Dan 80 años de cárcel en Puebla a dos secuestradores de mujeres

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el Tribunal de Juicio Oral sentenció a 80 años de prisión a Alexander “N” y Zeferino Mario “N”, acusados del secuestro de dos mujeres en Xicotepec de Juárez, y el asesinato de una de ellas.

El 17 de octubre de 2015, dos hermanas de 58 y 68 años de edad, circulaban a bordo de una camioneta en inmediaciones de San Agustín, Atlihuacán, municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla, cuando de momento fueron interceptadas por ambos hombres quienes, tras amagarlas con armas de fuego, las secuestraron.

Una vez que fueron trasladadas a una casa de seguridad, los captores decidieron liberar a una de las víctimas para que consiguiera 3 millones de pesos como rescate por su hermana, siendo abandonada en el camino que conduce a Tlapehuala, a la altura de la autopista México-Tuxpan.

Horas más tarde, los secuestradores realizaron la primera llamada de exigencia económica a los familiares de las víctimas solicitando 3 millones de pesos e indicándoles que su vehículo había sido abandonado en el municipio de Villa Ávila Camacho, a efecto de que fueran por él y lo vendieran.

Cabe señalar que la denuncia se presentó ante la FISDAI dos días después de lo ocurrido, por lo que a partir de ese momento se llevaron a cabo investigaciones que dieron como resultado la ubicación de la casa de seguridad en camino a Tlalcoyuga, en Huauchinango, Puebla, así como la identidad de algunos de los captores, por lo que se ejecutó un operativo de rescate, toda vez que de acuerdo al modus operandi existía alta probabilidad de que mataran a la víctima.

El 22 de octubre de 2015 se llevó a cabo dicho operativo, logrando el aseguramiento de Alexander “N” y Zeferino Mario “N”, así como una camioneta Nissan, tipo Frontier y diversos equipos de telefonía celular.

Sin embargo al momento en que Agentes Investigadores de la FISDAI realizaron la inspección en inmediaciones del inmueble, se localizó el cuerpo de la víctima en un terreno de difícil acceso, el cual había sido privado de la vida el mismo día en que liberaron a una de ellas.

Los asegurados fueron puestos a disposición ante el Juez de Control, bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que Fiscales adscritos a la FISDAI acreditaron ante el Juez la legalidad de la detención, así como de la existencia de elementos de prueba suficientes para su vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado.

Cabe mencionar que se consiguieron diferentes pruebas que fueron presentadas en el juicio oral, entre las que resaltan 16 testimoniales que demuestran la participación de los imputados en los hechos, además se obtuvieron cuatro huellas dactilares en el vehículo utilizado para secuestrar a las víctimas, similares a los encontrados en la casa de seguridad perteneciente a los mismos.

No obstante lo anterior, la defensa de los imputados presentó diversos alegatos y medios de prueba que en su conjunto no lograron desvanecer o desacreditar todos los elementos presentados por el Fiscal adscrito la FISDAI durante el juicio.

Es así que, el 5 de septiembre de este año, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que ambos imputados son culpables del delito de secuestro agravado en su modalidad de privación de la vida a la víctima durante el cautiverio, imponiendo como una medida ejemplar una sentencia condenatoria de 80 años de pena privativa de la libertad, una multa de 12 mil días de salario mínimo y 84 mil 120 pesos como pago de la reparación del daño.

Debe destacarse que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la entidad, este fallo condenatorio resulta el más alto obtenido por la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro establece que los sentenciados por el delito de secuestro no tendrán derecho alguno a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena o beneficio en su cumplimiento.

Lo anterior implica que los hoy sentenciados deberán de cumplir los 80 años privados de libertad en los centros de reinserción social destinados para ese efecto.