Después de la inquietud por la aprobación de reformas al Código Penal poblano para sancionar a las personas incómodas bajo un disfraz legal, llega una nueva aportación del mal quehacer del trabajo legislativo: la solicitud del gobernador de Puebla al Congreso local para “consultar” a los destinatarios (se supone que de todo el mundo porque los derechos y delitos digitales no tienen fronteras) sobre el “ciber asedio” ( y no solo es el ciber asedio, sino otros delitos más) después de que se aprobó la reforma, lo que está en contradicción de las prácticas nacionales e internacionales. Veamos.
Primero. La práctica de convocar foros de participación después de la publicación oficial de la reforma sobre delitos digitales en Puebla constituye una traición al proceso legislativo y a los principios democráticos más elementales. En primer lugar, sitúa a la ciudadanía en un papel irrelevante: cuando la norma ya es vigente, cualquier debate carece de poder vinculante, pues las redacciones legales sólo pueden modificarse mediante procedimientos de reforma posteriores que suelen estar fuera del alcance de esos espacios de “consulta”. De este modo, las aportaciones se vuelven meros testimonios estériles, incapaces de incidir en la letra o en el espíritu de la ley.
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En segundo término, el simulacro conferido a estos foros convierte la participación ciudadana en un instrumento retórico para reforzar una apariencia de apertura, mientras se mantiene cerrado el acceso real al diseño normativo. Las sesiones, a menudo cuidadosamente coreografiadas, sirven para proyectar imagen de transparencia y de gobernanza colaborativa, pero en la práctica se limitan a una serie de ponencias unidireccionales: exponen las razones que ya sustentan la reforma y remiten a la imposibilidad de cambio, cancelando de facto cualquier cuestionamiento profundo. Este guion, además, suele ir acompañado de presentaciones y materiales informativos que enfatizan los supuestos beneficios de la norma, relegando a un segundo plano las críticas y omitiendo las voces disonantes.
En tercer lugar, la simulación de consulta post promulgación erosiona la confianza ciudadana de manera estructural. Cuando las personas comprueban que sus comentarios no modifican ni una coma del articulado, se desencantan y abandonan el proceso. Por último, la consulta ex post alimenta un círculo vicioso de captura regulatoria.
Segundo. La consulta ex ante no es un accidente ni un recurso ornamental, sino un pilar de la buena regulación asentado en cinco fundamentos sólidos. Primero, la soberanía popular requiere que la norma surja de la voluntad ciudadana, no como imposición sobre ella; sin debate previo, la ley pierde su anclaje democrático. Segundo, la mejora técnica se apoya en experiencias como el “notice-and-comment” de 1946 en EE. UU. y los “avis publics” del Conseil d’État francés, que han probado cómo la retroalimentación temprana evita ambigüedades, errores de redacción y lagunas conceptuales.
Tercero, la prevención de conflictos ahorra recursos públicos y atenúa tensiones. Cuarto, la deliberación inclusiva confronta y corrige sesgos al reunir perspectivas urbanas y rurales, académicas y prácticas, juveniles y gerontológicas, profesionales del derecho y expertos en tecnologías emergentes. Quinto, la legitimidad democrática (Beetham, 1991) solo se alcanza cuando los afectados han tenido oportunidad real de influir en el contenido y espíritu de la ley.
Estos principios se han consagrado en marcos internacionales: la Unión Europea instituyó en 1998 el Convenio de Aarhus y, posteriormente, el “Better Regulation Package”; Canadá y Australia fijaron periodos de 60 días para comentarios públicos; la Declaración de París de la ONU reconoce la participación ciudadana como pilar de las políticas públicas; y en México la Ley General de Participación Ciudadana (2014) y la Guía de Parlamento Abierto convierten la consulta ex ante en requisito obligatorio. Ningún país serio omite este paso; quienes lo han experimentado saben que la calidad y la legitimidad de la norma nacen del diálogo previo y no de la imposición.
Tercero. La práctica de la consulta ex post genera efectos adversos que se extienden por todo el entramado político y social de Puebla. Alimenta la deslegitimación política, puesto que la percepción de simulación mina la confianza en las instituciones y reduce la adhesión voluntaria a la ley, incrementando la desobediencia civil y el desencanto electoral. Da lugar a un caos normativo: la ausencia de aportes técnicos previos desemboca en leyes con contradicciones, redacciones imprecisas y vacíos conceptuales, lo que a su vez exige constantes enmiendas, interpretaciones judiciales divergentes y elevados costos de corrección para el Estado y para los particulares.
Para revertir esta dinámica, Puebla debe restituir la consulta previa y auténtica de manera inmediata. Esto implica mapear y convocar a todos los actores relevantes desde la etapa de borradores —incluidos organismos internacionales de derechos digitales, asociaciones de víctimas, proveedores tecnológicos, especialistas en ciberseguridad y defensores de libertades—, establecer mesas de trabajo temáticas que produzcan actas detalladas y versiones sucesivas del proyecto, y transparentar en línea cada parte del texto y el destino de cada comentario recibido.
Además, se deben publicar informes de seguimiento que documenten con claridad cómo y por qué se incorporaron o rechazaron observaciones, junto con la fundamentación técnica correspondiente. Las audiencias deben transmitirse en tiempo real, quedar archivadas para consulta pública y complementarse con espacios de retroalimentación continua durante todo el proceso legislativo. Sólo así las normas nacerán del debate genuino, reflejarán el interés colectivo y evitarán naufragar en la improvisación y el descrédito.
En suma, la consulta ex ante es el alma de la buena legislación. La consulta ex post es un engaño sin valor real. Sin diálogo previo, la ley es imposición, no pacto. Puebla merece debate auténtico, no ficción participativa. Prevención antes que reparación. Planeación antes que improvisación. Transparencia antes que simulacro. Sólo así la democracia recupera legitimidad.
@evillanuevamx