A casi ocho meses de la llegada de Luis Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura, su administración no muestra avances en mejoras para el río Atoyac y sus afluentes, de acuerdo con lo que reconocieron funcionarios estatales en una reunión con activistas defensores del medio ambiente.

El encuentro se realizó el lunes pasado y aunque representantes de diferentes organizaciones esperaban que los atendiera la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, lo hizo su secretario particular.

Al cuestionarlo sobre el río, el funcionario reconoció que no hay novedades en el monitoreo y atención a la crisis, pues llevan poco tiempo en el gobierno y dependían del diseño de un reglamento interno en la Secretaría para avanzar.

Ante esa respuesta, los activistas argumentaron que hay leyes federales que están por encima del reglamento como la de salud, agua y residuos peligrosos, así como la misma Constitución. 

"Tú no puedes justificar tu inacción para hacer efectivo el derecho a un ambiente sano tal como lo dice el artículo cuarto constitucional", explicó Gerardo Pérez Muñoz, del Colectivo Hermanos Serdán.  

En este primer encuentro participaron además activistas contra el colector industrial de Huejotzingo, contra contaminación de los cementos Cruz Azul en Quecholac y Palmar de Bravo, así como opositores al gasoducto de Tuxpan de la zona de Pahuatlán, quienes presentaron sus respectivas problemáticas.

Tanto la secretaría a cargo del medio ambiente como la de Gobernación se comprometieron a realizar una segunda reunión para el 27 de marzo que también involucre a los titulares de las secretarías locales de Salud, Trabajo, Educación Pública, Infraestructura y Economía.

"Que nos escuchen, fundamentalmente eso, que escuchen de viva voz las problemáticas medioambientales en la región y a partir de eso que se comiencen a atender las distintas problemáticas de forma regional", agregó el activista.

En una tercera y cuarta etapa de estas mesas de diálogo, los activistas esperaran que también se convoquen a titulares de dependencias federales con representación en Puebla y a ediles.