Los textos de Paola Morales Calderón e Ivanhoe García Islas publicados en e-consulta, son una muestra suficiente de cuál es la verdadera situación que vivimos en el estado, y que ningún distractor gubernamental, como la propuesta de castración química, lanzada por el gobernador, o el manoseo cosmético sobre la ley de ciberacoso, pueden ocultar.
Lo cierto es que esa realidad supera, con mucho, las demostraciones de fuerza y amenazas que cotidianamente el propio gobernador poblano lanza demagógicamente en sus conferencias mañaneras, como si él fuera, en su integridad, la fuente de donde emana toda “decisión” política y moral. Puebla vive dominada por los más variados poderes fácticos.
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Amén de la supina confusión ideológica que padece el gobernador de Puebla, producto de la demagogia, asesorías mediocres, noticias mal digeridas y un “universo imaginario”, (entre lugares comunes, ocurrencias políticamente correctas y apuestas sensacionalistas) que arrastra sin comprenderlo.
Al mismo tiempo es de notar el carácter ortopédico que adquiere la ley para Alejandro Armenta en el caso de su propuesta de ley sobre la castración química, reviviendo la política correctiva del padre de Schreber (que los nazis convirtieron en política de estado) con el sustento eminentemente biopolítico de dicha propuesta.
Bien vendría para enmarcar esta discusión volver a algunas películas que han abordado dicha problemática o problemáticas afines como “Naranja mecánica”, “Time”, “La piel que habito” y la más reciente, “La sustancia”; o bien, a ese clásico de la literatura, “Un mundo feliz”.
Por otra parte, extraña que hasta ahora nadie haya puesto atención en una de las más repetidas prácticas discursivas del Ejecutivo poblano, acorde con el tono de López Obrador, pero a la vez muy lejos de él: el recurso a la amenaza, a la fabricación de culpables y, sobre todo, al carácter sentencial o de ultimátum al que una y otra vez recurre el Ejecutivo poblano, dejando ver que lo suyo es el tribunal inquisitorial, el dedo acusador, o más simplemente, la bronca callejera, porque hasta eso, el gobernador se porta como líder de un barrio o de una banda y no como un representante de la gobernanza democrática.