Hay muchas razones para hacer esta afirmación y mencionaré las más relevantes.
Primera. Desde el paro de febrero de 2020, interrumpido por la pandemia, no había logrado el estudiantado sentar a las autoridades y a los funcionarios para escuchar sus demandas, que son muchas y muy grandes, tanto académicas como políticas y de infraestructura tecnológica y material.
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Segunda. Desde 2020 no habían desconocido en los hechos a sus representantes ante los órganos colegiados de gobierno, el consejo universitario y los consejos de unidad académica, simplemente porque su desempeño dentro de éstos ha atendido a los intereses de la autoridad y funcionarios en turno, y no a los genuinos intereses estudiantiles. Tan es así, que las decisiones en estos consejos siempre resultan por unanimidad, y no sólo esto, sino que van antecedidas de intervenciones de directores(as), maestros(as) y estudiantes que invariablemente apoyan las propuestas, tal y como se presentan, de la presidencia de los consejos. De aquí el interés por crear una organización estudiantil paralela a los mencionados consejos. Al respecto habría que decir que junto a las organizaciones estudiantiles, que tienen todo el derecho de formar y para lo cual no necesitan ningún permiso, están los órganos de gobierno de la universidad que tienen a su cargo la dirección colectiva de la institución y en los cuales hay que incidir para ir generando consejos representativos y críticos que no sirvan sólo para levantar la mano para aprobar toda propuesta derivada de la autoridad personal, por muy autoridad que ésta sea.
Tercera. El estudiantado ha demostrado la madurez alcanzada a pesar del infantilismo con el que se le ha tratado y la enorme despolitización de la que ha sido objeto desde hace décadas.
Cuarta. Han sabido ponerse de pie para exigir la calidad académica de la que hace gala la institución y de la cual el estudiantado no se ha beneficiado debido a la falta de transparencia en las contrataciones del personal docente y a la enorme desigualdad prevaleciente entre los profesores(as). Esta desigualdad ha generado un ejército de profesores(as) hora clase, sujetos siempre a una recontratación. Como acabamos de saber por la vicerrectoría de docencia, 2600 personas esperan ser recontratadas para este siguiente semestre. Otras tantas personas son también hora clase con definitividad, a cambio de la cual son cargados con una serie de actividades, no pagadas, dada la mínima proporción de maestros y maestras de carrera: tiempos completos y medios tiempos. Sabemos que desde hace treinta años la privatización de las universidades públicas llevó a la contratación exclusiva de profesores hora clase y al congelamiento de las plazas de carrera que quedaban vacantes por distintas razones.
Quinta. Se han puesto de pie para exigir un trato libre de violencia, y no sólo la violencia sexual que es un cáncer que corroe a la institución, sino todo tipo de violencia que se traduce en el no cumplimiento de sus derechos universitarios, desde el trato respetuoso por parte de autoridades y funcionarios, suficiencia de opciones en materias, profesores(as) y horarios, correspondencia de sus expectativas con los planes de estudios que cursan, instalaciones y programas que satisfagan su formación integral (académica, cultural, deportiva artística y tecnológica), la atención eficiente de la administración, especialmente la Dirección de Administración Escolar y todo tipo de violencia, como el estudiantado mismo lo ha enunciado: no garantizar sus derechos es violencia.
Sexta. Han puesto de manifiesto la contradicción entre el discurso y los hechos al poner en evidencia no sólo la no gratuidad de la educación pública sino la poca o nula atención a las condiciones de estudio, específicamente lo relacionado con la suficiencia alimentaria a través de comedores universitarios y becas alimenticias, además de los reducidos y discrecionales apoyos dispensados a la movilidad estudiantil y a su participación en eventos académicos y deportivos.
Séptima. El estudiantado ha levantado la voz para reclamar para sí el uso de las instalaciones universitarias que, finalmente, se han construido y justificado para satisfacer los derechos de asociación, de organización, de discusión, de reunión y a las cuales no tienen acceso si no es a través de embrollados trámites burocráticos que sólo tienen el objetivo de obstruir la comunicación entre las y los estudiantes. Tal parece que las instalaciones se han creado para ser detentadas como patrimonio de los funcionarios.
