“El Estado necesita organizar las lealtades
de las nuevas generaciones, estableciendo
sus propias instituciones de socialización
en detrimento de una serie de funciones
que antes eran exclusivas
del entorno familiar.”
Agustín Laje
¿A quién o a quiénes beneficia el estímulo fiscal para eximir del pago del impuesto a los videojuegos con contenido de violencia? ¿Por qué el legislador impone y la presidencia quita los impuestos? ¿Alguien recuerda la misma polémica en los tiempos de la administración pública de Vicente Fox? ¿Por qué no hay estímulos fiscales para el contribuyente de a pie y sí para los grandes distribuidores de ese segmento de la tecnología de la información? ¿Por qué no un estímulo fiscal para los contribuyentes pequeños y medianos que están quebrando todos los días?
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Recientemente en una noticia, dentro de las ruedas de prensa matutinas de la Presidencia de la República, resulta que después de horas de explicación y argumentación referente a la necesidad de imponer un impuesto a los videojuegos con violencia y que fuera aprobado por la mayoría de las cámaras para que entre en vigor ese impuesto a partir de 2026, ahora esa decisión mañanera sostuvo que, como era muy difícil determinar cuándo un juego presenta o no violencia en su contenido.
Pues mejor se iba a eximir del pago de ese impuesto en 20 26, no obstante, del tiempo y esfuerzo en su aprobación por los representantes de la nación, es decir, una medida democrática en una mañanera se va para atrás, lo cual comprueba que eso de que vivimos en un Estado constitucional democrático de derecho, pues ya no es tan claro.
Y es que no vivimos en un Estado constitucional, ya que después de veinte decretos de reformas constitucionales en trece meses, ya queda muy poco de la Constitución, incluso, hay reformas que los propios constitucionalistas, investigadores, estudiosos y académicos sostienen que resultan inconstitucionales.
Además eso de que la nación sea democrática, ya está visto que no, con esta determinación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2025, para dar un paso al costado sobre la imposición de ese impuesto.
Por eso es que, pareciera que los titulares de los cargos públicos actuales, y los anteriores, no son la excepción, hacen lo que quieren con los recursos del país, como si fuera su armario o la recámara de su casa, disponen de las cosas, sin limitación alguna.
Y, de derecho, pues tampoco lo es, porque es una muestra este mismo caso, de cómo se hace uso de las instituciones jurídicas, ahora con los estímulos fiscales, que está visto que hoy todo es estímulo fiscal desafortunadamente, para hacer uso de este concepto jurídico de forma política, sin lugar a dudas hoy, la política está por arriba del derecho y no viceversa.
Pero, eso no es toda la primera pregunta es: ¿a quién o quiénes beneficia este estímulo fiscal para eximir del pago del impuesto a los videojuegos con violencia? Pareciera que no está dirigido este favor a los consumidores, a los contribuyentes de a pie que adquieren estos productos, esto ya está más que visto que, hay algo más arriba que detuvo esa imposición.
Desde luego que echar abajo ese impuesto no es por una cuestión técnica de definir qué es violencia, porque ese concepto como muchos que se utilizan en la legislación fiscal son sumamente complejos, de seguir es criterio, ¡nos quedaríamos sin impuestos!
Este argumento es muy barato para justificar esa medida, lo cierto es que alguien o algo, puso el grito en el cielo para frenar esa reforma, que desde luego, muestra que hoy como que muy soberanos que seamos en esta nación, no es así; es una muestra de cómo nos va a ir con los arreglos y negociaciones con el nuevo tratado de libre comercio. Lo único que pareciera vamos a poner y en lo que se va a intervenir es en la firma.
En los tiempos del presidente Vicente Fox, resulta que se dio el mismo problema de que el legislador establece el impuesto y el Ejecutivo lo exime, pero eso sucedió con la implementación del impuesto a la fructosa. Llegó al grado de que se aplicó el vetusto artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y, hasta en ese tiempo dorado del Poder Judicial, se declaró su inconstitucionalidad, porque se estaba haciendo un abuso de esa figura, pues el legislador pone y el Ejecutivo quita los impuestos que políticamente le conviene hacer a un lado.
En esa ocasión habiendo oposición, no había día que no se hablara de ese tema, hasta la propia Corte intervino en ese caso. Hoy las cosas son diferentes desafortunadamente, se impuso el impuesto y luego, se hizo a un lado, nadie se pregunta en las entrañas gubernamentales: ¿Cuánto es el costo para México de presentar esa iniciativa de ese impuesto, discutirlo, aprobarlo, publicarlo y luego, hacerlo a un lado? ¿Cuántas horas de trabajo para nada? ¿Cuántas personas y cuantos salarios intervienen en esos procesos?
Así como se ha sido muy presuroso en quitar ese impuesto, esperemos que algún día se recapacite para echar atrás tantas leyes y reformas constitucionales para simplemente respetar los derechos del ciudadano de a pie, porque aquí indudablemente que se protegió los derechos de corporaciones que no tienen ni la nacionalidad ni la residencia en nuestra nación. Algún día.
(Web: parmenasradio.org)