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Tras un accidente que involucró a la abogada Marta Castro, fue ella quien señaló que al solicitar una ambulancia para la mujer afectada, primero llegó una grúa
Tránsito de Huauchinango suma cuestionamientos por grúas y patrulla
Foto: Cortesía
La Dirección de Tránsito y Vialidad de Huauchinango, encabezada por Edgar Sebastián Sánchez Valencia, enfrenta nuevos cuestionamientos por la actuación de sus elementos y el presunto uso discrecional de recursos públicos.
La abogada Marta Castro Rodríguez, directora jurídica del Ayuntamiento de Xicotepec y quien estuvo involucrada en el atropellamiento de una mujer, denunció públicamente que, mientras se solicitaba una ambulancia para atender a la víctima, la grúa llegó primero.
Castro Rodríguez señaló que los familiares de la mujer no pretendían proceder legalmente y que ella asumiría los gastos derivados del accidente; sin embargo, acusó a los agentes de Tránsito de realizar actuaciones que consideró abusivas y fuera de la legalidad.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa el presunto modus operandi de la corporación alrededor del arrastre de vehículos, particularmente por la rapidez con la que son requeridas las grúas. La abogada incluso señaló la posible existencia de convenios que deberían ser transparentados por el Ayuntamiento.
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El caso se suma a otro señalamiento difundido apenas un día antes contra Sánchez Valencia: el presunto uso de una patrulla oficial como vehículo particular para trasladarse de su domicilio al trabajo y viceversa, incluso fuera de horarios laborales.
Dos hechos distintos convergen en el mismo punto: el uso de recursos públicos y las prácticas de una Dirección de Tránsito que hoy se encuentra bajo escrutinio ciudadano.
Corresponde al Ayuntamiento esclarecer el uso de la patrulla, transparentar los convenios con las empresas de grúas y determinar si los procedimientos aplicados por los agentes se ajustan a la normativa.
Finalmente, el problema no sería únicamente de malos procedimientos: sería el reflejo de una corporación donde el poder, los recursos públicos y el negocio del arrastre podrían estar operando por encima del interés ciudadano. (JH)