Hay una pregunta que cualquier gobierno que se diga democrático debería hacerse antes de aprobar una ley, emitir un reglamento o establecer lineamientos para los medios de comunicación: ¿esto ayuda a mejorar las libertades de los ciudadanos o las reduce?
Cuando hablamos de libertad de expresión no estamos hablando solamente del derecho de un periodista a publicar una investigación. Tampoco del derecho de un influencer a hacer un comentario en redes sociales, aunque el comentario sea muy incómodo. Estamos hablando de algo mucho más profundo: del derecho que tiene cualquier ciudadano a decirle al poder que está equivocado. Y ahí es donde comienza el problema.
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En México se ha instalado una peligrosa normalidad: el gobierno asegura que existe una libertad de expresión inaudita, mientras desde el propio poder se señala, se confronta y se exhibe públicamente a periodistas, escritores, analistas y comunicadores que cuestionan sus decisiones. En mayo pasado, por ejemplo, desde la mañanera se habló de las llamadas “plumas del viejo régimen” y se mencionó públicamente a periodistas e intelectuales críticos del gobierno.
El problema no es que la primera presidenta responda a sus críticos. Un gobernante tiene derecho a defenderse y a explicar sus decisiones. El problema comienza cuando el aparato de comunicación del Estado y toda la fuerza de aliados convierten la crítica en una especie de expediente público de adversarios.
Porque una cosa es debatir y otra muy distinta es exhibir. Una cosa es responder a una investigación periodística y otra señalar desde la plataforma institucional y con recursos públicos a quienes consideran incómodos.
Si bien en Puebla, habíamos pasado ya por intentos de censura, como la llamada Ley de Ciberasedio, ahora la discusión vuelve a aparecer alrededor de los lineamientos para la protección de las audiencias. El Gobierno sostiene que no se trata de censura y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha defendido la medida como una forma de fortalecer los derechos de las audiencias. Sin embargo, organizaciones y representantes de medios han advertido que algunas disposiciones podrían terminar afectando la libertad editorial o generando autocensura.
Y aquí es donde la ciudadanía debe involucrarse. No podemos permitir que el debate quede reducido a una pelea entre gobierno y periodistas. La libertad de expresión no pertenece a los periodistas. Nos pertenece a todas y todos.
Pertenece al comerciante que denuncia el pago de piso.
A la madre de familia que reclama que su colonia carece de servicios públicos.
Al estudiante que cuestiona una decisión de su universidad.
Al ciudadano que considera injusto un impuesto.
Al médico que denuncia las carencias de un hospital.
Al vecino que se opone a una obra pública.
Y también, por supuesto, al periodista que investiga al gobierno.
Una democracia no se mide por la cantidad de personas que aplauden al gobierno, aunque se cansen en mencionar los altos “niveles de aprobación”. Se mide por la posibilidad que tienen quienes están en desacuerdo de decirlo sin miedo.
Por eso resulta particularmente preocupante que desde el poder se construyan etiquetas para descalificar a quienes cuestionan: “Conservadores”, “adversarios”, “prianistas”, “plumas del viejo régimen” y cualquier otro calificativo pueden servir políticamente para movilizar a una base electoral, pero no sirven para resolver los problemas que esos periodistas están señalando.
Un gobierno fuerte no debería necesitar silenciar a sus críticos. Un gobierno seguro de sus resultados debería responder con datos. Un gobierno convencido de sus decisiones debería abrir expedientes, contratos y documentos. Un gobierno democrático debería entender que la crítica no es una amenaza: es un mecanismo de vigilancia ciudadana.
Por eso la discusión sobre cualquier eventual “ley de censura” no debe convertirse en una batalla partidista. No se trata de defender a determinado periodista ni de compartir necesariamente sus opiniones. Se trata de defender el principio de libertad expresión de los ciudadanos.
Ese es el punto que muchas veces se pierde en la discusión política mexicana: cuando una administración utiliza su poder para señalar a quienes piensan diferente, el problema no termina en la persona señalada. El mensaje llega a todos los demás.
Y cuando una sociedad empieza a autocensurarse, la democracia comienza a perder una de sus defensas más importantes. Por eso la ciudadanía tiene que permanecer alerta. No para defender automáticamente a periodistas ni para creer todo lo que aparece en redes sociales. Al contrario: debemos exigir información, contrastar versiones, cuestionar a todos los actores políticos y aprender a distinguir entre crítica, propaganda y desinformación.
Una sociedad libre no necesita que el gobierno decida qué podemos pensar. Necesita métodos que garanticen el contraste de ideas para generar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.
La verdadera transformación democrática no consiste en cambiar quién ocupa Palacio Nacional. Consiste en construir un país donde ningún gobierno tenga la tentación de utilizar el poder para intimidar, exhibir o desacreditar a quien piensa diferente.
Porque el día que la crítica se convierta en delito, en amenaza o en motivo de persecución política, ya no estaremos hablando de una democracia fuerte. Estaremos hablando un régimen con miedo. Y un ciudadano con miedo puede obedecer y aplaudir, pero difícilmente puede ser verdaderamente libre.
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