UNO. De nueva cuenta, el bloque negro se encargó de ser la noticia del día y evitar que la atención gubernamental y ciudadana se enfocara en la multitudinaria marcha organizada por estudiantes universitarios y agrupaciones civiles para conmemorar —bajo la icónica consigna “el 2 de octubre no se olvida”— el quincuagésimo séptimo aniversario de la matanza de Tlatelolco.
Este grupo anónimo, que durante varios años ha saboteado protestas sociales legítimas mediante actos vandálicos —los del pasado jueves resultaron, al parecer, más graves que cualquiera de los anteriores—, consiguió lo que deseaba y buscaba: convertirse en protagonista de los videos y notas que las redes y medios de comunicación tradicionales hicieron circular en la esfera pública.
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La conversación ciudadana ha girado, desde entonces, en torno al vandalismo de y los saqueos cometidos por los miembros del contingente identificado por sus vestimentas y pasamontañas negras. Los objetivos de los marchistas civiles quedaron, así, irremediablemente opacados. La marcha de este año revestía de un interés especial, pues en los últimos días la Universidad Nacional Autónoma de México se ha visto aquejada por eventos que ponen sobre la mesa algunos de los problemas que padecen los jóvenes y que han requerido la atención del rector. El asesinato de un muchacho preparatoriano y la consecuente salida a la superficie del llamado fenómeno “incel” (involuntary celibates, en inglés) perdieron, por tanto, posibilidades de generar atención masiva.
Asimismo, quedaron fuera de la agenda los reclamos universitarios acerca de que no ha sido debidamente saldado el peor acto autoritario del estado de los últimos sesenta años; tampoco obtuvieron atención las protestas de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes aún no obtienen las respuestas prometidas por tres diferentes gobiernos federales (incluyendo el actual). Las madres buscadoras fueron, asimismo, afectadas y condenadas a la invisibilidad.
La repetida presencia de estos grupos agresivos en manifestaciones pacíficas, especialmente en la Ciudad de México, se ha convertido ya en un problema espinoso y, por tanto, ha generado serios debates. En sus orígenes —a finales de los años setenta y principios de los ochenta, en Alemania Occidental—, el bloque negro fue una acción espontánea, no organizada por grupos políticos específicos, surgida de jóvenes anarquistas que rechazaban la represión de las fuerzas de seguridad contra grupos sin hogar y marginados.
No obstante, el hecho de que en México se haya visto a los participantes de estos grupos descender de autobuses de las mismas fuerzas policíacas ha dado pie a que se les acuse de ser grupúsculos patrocinados por fuerzas gubernamentales orientados a impedir protestas ciudadanas. Esta hipótesis podría explicar la condescendencia con la que las fuerzas del orden actúan ante la presencia de estos contingentes. No obstante, de ser así, no se entiende por qué los miembros de las fuerzas del orden son agredidos tan severamente. Tal vez no todos los grupos, no en todas las ocasiones, obedezcan consignas gubernamentales; tal vez algunos de ellos actúan de manera espontánea. El zafarrancho del jueves pasado podría ser una de estas ocasiones; recordemos que el gobierno de la llamada cuarta transformación ha adoptado como suya la narrativa universitaria que acusó al estado represor, liderado en ese entonces por el presidente priista Gustavo Díaz Ordaz.
DOS. El hecho ha quedado —inevitablemente— envuelto en una discusión polarizada. Los críticos del gobierno se quejan de la pasividad de las fuerzas de seguridad y de la permisividad con la actuaron. Los defensores, por su parte, han contrapunteado la respuesta de las fuerzas oficiales con la acción represiva del ejército, en el 68. Y así como los vándalos hacen de la suya de nueva cuenta, los ciudadanos nos enfrascamos, otra vez, en un debate en el que los fenómenos a esclarecer quedan de lado, invisibilizados por una competencia fanática tendiente a reducir a la nada a los otros, en aras de enarbolar como universales los valores y las creencias propios.
