Juan Rivera Trejo, conocido localmente como “El Diablo”, se ha convertido en un caso ilustrativo de cómo ciertos cuadros de Morena parecen entender la Cuarta Transformación de manera patrimonialista y a su arbitrio, utilizada como estandarte, pero sin sustento en los hechos.
Mientras la dirigencia nacional del partido insiste en la austeridad republicana como pilar irrenunciable, el presidente municipal de Chignahuapan acumula una serie de episodios que ponen a prueba la coherencia interna del movimiento y proporcionan ejemplos bizarros a la oposición para justificar sus ataques. Lejos de ser anécdotas aisladas, forman una cronología que revela un patrón: un estilo personal que choca frontalmente con los estatutos y principios que dice defender.
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Todo comenzó a llamar la atención en febrero de 2026, cuando su esposa compartió un video de la celebración de San Valentín. En las imágenes, Rivera Trejo bajó de manera soberbia las escaleras de su casa mientras sostenía un paquete rectangular que, para muchos, tenía el inconfundible aspecto de un fajo de billetes.
La explicación posterior del edil resultó tan creativa como insuficiente: era solo “la envoltura de un regalo”, parte de un oso de peluche, chocolates y flores. Con ironía fina, Rivera Trejo acusó a sus críticos de “andar creativos” y borró el video original de las cuentas oficiales del ayuntamiento.
El episodio, más que aclararse, dejó la sensación de que incluso los momentos familiares se vuelven material de escrutinio cuando el funcionario proyecta una imagen que no condice con el discurso de sobriedad.
Meses después llegó el capítulo del vestuario. Juan Rivera Trejo apareció en el Palacio Municipal con tenis Louis Vuitton valorados en más de 26 mil pesos —casi el 66 por ciento de su salario mensual neto de 40 mil pesos—, acompañados de mochila Hugo Boss y pantalones de la misma marca.
El detalle no habría pasado de curioso si no fuera porque gobierna un municipio donde el 70 por ciento de la población vive en pobreza y donde, poco antes, una tromba había dejado severos daños.
Personal del ayuntamiento intentó impedir la difusión de las fotografías, pero las imágenes circularon como virus en pandemia. La dirigente nacional Luisa María Alcalde había sido clara semanas atrás: los liderazgos deben evitar exhibir lujos, aunque dispongan de recursos propios. El mensaje parecía no haber llegado a Chignahuapan.
El punto culminante hasta ahora es la fiesta de XV años de su hija Regina, organizada en la Hacienda Atlamaxac, propiedad del expresidente municipal y primo del alcalde, Lorenzo Rivera, que recientemente fue nombrado secretario general del PRI en la región y figura del viejo priismo local. El evento contó con salones amplios, jardines, vals y toda la parafernalia tradicional de este tipo de celebraciones. La ironía resulta evidente: un alcalde morenista celebra con bombo en una hacienda propiedad de su primo priista, como si mantener el poder en Chignahuapan fuera un asunto de franquicias, unos por el PRI, otros por Morena.
La cereza en el pastel de la pomposa fiesta, fue el hecho de que el alcalde pachanguero y presumido, pavimentó y rehabilitó el acceso al lugar con recursos públicos, posiblemente para proporcionar comodidad a sus invitados.
La dirigencia nacional no tardó en reaccionar. El 14 de mayo, Ariadna Montiel Reyes anunció la apertura de una investigación formal. Andrés Villegas Mendoza, presidente del consejo estatal de Morena en Puebla, respaldó la medida y advirtió que las sanciones podrían ir desde una multa hasta la inhabilitación para 2027 o la expulsión definitiva.
Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso local, calificó la investigación como un mensaje claro para todos los alcaldes: las reglas aplican. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena analiza si el festejo viola los principios de austeridad, transparencia y congruencia establecidos en los estatutos del partido.
Dichos estatutos son explícitos: los militantes y funcionarios deben conducirse con “austeridad republicana”, evitar el derroche y priorizar el interés colectivo sobre el personal. Conductas que generen “desprestigio” al movimiento pueden ser sancionadas con severidad. En este caso, la posible conexión entre recursos públicos (pavimentación) y beneficio privado (fiesta en hacienda de quien presumiblemente causo un daño patrimonial al erario) abre la puerta a revisiones más profundas sobre posible uso indebido de la función pública.
Mientras el alcalde hace ostentación de su mediocridad, los habitantes sufren las consecuencias de su despilfarro. En un municipio marcado por altos índices de pobreza, donde las comunidades aún enfrentan carencias básicas en servicios, infraestructura y atención tras eventos climáticos como la tromba reciente, el contraste resulta elocuente.