Octava. Se han organizado para demostrar que en el binomio estudiante/docente ellas y ellos tienen mucho que decir, no sólo evaluando el desempeño docente sino también proponiendo nuevos temas de su interés que invitan a los maestros(as) a estudiar y a preparar nuevos programas e impulsar nuevas investigaciones que incorporan el interés común del binomio. Es imprescindible reconocer el derecho que asiste al estudiantado para optar por temas y docentes, y no sólo esperar a que algún comité o coordinación le asigne tutores, directores de tesis o comités tutoriales.
Novena. El estudiantado se ha organizado para exigir transparencia en las elecciones de las autoridades personales y colegiadas de la universidad. Tienen absolutamente claro que sus supuestos representantes ante el consejo universitario y los consejos de unidad académica no velan por sus intereses. De aquí sus propuestas de no reelección tanto de autoridades personales como de consejeros. Al respecto habría que señalar que es claro que tanto las autoridades como los funcionarios a cargo de los procesos de elección de los(as) consejeros(as) han violado el Artículo 101 del Estatuto Orgánico vigente: “Las personas representantes del personal académico, alumnado y personal no académico ante los Consejos de Unidad Académica durarán en su cargo dos años. No podrán participar en el proceso inmediato posterior de elección las personas que hayan tenido la calidad de propietarias”, y el artículo V de la Ley de la BUAP, “Las personas consejeras durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectas para el periodo inmediato”.
Pero no sólo se han violado estas normas sino también la norma que establece la paridad entre estudiantes y docentes al interior del Consejo Universitario. Me refiero al Artículo 15 de la Ley: “El Consejo Universitario estará integrado por: I. La persona titular de la Rectoría; II. Las autoridades personales de las unidades académicas; III. Las personas consejeras representantes del personal académico, alumnado y personal no académico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico y el reglamento. Todas las personas consejeras tendrán derecho a voz y voto, y la persona titular de la Rectoría tendrá voto de calidad. Las unidades académicas elegirán un número igual de representantes del personal académico y del alumnado ante el Consejo Universitario. Todas las unidades académicas tendrán invariablemente el mismo número de representantes.”
En otras palabras, una cosa es pertenecer al consejo y otra muy distinta es tener derecho a voz y voto. Este derecho sólo lo tienen los consejeros y consejeras, pero no los directores(as) puesto que ellos(as) no representan a ningún sector. Por esta razón el voto estudiantil que es de dos por cada unidad académica enfrenta tres votos, los dos magisteriales y el del director o directora. Lo mismo sucede en los consejos de unidad cuando el coordinador(a) vota, pues en el mejor de los casos es electo(a) por la academia correspondiente, o sea representa al sector magisterial, y en el peor desempeña un cargo para el cual ha sido designado(a) por alguna autoridad personal, generalmente la propia rectoría.
La imperiosa demanda de transparencia obedece también a la enorme desconfianza en el voto electrónico, que los estudiantes no sienten ni libre, ni secreto como lo establece el artículo 34 del Estatuto Orgánico. No lo es cuando hay una práctica de compartir la captura de pantalla para acreditar que se ha votado. Como vemos las demandas estudiantiles con respecto a la transparencia sólo requieren que las autoridades y los funcionarios cumplan con la ley.
Es perfectamente entendible, pues, que el estudiantado rechace la reelección de las autoridades personales y las candidaturas únicas, que sólo han mostrado, sin ningún recato, la prevalencia de los(as) candidatos(as) “oficiales”, así como la verticalidad y el control de los procesos electorales de todas las autoridades, personales y colegiadas.
Décima. El estudiantado ha demostrado su convicción de que la legislación nacional debe ser respetada, pues todas sus demandas están sustentadas en su derecho a una educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.