Bajo el expediente 46/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Ayuntamiento de Puebla con el fin de que defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar al titular de la Policía Municipal.

El viernes 20 de marzo, el gobierno de la capital presentó una demanda de controversia que pide además la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal, como se anticipó este fin de semana.

Al invocar el artículo 115 constitucional, pide que no se imponga por la fuerza la decisión de alguno de los dos órdenes de gobierno y que se declare inconstitucional el nombramiento de delegados de seguridad “por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana”.

Cabe señalar que la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, se opone al nombramiento de Carla Morales Aguilar como delegada del gobierno del estado para hacerse cargo de la seguridad del municipio y señaló que detrás suyo están personajes de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

En contraparte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostiene que el nombramiento ya fue hecho y pide que se acate, aunque esperará el fallo de la Suprema Corte.

En medio de esta disputa, el mandatario señaló que su intención por renovar al mando de la seguridad es porque los actuales funcionarios protegen a integrantes de la delincuencia organizada.

Aunque el fin de semana se especuló sobre la renuncia de Lourdes Rosales a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, este lunes se indicó que se mantiene en su cargo.