El exdiputado local del PRI, Miguel Martínez Escobar, tramitó un amparo para suspender la elección del fiscal de Puebla por presuntas anomalías del Congreso del estado. 

El juicio lo promovió este fin de semana ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Civil Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

En su recurso exige la suspensión del proceso tras ser echado de la competencia supuestamente sin ser debidamente notificado ni garantizarle su derecho de audiencia.

El exlegislador también reclama que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla (diputado de Morena) haya adelantado a la prensa el rechazo de aspirantes “sin mediar mandamiento” como establece la ley.

El expriista quedó fuera de la contienda el pasado 29 de enero, junto con Juan José Rodríguez Sánchez e Israel Eugenio Jiménez López.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo los vetó bajo el argumento de que no cumplieron con algunos documentos que fueron requeridos.

Los agravios señalados por Martínez

Martínez Escobar acusó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y su presidente, Biestro Medinilla, transgredieron el derecho de audiencia que marca el artículo 16 de la Constitución Mexicana.

El quejoso señaló que dicho artículo indica que: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Al no ser notificado a tiempo, por escrito y de manera persona de las omisiones antes de dejarlo fuera del concurso, adujo que se violentaron sus garantías judiciales.

A decir de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, al denunciante le faltó presentar la carta de antecedentes no penales y la constancia de no inhabilitación, sin embargo, en el juicio se considera que esto es un argumento inválido.

Lo anterior al referirse que el artículo 97 de la Constitución del estado solo exige cuatro requisitos para ser fiscal: ser ciudadano (a) mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su designación; ser profesional del derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Por considerar que los requisitos constitucionales están por encima de los de la convocatoria, el quejoso adujo que no había motivos para descartarlo sin derecho a entregar los documentos faltantes.

Exige suspender proceso

Martínez Escobar exigió suspender el proceso de designación hasta que se repongan sus garantías. 

En los próximos días el juzgado decidirá si admite el recurso y lo radica en un expediente, así como si otorga la suspensión provisional o la niega.