Cuando hablamos de elecciones, hay algo que no tenemos que olvidar: el voto libre y ciudadano no siempre fue así. Los órganos electorales tampoco nacieron por voluntad de los gobiernos. Son resultado de décadas de incansable lucha ciudadana y política para conseguir algo que hoy debería ser incuestionable: que cada voto cuente y que ningún gobierno pueda decidir quién gana una elección antes y después de que los ciudadanos acudan a las urnas.
En el PAN formamos parte importante de esa historia. Durante décadas denunciamos fraudes, exigimos reglas claras y respeto a las mismas y protagonizamos movilizaciones que contribuyeron a construir la democracia electoral mexicana.
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En Chihuahua, en el 86, Francisco (Pancho) Barrio Terrazas encabezó una de las mayores protestas electorales de aquella época, luego de que el gobierno oficialista fuera declarado ganador de la gubernatura en medio de denuncias de irregularidades. Hubo marchas, bloqueos, huelgas de hambre y una movilización social que puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de contar con elecciones verdaderamente confiables. Años después, en Baja California, Ernesto Ruffo Appel consiguió algo que parecía imposible: convertirse en el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente después del largo predominio priista. Su triunfo demostró que la alternancia podía ser una realidad cuando la voluntad ciudadana encontraba condiciones para expresarse.
Puebla también tiene sus propias páginas de resistencia. Recordarán las protestas en Huejotzingo de Ana Tere y Eduardo Rivera, entre otros panistas frente al poder político del entonces gobernador hoy miembro de la 4T Manuel Bartlett. Fueron tiempos en los que defender el voto tenía costos y en los que enfrentarse al poder no era una decisión segura y fácil.
De aquellas luchas surgió una exigencia fundamental: que el gobierno dejara de ser juez y parte en las elecciones. Así se construyeron instituciones electorales cada vez más ciudadanizadas y autónomas. El IFE nació en 1990 y las reformas electorales de los años siguientes fortalecieron su independencia hasta convertirlo en el árbitro que debía garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
El propósito era sencillo: que el árbitro no tuviera dueño político. Por eso resulta preocupante lo que hemos visto en los últimos años y lo que lamentablemente estamos viendo.
Después de la elección de 2024, una de las discusiones más fuertes fue precisamente la integración de los congresos y la llamada sobrerrepresentación. La asignación de diputaciones federales permitió que Morena y sus aliados obtuvieran una mayoría extraordinariamente amplia, lo que provocó un intenso debate sobre si la representación final correspondía realmente a la proporción de votos obtenidos.
En Puebla, la discusión tampoco es menor. La legislación establece límites a la sobrerrepresentación y reglas específicas para la integración del Congreso. Pero más allá de las fórmulas jurídicas, existe una pregunta que las autoridades electorales deben responder permanentemente: ¿La representación de los congresos refleja razonablemente la voluntad de los ciudadanos o termina favoreciendo desproporcionadamente a quienes ya tienen el poder?
No es una pregunta contra un partido. Es una pregunta por la democracia. Porque el ciudadano vota para elegir representantes, no para entregar un cheque en blanco a una fuerza política.
Mientras todavía falta tiempo para el próximo proceso electoral, ya vemos señales preocupantes de promoción anticipada. Bardas, nombres, eventos y una exposición pública cada vez mayor de personajes vinculados con el gobierno estatal comienzan a ocupar el espacio que debería reservarse hasta los tiempos establecidos por la ley.
El problema no es solamente quién pinta una barda. El problema es qué sucede cuando algunos actores políticos empiezan a construir ventaja electoral mucho antes de que oficialmente comience la competencia y más si lo hacen desde sus lugares como servidores públicos, pudiendo existir uso de recurso público destinado a estos actos ilegales.
Por ello cuestionamos el cómo se están llevando a cabo los procesos y tiempos específicos de campaña, si desde antes de que inicien los procesos los órganos electorales no actúan, a pesar de que se están vulnerando las reglas ¿Cómo esperaremos que actúen cuando el proceso inicie?
Y ahí es donde los órganos electorales tienen que demostrar para qué existen. No basta con recibir denuncias y abrir expedientes para investigar por meses, la ciudadanía necesita resultados y certeza.
Necesita saber que las reglas se aplican igual al poderoso que al ciudadano común; al gobierno que a la oposición; al partido mayoritario que al minoritario. Porque un árbitro que permite que un jugador corra antes del silbatazo difícilmente puede sorprenderse cuando alguien reclama que el partido no está siendo parejo.
La democracia mexicana costó demasiado para que terminemos aceptando como normal aquello contra lo que lucharon generaciones enteras. Costó marchas en Chihuahua, resistencia en Baja California y protestas en Puebla y en todo México.
Y lo curioso, es que algunas de las figuras que ahora vulneran los procesos y las reglas electorales anteriormente tuvieron un papel en el oficialismo que erosionó la democracia.
Por eso los ciudadanos y los partidos de oposición debemos exigir que el INE, el IEE y los tribunales electorales asuman plenamente su responsabilidad. Deben olvidar su siguiente nombramiento, ni mucho menos quedar bien con el gobierno en turno.
Deben pensar en México. Porque quienes hoy ocupan un cargo electoral tendrán algún día que responder por lo que hicieron cuando la democracia volvió a estar bajo presión. La historia no solo juzgará a los políticos, también a los árbitros.
Y la pregunta que deberían hacerse hoy quienes tienen la responsabilidad de cuidar nuestras elecciones no es quién ganará en 2027 es si ¿Las y los poblanos seguirán creyendo que su voto vale lo mismo que el voto o negociación de cualquier poderoso?
Esa es la verdadera batalla, una batalla que no le pertenece a un partido; nos pertenece a todas y todos los ciudadanos; es un llamado a seguir defendiendo lo que tanto costó construir, porque la democracia no es una herencia terminada: es una responsabilidad de cada generación. La defensa de la democracia está en nuestras manos, desde cada ciudadano que participa, pregunta, vigila y exige que su voto sea respetado. Porque lo que hagamos hoy con nuestra democracia también será lo que heredemos a las próximas generaciones.
Agradezco en esta ocasión a Regina Castro y Manuel Aguilar por su colaboración en el desarrollo de esta columna.
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