Según datos de varias fuentes, incluidas las oficiales, cerca de 350 sujetos encapuchados participaron en la alteración del orden de la marcha. 94 policías fueron lesionados; tres de ellos han sido reportados en situación delicada. 29 civiles también resultaron afectados y al menos cinco periodistas recibieron golpes, fueron despojados —algunos de ellos— de sus equipos de trabajo y requirieron atención médica. Solamente uno de los agresores fue detenido, sorprendido asaltando una joyería. Inicialmente, según reportes oficiales, fueron desplegados quinientos elementos policíacos, pero posteriormente se sumaron otros mil. Aún así, no fue posible someter a los revoltosos.
Gerardo López Becerra, presidente de ConComercio, dijo en conferencia de prensa que los ataques a los comercios y los saqueos dejaron una pérdida de 900 millones de pesos. Esto incluye, dijo, mercancía robada, quema de locales y ventas no realizadas en el corredor de las calles Juárez y Madero del Centro Histórico de la ciudad. Las cifras de personas lesionadas y de las pérdidas económicas que acarreó la jornada deberían ser más que suficientes para que el gobierno de la ciudad, y tal vez la Guardia Nacional, se ocuparan de generar estrategias para evitar que sucesos similares se presenten en el futuro. Sobre todo porque no es la primera vez que una manifestación ciudadana pacífica es alterada por estos grupos con consecuencias similares a las ahora registradas.
Según estudios comparativos de seguridad pública y gestión de multitudes, realizados por la ONU, por Amnistía Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), entre otras organizaciones, las policías de Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Escandinavia destacan por sus tácticas de aislamiento de los grupos violentos sin criminalizar ni desmotivar a la multitud. En algunos casos, estas fuerzas policiales emplean métodos de comunicación con los líderes de los grupos que protestan y acuerdan prácticas mediante las cuales se evitan las confrontaciones con otros contingentes. Una de las tácticas importantes es la de establecer perímetros de protección a objetivos sensibles, como edificios, monumentos, etc. Esos mismos estudios indican que en los países latinoamericanos las tácticas de contención tienden a ser más represivas que en los países europeos. Estos mismos estudios exponen que en México priva la improvisación.
La repetición y escalamiento de la acción de estos grupos violentos no favorece al Estado. El escaso número de detenciones en cada una de las apariciones de este bloque negro y el desinterés y la incapacidad del gobierno de la Ciudad de México para proteger a los múltiples negocios que una y otra vez son atacados, así como los videos —nunca desmentidos— en los que se exhibe la movilización organizada en vehículos oficiales dan fuerza a la creencia de que el bloque negro tienen sustento oficial.
Adicionalmente, la nula capacitación de las fuerzas policíacas para enfrentar estas situaciones y la desprotección con la que los integrantes de ellas se presentan a estos eventos conducen a suponer que las autoridades tienen más interés en la acción violenta que en atender las protestas sociales. No es gratuito que el actuar de este bloque negro se haya ganado la calificación de “vandalismo de Estado” por parte del periodista Ricardo Alemán.
La presidenta habla de una nueva política de seguridad. La capacitación de estrategias antimotines de la Guardia Nacional y de todas las policías del país con tácticas de contención y desescalamiento debería ser contemplada de inmediato en esta nueva forma de entender y asumir la seguridad. Porque los policías que se hacen cargo del orden social merecen estar mejor entrenados y equipados para evitar lesionar y ser lesionados; porque las empresas legítimas deben recibir la protección oficial para continuar contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleos y porque, no menos importante, la protesta social no debe ser desvirtuada ni minimizada por la acción violenta de grupos que nada proponen el estado deberá asumir su responsabilidad y modificar radicalmente su enfoque sobre las marchas ciudadanas.
Mantener el orden, respetar a los manifestantes, así como evitar abusos y saqueos no debe —ni puede— confundirse con represión. La diferencia radica en la forma en la que se maneja la fuerza en la protesta social. Eso reclama una fuerte inversión y una capacitación profesional sofisticada. Las peroratas ideológicas sólo justifican la inacción y terminan por solapar la actividad delincuencial.
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