La idea de que existe una clara división entre el Estado y el crimen —y de que la corrupción y el contubernio son el producto de algunas personas deshonestas— es un mito hegemónico promovido por los Estados-nación y los medios de comunicación oficiales.
Dawn Marie Paley
En México, durante los últimos años, diversas voces alineadas con proyectos políticos de derecha han sostenido de manera persistente un discurso según el cual el Estado mexicano estaría configurado por un gobierno controlado por el crimen organizado. Este tipo de narrativas no son nuevas y suelen emerger en contextos donde fuerzas políticas contrapuestas buscan deslegitimar a quienes detentan el poder gubernamental.
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Tras la contienda presidencial de 2006 —celebrada al final del gobierno de Vicente Fox Quesada— se produjo un conflicto poselectoral sin precedentes, derivado del estrecho margen de diferencia entre los dos principales candidatos: Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, cuyo resultado oficial fue de apenas 0.56 % entre el primero y el segundo.
Este escenario generó un intenso cuestionamiento sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral, lo que provocó amplias movilizaciones sociales que exigían el recuento total de los votos y la apertura de los paquetes electorales, una demanda que dentro de cualquier democracia consolidada, resultaba políticamente legítima.
Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) —institución cuya independencia fue cuestionada por diversos sectores— reconoció a Felipe Calderón como presidente constitucional, al declarar que este “cumplió con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 82 de la Constitución Federal, por lo cual procede a declararlo presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos”(1) para rendir protesta.
Aunque la decisión se sostuvo dentro del marco constitucional, la legitimidad del proceso quedó severamente dañada, pues persistieron señalamientos sobre irregularidades graves y prácticas que mantuvieron abiertas las tensiones políticas. Lo que se resolvió por dicha instancia, lejos de cerrar el conflicto, profundizó la polarización entre los sectores afines al oficialismo y las fuerzas políticas inconformes.
La oposición de izquierdas, bajo el influjo del lopezobradorismo, optó por una estrategia denominada “resistencia civil pacífica”, basada en la conformación de un gobierno alterno que buscara revertir el proceso electoral. De esta manera se instauró el llamado “gobierno legítimo”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Paralelamente, sectores de la izquierda no alineados con este proyecto manifestaban su descontento desde otras posiciones, advirtiendo que el gobierno reconocido impulsaría reformas neoliberales que, incluso mediante el uso de la violencia estatal, podrían desmantelar la función social del Estado.
En el plano interno se configuró una confluencia de tensiones políticas, sociales y económicas que algunos interpretaron como síntomas de un malestar profundo susceptible de derivar en estallidos de gran magnitud. Ante este escenario, el gobierno calderonista construyó una narrativa oficial que justificó la llamada “guerra contra el narcotráfico” como una estrategia indispensable para restaurar la seguridad nacional e interior. Con ello se instrumentó el despliegue de las fuerzas armadas en todo el país —lo que, pese a la evidencia empírica, aún hoy algunos se resisten a denominar militarización—.
Desde esta posición se deslegitimó a quienes denunciaban el aumento de la violencia, las disputas territoriales entre grupos delictivos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que comenzaron a registrarse.
En prácticamente todos los indicadores estadísticos, las cifras delictivas crecieron de manera exponencial. Por citar un ejemplo, al comparar los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el registro de personas desaparecidas durante el sexenio de Fox ascendió a 939 casos en todo el país. En contraste, durante el gobierno de Calderón se documentaron 17,329 personas desaparecidas y no localizadas (2), lo que representó un incremento aproximado de 1,745.5 %.
Esta tendencia de aumento sistemático de la violencia no se limitó a las desapariciones, sino que se reprodujo en la mayoría de los delitos de alto impacto, incluyendo homicidios dolosos, secuestros, violaciones y otras formas de violencia grave, configurando un escenario de deterioro acelerado de la seguridad pública.
