Después de los festejos por la llegada del 2026, ahora toca revisar las prioridades del denominado Gobierno de México y establecer cuáles son los retos en materia de seguridad, entre los cuales desde mi perspectiva deberían figurar por lo menos los siguientes:
1. Aplicar todas las atribuciones que los diputados y senadores de Morena tuvieron que devolver a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana después de que la Guardia Nacional se llevó en su totalidad a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero nadie previó. En particular las labores de inteligencia e investigación que han sido repetidas tanto que incluso hay autoridades que confunden dichos conceptos y otros que han dicho que la mejor investigación es la que está basada en la inteligencia, sin saber que cada una de ellas tiene un objetivo diferente, aunque compartan metodología.
Más artículos del autor
2. Impulsar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de Extorsión, la cual entró en vigor el 19 de noviembre del 2025, para que las entidades federativas adecúen sus Leyes en la materia y alineen sus Códigos Penales con los de la federación, de tal manera que el combate a este delito sea frontal y homologado. Las cifras reales, positivas o negativas, llegarán tarde o temprano.
3. Crear las Unidades Especializadas en el Combate a la Extorsión en cada estado como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Este tipo de esfuerzos ya dieron muestra de que se pueden dar resultados a mediano y largo plazos. El mejor ejemplo de ello es la disminución del delito de secuestro cuyas Unidades Especializadas fueron presentadas ante el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto de 2009 y comenzaron a dar resultados hacia los primeros meses de 2012.
4. Elaborar un Manual Nacional que unifique los procesos de denuncia en materia de Extorsión en el marco de la Estrategia contra el citado delito, que como se ha visto ha evolucionado de una simple llamada telefónica hasta la presencia de los extorsionadores en los negocios o domicilios de las víctimas bajo la modalidad de “cobro de piso”.
5. Unificar las cifras en materia de desapariciones en una base de datos única e informar a la opinión pública sobre los criterios de clasificación y conteo, así como las cifras anualizadas a nivel estatal y nacional. Las cifras en la materia iban a ser difundidas desde Palacio Nacional en diciembre de 2025.
6. Consolidar los números sobre el estado de fuerza policial a nivel estatal y municipal, con miras a incrementarlo en cantidad y calidad, ya que hasta ahora las cifras que las entidades federativas entregan al INEGI están incompletas, mientras que las municipales no están actualizadas y son manejadas de acuerdo a la conveniencia de la narrativa oficial. A nivel federal el conteo no parece tener problema, siendo la Guardia Nacional la mayor fuerza que realiza funciones de seguridad pública, aunque el Ejército Mexicano y la Armada de México también contribuyen con un estado de fuerza equivalente a un 70 % de la GN.
7. Homologar los criterios de ingreso, permanencia, promoción y baja del servicio, así como el modelo de capacitación para los integrantes de corporaciones de policía a nivel estatal y municipal, partiendo de la premisa de que el avance más significativo tuvo lugar entre 2009 y 2012 con el apoyo del Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) de la Policía Federal, que desde la federación apoyó a los gobiernos de los estados en materia de metodología, evaluaciones en materia de control de confianza y trabajo tutorial, pero a partir del 2019 fue prácticamente desaparecido.