Como era de esperarse, tras la “entrega” de 37 “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país” al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobierno del vecino país del norte salió a reclamar como suyo el éxito y no del país que los entregó, mejor dicho los ofrendó.
Al menos eso indica el mensaje que difundió la fiscal estadounidense Pamela Bondi, que textualmente señaló: “Este es un logro histórico en la misión de la administración Trump de destruir a los cárteles”, refiriéndose a los grupos delictivos mexicanos que su gobierno considera narcoterroristas y que desde esa perspectiva ejerce presión sobre nuestro país.
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Atrás quedaron las frases y mensajes en redes sociales por parte de la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para informar a la opinión pública que el gobierno de México se había anotado un triunfo con la entrega de los 37 perfiles que previamente fueron solicitados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con los que ya suman 92 “criminales de alto impacto” entregados.
Anuncios como el de las autoridades estadounidenses dejan en claro que dicho traslado forma parte de los acuerdos impuestos al Grupo de alto nivel -integrado por funcionarios de México y Estados Unidos- para ser cumplidos cuando al presidente Donald Trump más le convenga.
De otra forma habría reconocido los esfuerzos de México por enviarlos en varias aeronaves militares y hacia seis destinos diferentes, justo el día que cumplió el primer año de gobierno de su segundo mandato.
No obstante, para los mexicanos no debe pasar inadvertido que con dicha medida se despresurizan los penales federales ya que el sistema penitenciario estaba siendo rebasado en sus medidas de control y los criminales antes referidos seguían operando desde su interior, como tácitamente lo reconocieron las autoridades mexicanas el día del envío.
Luego entonces dónde quedó la Estrategia Nacional contra la Extorsión que en teoría ya estaba funcionando y había logrado que ningún Centro Federal de Reinserción Social siguiera fungiendo como centro de operación de extorsionadores en la modalidad de “cobro de piso” y que el siguiente paso en el combate a este flagelo sería el control total de dichos centros mediante el bloqueo de la señales y revisión de las instalaciones de tal manera que no existieran teléfonos celulares en su interior.
No hay que perder de vista que en su momento varios de los “entregados” a los Estados Unidos cometieron una serie de delitos violentos en el noreste y noroeste del país, pero sobre todo que esta acción podría calmar momentáneamente la exigencia de detener y entregar, ahora sí, a políticos vinculados a las dos últimas administraciones, quienes se andan escondiendo detrás del fuero o de algún cargo dentro del Gabinete legal o ampliado e incluso a alguna gubernatura, pero llegará el día en que la liga se romperá y el presidente Donald Trump no se guardará nada.
Solo hay que recordar que su pecho NO (negativo) es bodega, como el del ex presidente López Obrador en cuyo mandato se desató la violencia en amplias regiones del país sin que hiciera algo por detenerla.