Por su parte, sectores opositores —especialmente aquellos inconformes con los resultados electorales— sostuvieron que México se encontraba en un “Estado fallido”, noción retomada de marcos analíticos utilizados por agencias estadounidenses para describir la pérdida de control estatal sobre el territorio y la expansión de la ingobernabilidad. Incluso hubo voces que pugnaron por la intervención de organismos internacionales.
Ambas narrativas —tanto la oficialista como la opositora— respondían a intereses políticos específicos, más que a una comprensión estructural del fenómeno de la violencia. Mientras el oficialismo legitimaba la militarización y las políticas de excepción, la oposición utilizaba la retórica del colapso estatal para erosionar la legitimidad del gobierno e impulsar transformaciones constitucionales. En consecuencia, la discusión pública sobre la violencia criminal quedó subordinada a la disputa electoral y a los intereses partidistas, dificultando la posibilidad de un análisis crítico del proceso.
Desde la perspectiva que aquí se sostiene y que he ampliado en mi propio trabajo de investigación, la confrontación entre ambos polos tenía como eje central la disputa por el poder político, más que la búsqueda de soluciones a la violencia estructural —pretensión que, ante la realidad global, la posición geopolítica de México y el modelo económico mundial imperante, resulta tanto entonces como ahora difícilmente imaginable—. México no se encontraba en un Estado fallido, pero sí transitaba por una etapa de deterioro democrático profundo que impactó severamente la seguridad, el tejido institucional y el pacto social.
Los simpatizantes del oficialismo, respaldando la narrativa de la “guerra necesaria”, minimizaron la magnitud de la violencia y redujeron a las víctimas a la categoría de “daños colaterales”; mientras que algunos sectores opositores sobredimensionaron el colapso estatal sin atender los factores estructurales del conflicto. Retórica política mutua.
Apartarse de estas lecturas polarizadas resulta indispensable para comprender los procesos sociales, políticos y económicos que definieron ese periodo. Solo un análisis no partidista simplista permite identificar la naturaleza del Estado mexicano contemporáneo como un espacio donde la violencia —más que un efecto colateral— puede funcionar como dispositivo del poder, en el que los poderes institucionales y los poderes fácticos, criminales o no, generan formas complejas de co-gobernanza.
Por poner otro ejemplo, este fenómeno posee antecedentes históricos identificables desde el surgimiento hasta consolidación del Cártel del Golfo, proceso que fue favorecido por una serie de transformaciones internacionales y nacionales: la Gran Depresión de 1929, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la consolidación de mafias en ese país, la debilidad institucional mexicana y su corrupción, el ascenso del fascismo que derivó en la Segunda Guerra Mundial, el reordenamiento geopolítico de la Guerra Fría y, posteriormente, el abandono del modelo keynesiano junto con la expansión del neoliberalismo; factores que contribuyeron al vaciamiento de la función social del Estado y al desplazamiento de la atención internacional hacia otros “enemigos”, reales o construidos.
En ese contexto histórico más amplio, los grupos criminales no solo persistieron, sino que experimentaron un crecimiento sostenido a escala global, consolidándose como actores cada vez más insertos en los circuitos económicos y políticos contemporáneos, no solo en México, sino de todos los países del mundo.
Como plantea el sociólogo Peter Lupsha, el crimen organizado no es un fenómeno espontáneo, sino que suele atravesar tres etapas de conformación: predatoria, parasitaria y simbiótica. En México, el crimen organizado ha tenido al menos un siglo de desarrollo, hasta el punto de que hoy existen extensas zonas del territorio bajo control de grupos delictivos que han construido redes comunitarias y de gestión económica e incluso de influencia política local y amplias redes transnacionales, no solo con otros grupos delictivos, sino con agrupaciones de carácter político. Sin este entramado estructural difícilmente podrían explicarse casos como Tomás Yarrington, Edgar Veytia, César Duarte, Abarca, Genaro García Luna, Adán Augusto o diversos políticos de todos los partidos señalados por vínculos con el crimen organizado.
