El Estado mexicano no registra a las personas migrantes desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a pesar de las múltiples denuncias y del reconocimiento de que estas desapariciones ocurren de forma sistemática. Esto implica una doble desaparición: la física, y la administrativa. Las personas migrantes desaparecen en el tránsito y también desaparecen de los registros oficiales, de las políticas públicas y de la voluntad estatal.
De acuerdo con el Informe sobre búsqueda de personas migrantes desaparecidas y víctimas de masacres para el Comité de Naciones Unidas de Trabajadores Migratorios, elaborado por la Fundación para la Justicia, esta exclusión de los registros oficiales tiene consecuencias graves: invisibiliza a las víctimas, impide su búsqueda y niega cualquier posibilidad de justicia. La impunidad se afianza cuando el Estado simplemente decide no incluirlos en las cifras oficiales.
Más artículos del autor
En el año 2024, la Fundación para la Justicia documentó, a través del monitoreo de medios de comunicación, 6,117 víctimas en once eventos de extrema violencia contra personas migrantes. Estos eventos incluyeron secuestros, homicidios, desapariciones, accidentes fatales de tránsito, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Esta cifra no proviene de las autoridades, sino del trabajo independiente de la sociedad civil.
A pesar de la gravedad de estos hechos, no existen estadísticas públicas sobre delitos denunciados e investigados contra migrantes, ni datos sobre carpetas de investigación abiertas, ni mucho menos sobre sentencias emitidas. El sistema de justicia penal simplemente no reconoce a los migrantes como sujetos de derecho. La información está fragmentada, oculta o directamente inexistente.
En los hechos, muchas personas migrantes no denuncian por miedo a ser deportadas. Este miedo es alimentado por el propio Estado mexicano, que no garantiza protección ni confidencialidad a quienes buscan justicia. Las fiscalías, lejos de ser aliadas en la protección de derechos, se perciben como extensiones del sistema de control migratorio. La denuncia puede convertirse en un riesgo adicional.
Los casos emblemáticos de masacres de migrantes, como los ocurridos en San Fernando (2010) y Cadereyta (2012), siguen sin justicia más de una década después. Las familias de las víctimas no han recibido reparación integral del daño. No hay avances reales en las investigaciones, ni identificación plena de los cuerpos, ni procesos judiciales que sancionen a los responsables por los delitos de desaparición o asesinato. Cuando hay consignaciones, éstas son por delitos conexos, como portación de armas o delincuencia organizada, pero no por los crímenes cometidos contra los migrantes.
Aunque existe una Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEDPMR), sus capacidades son limitadas. Según el informe de la Fundación para la Justicia, esta fiscalía enfrenta enormes desafíos, sobre todo cuando se trata de criminalidad transnacional. Además, persiste una falta de coordinación entre fiscalías estatales y federales, y entre estas y las comisiones de búsqueda, lo que frena el acceso a la verdad y a la justicia.
Tampoco se ha logrado una articulación eficaz con los países de origen de las víctimas. Las familias de los migrantes desaparecidos enfrentan obstáculos tanto en México como en sus propios países, donde muchas veces ni siquiera saben qué instancia contactar, y mucho menos a qué autoridad confiar la búsqueda de sus seres queridos. La falta de mecanismos binacionales de búsqueda e identificación forense obstaculiza gravemente la localización de personas desaparecidas.
La Fundación para la Justicia trabaja desde dos frentes: la búsqueda en vida y la identificación forense. En este marco, ha acompañado tres casos emblemáticos: la Masacre de 72 personas en San Fernando, las Fosas Clandestinas de San Fernando, y la Masacre de Cadereyta. A través de un convenio con la Comisión Forense, la organización ha colaborado en la identificación de cuerpos y restos de estas masacres, que en total suman 317 víctimas. De estas, aún hay personas sin identificar.
La organización representa actualmente a familiares de 235 personas migrantes desaparecidas, algunas de las cuales han sido localizadas con vida, y otras, lamentablemente, sin vida. En todos los casos, el patrón se repite: la lentitud institucional, la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos efectivos de búsqueda y la revictimización constante de los familiares.
El análisis de los casos ha permitido identificar formas concretas de responsabilidad estatal. En muchos de estos crímenes, el Estado no solo fue omiso. También toleró las actividades de grupos delictivos, facilitó su operación al ausentarse de zonas clave, e incluso entregó personas migrantes directamente a estos grupos. En algunos casos, se ha documentado la participación activa de autoridades en la privación ilegal de la libertad y en la desaparición forzada.
Es fundamental subrayar que el Estado no solo ha fallado en proteger a las personas migrantes, sino que en ocasiones ha sido cómplice. Ya sea por omisión o por acción directa, las instituciones mexicanas han contribuido a la cadena de violencia y desaparición. La impunidad es estructural, pero también funcional: sin justicia, el modelo de contención migratoria puede seguir operando sin resistencia.
La violencia contra las personas migrantes no es un fenómeno colateral: es estructural y sistemática. No se trata de casos aislados, sino de un patrón que responde a una lógica de criminalización del tránsito, externalización de fronteras y deshumanización de quienes se desplazan. Mientras no se reconozca esta dimensión estructural, no habrá forma de prevenir, reparar ni transformar la realidad.
Lo más alarmante es que el Estado mexicano insiste en no ver. No contar, no registrar, no investigar, no reparar. Esta indiferencia institucional es, en sí misma, una forma de violencia. El informe de la Fundación para la Justicia es un llamado urgente a que se deje de ignorar lo que ocurre todos los días en las rutas migratorias de México, un país que se ha convertido en un dispositivo de contención, pero también en una fosa común para quienes soñaban con cruzar.