“Con el trabajo precario, primero, la
ideología es que eres tratado como
un pequeño capitalista.
Como un conductor de Uber.
Uber dirá, “No te estamos
explotando. Ofreces algo
en el mercado, posees tus
propios medios de producción,
nosotros solo intermediamos
entre tú y el potencial público,
aquellos que quieren tus servicios.”
Slavoj Zizek
Una vez que se firmó el nuevo tratado de libre comercio en 2020, entre las naciones del norte de América, que ahora está en renovación, resulta que inmediatamente se puso en debate la legislación para combatir en México las denominadas outsourcing o empresas de subcontratación.
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Según los análisis del gobierno de Estados Unidos de América, esta subcontratación era la ventaja competitiva de México para que las empresas norteamericanas optaran por contar con maquiladoras y empresas situadas en nuestro país para llevar a cabo el trabajo meramente operativo, es decir, aquel en el que se necesita de un gran número de personas, mano de obra para procesar y manufacturar las mercancías y consumirlas en Estados Unidos de América.
Cabe recordar que miles de trabajadores en México se encontraban laborando en empresas, entre grandes industrias, hasta pequeños talleres que maquilaban mercancías, y aun lo están haciendo, pero en baja dimensión a como sucedía hace diez o quince años; sin embargo, fue lo que permitió que la economía se mantuviera a flote, a lo que se le denomina como monopsonio, es decir empresas que cuentan con un solo cliente al que le trabajan.
Con la finalidad de que esto ya no suceda, de acuerdo con la política económica actual norteamericana, y se retiren las maquiladoras de territorio nacional, es que se implementó, entre otras cosas (como es el costo del dólar bajo), la imposición de la reforma a México publicada el día 23 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, esto es, hace cinco años, sobre una serie de leyes que dentro de las más importantes figuran las fiscales, y que en realidad son las que dieron la fuerza suficiente para que por lo menos, se asuma que se ha tratado de acabar en México con la subcontratación de personal, es decir con el “outsourcing”.
Pero, es evidente que la reforma aquella a las diversas leyes laborales y fiscales de hace cinco años ha sido insuficiente para acabar con la subcontratación. Por el contrario, ha generado otras consecuencias en la economía de la nación, en mayor perjuicio que la propia subcontratación.
La subcontratación es mal vista por las políticas económicas de Estados Unidos, y por los sindicatos de trabajadores de aquel país debido a que disminuye los costos de operación de la mano de obra en México, pero que por lo menos, estos trabajadores mexicanos bajo ese tipo de empresas, contaban con servicio de seguridad social, desde luego con esquemas de elusión tributaria, pero formalmente, funcionaban dichas empresas como entidades regulares.
Para acabar con la subcontratación, las autoridades laborales, como es el caso de la Secretaría del Trabajo, no cuenta con la capacidad de fiscalizar acciones de subcontratación y el cumplimiento complejo que se implementó con esa reforma de hace cinco años.
La medida que han tomado las autoridades que fiscalizan esta materia, ha sido mediática, es decir, se han encargado de publicar una serie de manuales, guías, notas, instrucciones respecto a la fiscalización sobre esta reforma, pero sin que entren a la práctica, por ello es que se ha quedado en estos años en cuestiones meramente simbólicas la persecución a quien aun realiza acciones de subcontratación.
Pudiera decirse que esto no es otra cosa más que valores entendidos, pues si se aplica la ley “a raja tabla”, se acaba la economía formal del país, no hay empresa ni industria que aguante esa reforma. Por ello es que se ha tratado de un simple maquillaje de que se ha acabado con la subcontratación, lo mismo que sucede con lo que se dice de la corrupción, cuando es sabido por cualquier ciudadano de a pie que, lejos que se haya exterminado se ha fomentado aun más.
Pero, lo más preocupante de toda esta reforma de hace cinco años, es la pulverización del empleo, es decir, que ahora hay una gran cantidad de personas que trabajan en forma independiente, es decir sin patrón alguno, sin prestaciones de seguridad social; por ello es que, ante esta situación es que se reformó en diciembre de 2023, la Ley del Seguro Social, para permitir que estos miles de desempleados o trabajadores independientes puedan afiliarse al régimen obligatorio del Seguro Social.
Más que la medida benevolente a estas miles de personas, con esa reforma de seguridad social se implementó -en el fondo del asunto- para no perder la estadística de empleadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues las estadísticas juegan un papel muy importante para las inversiones extranjeras y sobre todo, para los créditos que recibe México con los avales de los organismos internacionales.
Atendiendo a esa multiplicidad de desempleados, que fungen como nuevos micro empresarios, resulta que además de quedar a su suerte, han engrosado las filas de la economía informal, lo que se comprueba con que en los últimos resultados de INEGI, se aprecia que hay una gran cantidad de personas que viven dentro de esa economía informal y que el problema de ello es que, esa gran masa de la población no paga impuestos, pero sobre todo, que están en la frontera entre la economía informal, el crimen organizado y la corrupción, sin lugar a duda, este es el resultado de una reforma de hace cinco años, impuesta a México y que ha causado más problemas que beneficios a la economía nacional.
(Web: parmenasradio.org)