En su fase simbiótica —señala Lupsha (1992)— “el crimen organizado se apodera del Estado y este se pone al servicio de la delincuencia. En esta última etapa, el crimen organizado y el Estado son prácticamente lo mismo” (3). Ello no implica necesariamente que el gobierno central funcione bajo esta lógica en su totalidad, pero sí evidencia la capacidad de infiltración de las estructuras criminales en distintos niveles del aparato estatal.
Aun así, México no puede entenderse de manera simplista como un narco-Estado, pues el Estado no se reduce al gobierno, sino que involucra sus pilares: sociedad, territorio e instituciones. La construcción discursiva del “narco-Estado” responde, en buena medida, a una necesidad política de recrear un enemigo común, funcional a intereses hegemónicos —particularmente de Estados Unidos— que han privilegiado respuestas centradas en la seguridad, la militarización y la expansión de estrategias de guerra como mecanismos de intervención y control.
En ese mismo sentido, la categoría de “Estado fallido” opera como un marco interpretativo que permite justificar políticas excepcionales, presiones supranacionales o incluso injerencias indirectas, más que como una descripción rigurosa de la complejidad del Estado mexicano contemporáneo.
En la actualidad, la rentabilidad discursiva de la noción de “narco-Estado” se vincula también con el ascenso global de la extrema derecha y con la confrontación entre plataformas soberanistas contra el modelo globalista. En este marco, Donald Trump ha impulsado reiteradamente una retórica contra México, afirmando que el país carece de capacidad para combatir a los grupos criminales. Este discurso suele operar más como instrumento de presión geopolítica que como diagnóstico empírico, e incluso puede servir para legitimar estrategias de intervención directa e indirecta, bajo el argumento de la seguridad nacional de aquel país.
Un ejemplo ilustrativo puede encontrarse en el tratamiento del llamado Cártel de los Soles (4), supuestamente vinculado a las principales figuras del gobierno venezolano. Washington ha utilizado esta categoría para justificar sanciones, operaciones militares y designaciones terroristas, aunque investigaciones recientes han señalado que su existencia como estructura criminal jerárquica no está plenamente demostrada y que el propio lenguaje oficial estadounidense se ha sido desvinculado a estas afirmaciones.
Esto muestra que la construcción del enemigo narco-estatal no necesariamente responde a la magnitud real del fenómeno, sino a su utilidad estratégica. No se trata únicamente de drogas ni de las miles de muertes asociadas al narcotráfico en la región, ni a quienes mueren en la Unión Americana por sobredosis, sino de la reconfiguración del poder internacional y de la disputa por recursos, influencia y seguridad. En ese sentido, el propio lema político trumpista de Make America Great Again revela que el diagnóstico implícito no es el de una hegemonía consolidada dañada por los enemigos recreados, sino el de una potencia que percibe amenazada su posición global y busca reafirmarla mediante discursos securitarios y soberanistas, por encima de las soberanías ajenas.
México es también un territorio profundamente insertado en los circuitos globales del capital, por el cual circulan mercancías legales e ilegales provenientes de múltiples regiones. Estados Unidos, es el principal consumidor de drogas y mercado central de armas, cuenta con decenas de millones de personas consumidoras dentro de su territorio y provee una parte sustancial del armamento que termina en manos de grupos criminales mexicanos. El negocio de las armas es multimillonario, y el flujo constante de suministros muestra que la violencia en México no solo es un problema interno, sino también una variable funcional a la economía regional.
Desmitificar la retórica del narco-Estado exige cuestionar la tendencia a concebir el crimen organizado como una anomalía del sistema. Existe una distancia considerable entre esta lectura convencional y otra que permita comprender el fenómeno en dimensiones más amplias. ¿Y si el crimen organizado no fuera un error del sistema, sino una de sus expresiones más nítidas de este? ¿Y si la violencia no fuera una interrupción, sino una forma de regulación del propio orden social? ¿Y si la aceleración del capitalismo bajo la forma-Estado hubiera erosionado su capacidad de responder a las demandas del capital, generando nuevas configuraciones del poder?
