La demanda de amparo contra la designación de nuevo fiscal de Puebla fue admitida por un juzgado federal, pero se negó la suspensión provisional, así que el proceso de selección no se detendrá mientras se resuelve el juicio.

El recurso fue promovido por el exdiputado local del PRI, Miguel Ángel Hernández Escobar, una de las tres personas que quedaron fuera en la primera depuración de aspirantes.

El expediente 156/2020 es el que le fue asignado y se radicó en el juzgado octavo de distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales.

De acuerdo con la copia del documento, ya fueron notificados el Congreso del estado y el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla.

En él consta que no se otorgó la suspensión provisional del acto reclamado como medida cautelar mientras se analiza el caso.

Audiencia hasta marzo

La audiencia constitucional se estableció hasta el próximo 19 de marzo, a las 10 horas, es decir, al menos una semana después de que haya rendido protesta el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se calcula será designado a finales de febrero.

Martínez Escobar exigió la suspensión del proceso de selección de fiscal tras quedar fuera de la competencia —a su parecer— sin ser debidamente notificado ni garantizarle su derecho de audiencia, por lo que acusó violación a su derecho de votar y ser votado.

El exlegislador también reclama que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla (diputado de Morena) adelantó a la prensa el rechazo de aspirantes “sin mediar mandamiento” como establece la ley.

El expriísta quedó fuera de la contienda el pasado 29 de enero, junto con Juan José Rodríguez Sánchez e Israel Eugenio Jiménez López, que completaban la lista de 16 aspirantes.

De los 13 que continúan en el proceso, el gobernador Miguel Barbosa Huerta elegirá a una terna de finalistas, que enviará al Congreso del estado para que de ahí se elija al ganador.

La persona electa encabezará la FGE por siete años (2020-2027) y su nombramiento requerirá del voto de al menos dos terceras partes de los 41 diputados que conforman el pleno del poder Legislativo.