En algo estamos todas y todos de acuerdo: Puebla necesita con urgencia soluciones de fondo en cuestión de movilidad, pues es un problema con el que día a día se enfrentan las familias poblanas. Invertimos horas para trasladarnos entre nuestros hogares, centros de trabajo y escuelas. La saturación vial, el deterioro del transporte público y la falta de una estrategia integral han convertido el desplazamiento cotidiano en un desafío permanente.
Solo hay que observar el estado en el que opera buena parte del sistema RUTA y el transporte público en general, para entender que el problema requiere soluciones y cuanto antes sea mejor. El desgaste de estaciones y unidades, las necesidades de mantenimiento y la desaparición de diversas rutas tradicionales de transporte público han dejado zonas con menor cobertura y usuarios que enfrentan trayectos más largos y costosos.
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Sumando a que la última línea del metrobús carece de accesibilidad y funcionalidad en la mayoría de sus estaciones, es evidente que Puebla requiere inversiones importantes en movilidad, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿se han destinado los recursos a la mejor alternativa? Tomando en cuenta que parte del recurso ya se ejerció.
El debate sobre el cablebús ha estado marcado por una constante que debería preocupar a cualquier ciudadano: las contradicciones. Conforme el proyecto ha sido presentado, las cifras sobre el número de beneficiarios han cambiado en distintas ocasiones, alimentando la percepción de que aún no existe una certeza absoluta sobre el impacto real de la obra.
Se nos ha dicho que este proyecto asegura ser una obra con un impacto ambiental bajo, pero estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muestran que el compromiso ambiental al que el gobierno se sometió tiene menos de un 30 % de probabilidad de ser efectivo ya que la supervivencia de los árboles que serían reubicados, es baja debido a la pérdida del 90 % de las raíces finas y al estrés hídrico posterior.
Por otro lado, académicos señalan que sustituir árboles maduros por ejemplares jóvenes no compensa de inmediato las funciones que ya se cumplían, aunado a esto la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla aún no ha presentado un informe oficial al respecto a pesar de que el coordinador de gabinete, mencionó en una entrevista que tan solo 97 árboles serían podados o trasplantados; sin embargo, en otras conferencias de prensa la cifra asciende hasta 746 especímenes afectados.
Por otro lado, el cablebús en Puebla no atendería la inmediatez que el ciudadano no únicamente exige, sino también merece en cuestión de movilidad. Pues se proyectan cerca de cuatro años para la entrega de resultados, en una metrópolis que día a día crece, no es una solución real a la problemática cotidiana al que se enfrentan las familias poblanas.
Cuando un proyecto de esta magnitud modifica de manera recurrente los datos con los que pretende justificar su construcción, resulta inevitable que surjan cuestionamientos legítimos y si a esto se le suma la opacidad con la que se han manejado algunos datos, la duda crece más allá que la aprobación.
Más preocupante aún es que especialistas en movilidad, urbanismo y planeación territorial han planteado observaciones técnicas y alternativas que merecen ser analizadas con seriedad. Diversos expertos han señalado la necesidad de fortalecer otros sistemas de transporte, optimizar rutas existentes, mejorar la conectividad entre distintos medios de movilidad o incluso replantear el alcance del proyecto debido a las características geográficas de la capital.
Sin embargo, en lugar de abrir un debate amplio y transparente, con frecuencia esas voces han sido minimizadas o descalificadas, como si cuestionar una obra pública significara estar en contra del desarrollo, ya sabe el ya clásico discurso oficialista.
Las mejores decisiones públicas rara vez nacen de una sola visión. La planeación urbana requiere escuchar a académicos, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y, sobre todo, a los propios ciudadanos que utilizarán la infraestructura. Ignorar esas aportaciones empobrece el proceso de toma de decisiones y aumenta el riesgo de invertir miles de millones de pesos en proyectos cuyo beneficio puede ser menor al esperado.
Tal vez el momento exige una reflexión más amplia. Antes de comprometer recursos públicos de gran magnitud, vale la pena preguntarse si el cablebús representa la solución más integral para la movilidad metropolitana o si existen alternativas que puedan generar un mayor impacto para un número más amplio de poblanos.
Incluso es válido abrir otra discusión: si las prioridades de inversión deberían dirigirse hacia problemas estructurales que afectan a millones de personas, como la modernización de la red de drenaje pluvial y sanitario.
Las lluvias de los últimos años han demostrado que la infraestructura hidráulica de Puebla y su zona conurbada enfrenta rezagos importantes. Inundaciones recurrentes, afectaciones a viviendas, pérdidas económicas y daños a la movilidad urbana evidencian que el mantenimiento y la ampliación de los sistemas de drenaje también representan una necesidad urgente.
La ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad los estudios de factibilidad, los análisis costo-beneficio, los dictámenes técnicos, las proyecciones de demanda, las fuentes de financiamiento y los criterios utilizados para seleccionar un proyecto de esta naturaleza. La información pública no debería entregarse de manera parcial ni responder únicamente cuando surgen cuestionamientos, ni mucho menos reservarla por años; debe estar disponible desde el inicio para que cualquier persona pueda conocerla, analizarla y formar su propia opinión.
Puebla necesita mejorar su movilidad, de eso no existe duda. Lo que aún está en discusión es si el camino elegido responde verdaderamente a las necesidades de la ciudad o si todavía hay tiempo para replantear prioridades y construir una solución más completa, más transparente y con un mayor consenso social.
Porque cuando se trata de recursos públicos y del futuro de millones de ciudadanos, cuestionar no debería verse como un obstáculo, sino como un deber democrático. Y el cambiar de opinión podría representar un verdadero acto de responsabilidad pues gobernar implica, vocación de servicio y escucha, pero sobre todo humildad.
Agradezco a María Paula Arizmendi y a Juan Pablo Gasca su apoyo en el análisis de la información y desarrollo de esta columna.
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