Los recursos que podrían destinarse a pavimentaciones prioritarias en colonias populares, a programas de apoyo alimentario o a la reparación de daños por desastres naturales parecen diluirse en un estilo de vida que prioriza la exhibición personal.
Juan Rivera Trejo no solo proyecta una imagen que dista de la austeridad promovida por Morena, sino que, con cada episodio, deja en evidencia cómo el despilfarro visible termina por restar oportunidades reales a quienes más lo necesitan. La ironía duele: mientras el “Diablo” luce prendas que equivalen a meses de salario mínimo local, familias enteras en Chignahuapan lidian con la falta de agua potable, caminos intransitables o escuelas sin mantenimiento. Este no es un debate abstracto sobre gustos personales; es la materialización cotidiana de una brecha que el partido se comprometió a cerrar.
Juan Rivera Trejo no es un caso aislado, sino uno más del clan de los Rivera que parece perpetuarse en la política local. La cercanía con Lorenzo Rivera, más allá de la coincidencia de apellidos, ilustra cómo viejos hábitos priistas encuentran acomodo bajo siglas nuevas.
Lorenzo Rivera acumula presunto daño patrimonial al municipio de Chignahuapan según dictámenes de la Auditoría Superior del Estado correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. El panorama se completa con el antecedente de Enrique Rivera, quien fuera alcalde de Chignahuapan en el periodo 2014-2018 y contra quien se presentó una denuncia por daño patrimonial superior a los 500 millones de pesos. Curiosamente, la legislatura de la que formó parte acordó no ejercer la acción penal correspondiente, dejando el expediente en el limbo administrativo.
El “Diablo” llegó al cargo tras comicios extraordinarios en marzo y, en menos de un año, ha acumulado suficiente material para que la dirigencia nacional intervenga. Su defensa habitual —“en ocho meses hemos avanzado más que en diez años”— suena hueca cuando se contrasta con el gasto visible en lujos y celebraciones mientras comunidades enteras enfrentan carencias básicas y mientras el clan Rivera mantiene un historial de cuestionamientos patrimoniales que parece repetirse sin mayores consecuencias.
La ironía mayor radica en que Morena, el partido que construyó su narrativa contra los excesos de los gobiernos anteriores, ahora debe recordarle a uno de sus alcaldes que la austeridad no es opcional. Exhibir tenis de 26 mil pesos ante ciudadanos de un municipio pobre no es solo una cuestión de gusto personal; es un acto que erosiona la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que “todos son iguales”. Organizar una fiesta ostentosa en predio de un adversario político tradicional, con posibles obras públicas de por medio, roza el terreno de la incongruencia política grave.
Desde el punto de vista estatutario, las implicaciones son serias. Los documentos de Morena establecen que la Comisión de Honestidad y Justicia puede investigar de oficio o a petición de la dirigencia nacional cualquier conducta que contravenga los principios del partido. Las sanciones incluyen amonestación, suspensión de derechos, expulsión e inhabilitación para cargos de elección. En el caso de Rivera Trejo, la acumulación de episodios —el supuesto fajo, los lujos en el ayuntamiento y la fiesta de XV— fortalece el expediente. Una resolución desfavorable no solo afectaría su militancia, sino puede incidir en las posibilidades de Morena de mantener el gobierno en Chignahuapan para 2027.
El partido enfrenta aquí una prueba de consistencia. Permitir que este tipo de comportamientos queden sin consecuencias equivaldría a validar la idea de que la austeridad es solo un discurso para la tribuna. Aplicar los estatutos con firmeza, en cambio, reforzaría el mensaje de que Morena exige a sus cuadros el mismo estándar que predica a la ciudadanía. Juan Rivera Trejo, “el Diablo” de las contradicciones, se ha convertido sin proponérselo en un referente de lo que no debe ser un servidor público de la Cuarta Transformación.
Mientras la Comisión de Honestidad y Justicia avanza en su dictamen, Chignahuapan observa. Los ciudadanos de un municipio con altos índices de pobreza merecen funcionarios que, al menos, eviten restregarles en la cara diferencias tan evidentes. La austeridad no es un capricho ideológico; es una herramienta política para mantener la legitimidad. Si Morena quiere seguir siendo el instrumento de transformación que promete, debe demostrar que sus lineamientos valen tanto para presidentes municipales como para cualquier otro militante. En el caso de Juan Rivera Trejo, el partido tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de actuar con la misma contundencia que exige a sus adversarios.
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