Desde esta perspectiva, las organizaciones criminales —especialmente aquellas insertas en la macrocriminalidad transnacional— pueden entenderse como parte de la aceleración del flujo de valor. Estas estructuras operan bajo lógicas acumulativas que contribuyen a la reproducción ampliada del capital en su fase contemporánea. “Tanto en el ámbito legal como en el ilegal se observa una tendencia hacia la monopolización del flujo de valor” (5), orientada a maximizar la ganancia y a consolidar posiciones hegemónicas dentro de la economía global.
En este marco, el ascenso de la extrema derecha neoliberal puede interpretarse como una respuesta política funcional a los intereses económicos dominantes, en la medida en que promueve marcos normativos, institucionales y discursivos orientados a intensificar la acumulación y a elevar la tasa de ganancia, aun a costa de la erosión de derechos sociales, límites democráticos y consideraciones humanitarias.
Esto permite comprender por qué corporaciones como McDonald’s se definen como líderes globales con presencia en más de cien países (6), mientras que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa presentan proyecciones transnacionales comparables. Diversos análisis han señalado que esta estructura criminal tiene presencia operativa en decenas de países —en algunos estudios se menciona hasta 96—(7) lo que la sitúa a una distancia mínima de la expansión geográfica de la cadena mundial de hamburguesas.
Vista en perspectiva, la comparación no pretende equiparar fenómenos de naturaleza distinta, sino evidenciar que ambos responden a lógicas estructurales de expansión, centralización y control de mercados. La diferencia fundamental no reside en la forma organizativa ni en la lógica acumulativa, sino en el tipo de mercancía que circula dentro de cada sistema.
A lo largo de esta argumentación se ha sostenido que los fenómenos de violencia criminal, militarización, securitización y excepcionalidad jurídica no pueden comprenderse como hechos aislados ni como desviaciones del orden político contemporáneo.
La violencia organizada no aparece simplemente como una falla del Estado, sino como parte de un entramado estructural donde confluyen intereses económicos, disputas geopolíticas y transformaciones del capitalismo global. Desde esta perspectiva, el crimen organizado no debe entenderse únicamente como una anomalía del sistema, sino como una expresión funcional de procesos más amplios de acumulación y concentración del valor.
En su fase contemporánea, las economías ilícitas, la expansión del control territorial y la articulación entre actores legales e ilegales evidencian la existencia de formas complejas de co gobernanza, donde las fronteras entre Estado, mercado y criminalidad se vuelven porosas.
El ascenso global de proyectos políticos soberanistas y de extrema derecha neoliberal se inserta en este mismo escenario, en tanto ofrece marcos ideológicos que legitiman el endurecimiento punitivo, la creación de un enemigo fuera de la lógica del capital, la excepcionalidad permanente y la subordinación de los derechos humanos a las exigencias de seguridad y acumulación económica. Es así como la “soberanía” deja de funcionar como un principio emancipador y se convierte en un dispositivo político selectivo, ejercido dentro de los límites del orden hegemónico internacional.
Fuentes de consulta
(1) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2006, 5 de septiembre). Aprueba Sala Superior del TEPJF dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial, declaración de validez del proceso electoral y de presidente electo.
(2) Secretaría de Gobernación. (2026). Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Gobierno de México.
(3) Lupsha, P. A. (1992). Transnational organizated crime versus the nation-state.
(4) The White House. (2025, 1 de enero). Designating cartels and other organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists. Recuperado el 2 de octubre de 2025 https://tinyurl.com/4c3nym5u
(5) Reyes, C. (2025, 14 de noviembre). Gobernar desde el crimen. e-consulta
(6) McDonald’s Corporation. (2025.). Franchising overview. McDonald’s.
(7) Sánchez Valdés, V. M. (2025, 30 de julio). La expansión internacional de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Nexos.