Sin libertad, la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es una quimera.
Octavio Paz (1914-1998)
En julio de 2024 publiqué en esta misma sección de Opinión del periódico digital e-consulta la necesidad de un gobierno tolerante al periodismo crítico.
Más artículos del autor
Hice referencia también a la necesidad -hoy urgente- de regular la publicidad gubernamental de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para democratizar el gasto público en la política de comunicación. Redacté entonces:
Sería impensable en México que el consejo editorial de un medio de comunicación le pidiera a un candidato presidencial desistiera de su postulación al cargo, como lo hizo The New York Times con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En el país no solo sería imposible, porque atreverse a cuestionar al titular del Ejecutivo federal en turno, o de los estados, ya implica graves consecuencias para el medio porque no se tolera la crítica, y ésta se paga con el boicot comercial o la persecución.
Esta dificultad ha enfrentado la prensa en los últimos regímenes priistas y panistas, pero se ha agravado en los gobiernos autoproclamados de “izquierda”.
Una de las grandes demandas de los movimientos sociales y progresistas en el México moderno fue la prensa libre y el respeto a la libertad de expresión, entonces bajo la presión y control del Estado.
En la historia contemporánea existen casos ilustrativos: el llamado golpe a Excélsior de Julio Scherer García durante el régimen de Luis Echeverría; o bien la embestida de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón contra Grupo Monitor del periodista José Gutiérrez Vivó.
Para el régimen de la 4T las empresas de noticias que le cuestionan son “medios de desinformación”, “corruptos”, “conservadores” y “falsarios”; a diferencia de periodistas afines como Carmen Lira, Epigmenio Ibarra o “Lord Molécula”.
La entidad poblana es una caja de resonancia del comportamiento gubernamental en la relación con los medios de comunicación: premio o castigo, lo mismo con el PRI, PAN y Morena.
Durante las administraciones priistas y panistas en el estado premiaban y castigaban, ocurrió así con El Heraldo de Puebla, primero con Mario Marín Torres, y después con Rafael Moreno Valle.
Instalado el primer gobierno de la 4T en la entidad, periódicos digitales como e-consulta enfrentó la embestida de Miguel Barbosa Huerta, con una docena de demandas judiciales, así como auditorías al diario El Popular, por citar dos ejemplos.
La intromisión, el chantaje y la extorsión barbosista se extendió a otros medios de comunicación como Multimedios Puebla, para controlar y someter la línea editorial.
El derecho a disentir durante el régimen de la Cuarta Transformación pasa por emprender una gran reforma constitucional para regular la publicidad gubernamental de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) en un ámbito de competencia, para desterrar el uso faccioso del dinero público en la política de comunicación oficial.
Dos gobiernos con desencuentros y encono contra el periodismo crítico
Transcurrieron de esa publicación a la fecha 18 meses; de éstos, 12 de la nueva administración estatal y 15 meses de los gobiernos municipales, con mismo estado de cosas, tanto en la falta de regulación de la publicidad comercial, así como de la tolerancia a la crítica.
Como ocurrió durante esos meses con el primer gobierno de la autollamado Cuarta Transformación (2018-2022), no se tolera la crítica.
Empezó la embestida judicial, fiscal y de intromisión del gobierno de Miguel Barbosa -a través de Verónica Vélez Macuil- contra el periódico digital e-consulta, Milenio-Multimedios, El Popular y Cambio, por citar algunos casos.
Para finales de 2025 la relación entre el gobierno y la prensa poblana pasa por un mal momento debido a la falta de tolerancia al ejercicio periodístico.
Los desencuentros pasaron de la frustrada iniciativa de ley para criminalizar la libertad de expresión a judicializar carpetas de investigación.
Se intentó en el Congreso del Estado reformar el Código Penal del Estado para penalizar con cárcel y multa a los ciberdelitos por la crítica a los gobernantes y servidores públicos.
Esa enmienda no prosperó, pero la intolerancia a la crítica encontró en esa misma criminalización contra el ejercicio periodístico del barbosismo, un recurso para integrar carpetas de investigación, con argumentos jurídicos que serán insostenibles en un juicio.
La decisión de un juez de vincular a proceso al director de e-consulta, es una aberración jurídica y un despropósito del Poder Judicial, con acusaciones de la FGE sin sustento, pero cargadas de Intencionalidad política.
López Obrador, el padre de autoritarismo y la censura contra los periodistas
Así ocurre en el ámbito nacional durante el actual régimen con siete años de gobiernos de Morena de la 4T, con el boicot comercial contra medios de comunicación y periodistas que ejercen un periodismo crítico.
Columnistas de medios nacionales como Héctor de Mauleón se han defendido en tribunales por demandas judiciales para acallarlo.
Otros han sido víctima de linchamiento mediático al exhibir sus datos personales; les practican auditorías fiscales (Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret…), mientras ejercen censura y el boicot comercial a empresas editoriales como el diario Reforma.
Esta misma práctica de criminalizar a los periodistas y medios de comunicación se extiende a estados como Campeche y Michoacán.
A la lista de gobernadora y gobernadores que la han emprendido judicialmente contra periodistas y empresas editoriales (Layda Sansores San Román) se sumó recientemente la zacatecana gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
El 24 de diciembre fue detenido y vinculado a proceso de un reportero de la fuente policiaca en Coatzacoalcos Veracruz, Rafael León Segovia, acusado del delito de “terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública”.
El comunicador está en la prisión por las acusaciones de la Fiscalía General del Estado; un tema delicado y alarmante para el ejercicio periodístico en esa entidad.
Si un reportero puede ser acusado de terrorismo mientras una carro-bomba (en Michoacán) no lo es, entonces el problema ya no es jurídico sino político, autoritario y profundamente peligroso para la libertad de prensa en Veracruz, publicó una reportera.
Si un atentado con explosivos no alcanzó ese calificativo en el ámbito federal, ¿qué acción atribuida a un periodista sí lo amerita en Veracruz?
La prisión preventiva oficiosa no solo priva de la libertad al reportero antes de una sentencia, sino que le castiga de facto, inhibe y envía una señal de advertencia al gremio. León Segovia fue detenido tras difundir un video de un accidente vial ocurrido en Coatzacoalcos, material que se volvió viral en redes sociales.
Después de esa publicación, fue acusado por la Fiscalía de Veracruz de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, denunciaron los periodistas veracruzanos.
La morenista Rocío Nahle, que no distingue por ser empática con el ejercicio periodístico y acusa de presunto “nado sincronizado” por señalarle sus errores garrafales como gobernante -caso del asesinato de la taxista maestra jubilada y el desdén por las afectaciones por la lluvia de Poza Rica- declaró que en Veracruz la ley se aplica igual para todos, sean periodistas o carpinteros…
Declaró la gobernadora zacatecana de Veracruz con el mismo estilo de Mario Marín Torres, gobernador, con la detención de la periodista Lydia Cacho, en aquella conversación telefónica interceptada con Kamel Nacif, difundida por La Jornada: “Aquí en Puebla quien comete un delito se le llama delincuente”…
X@pabl_ruiz
Facebook: Pablo Ruiz Meza
como_director@yahoo.com.mx