares en el año 2000, según información de la Secretaría de Economía (SE) publicada por el diario Reforma.

El monto más alto que el Gobierno mexicano ha pagado fue a Cargill, por 79.3 millones de dólares, debido al impuesto de 20 por ciento a bebidas con edulcorantes, como el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF); Cargill argumentó que se trataba de una medida discriminatoria, pues era un fuerte productor de JMAF.

El arbitraje más reciente fue con Telefónica, aunque el Gobierno y empresa llegaron a un acuerdo para modificar las tarifas telefónicas que quedaron más cercanas a los montos que sugería la empresa, así que el Estado ya no pagó. Además de las multas, a los gastos se agregan los honorarios de los abogados, explicó Véjar.

Actualmente hay 11 casos activos en arbitraje y 7 más que pudieran caer en arbitraje, es decir, se encuentran en la etapa previa denominada aviso de intención, de acuerdo con datos de SE. “(Llegar a un arbitraje de inversión) No lo hace atractivo porque ningún inversionista busca venir a pelearse con México para ver si le pagan algo que gastó y porque no existe la certeza absoluta de que le compensen todos los gastos en los que incurrió. “Además del tiempo puede ser en promedio tres años”, concluyó Véjar.