La reciente designación del coronel Félix Pallares como Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla se inscribe en una tendencia que ha ido ganando terreno en todo México: la creciente militarización de la seguridad pública.
Aunque este nombramiento se presenta como una respuesta a la creciente inseguridad en Puebla, genera preocupaciones sobre sus implicaciones a largo plazo para la democracia, los derechos humanos y la gobernanza en el país. Sin embargo, para entender las dimensiones de esta estrategia, debemos cuestionarnos, ¿qué hay detrás de esta presencia militar en las funciones civiles y cómo afecta a los ciudadanos y a la democracia?
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La agenda del gobierno federal: militarización en silencio
Este fenómeno no es exclusivo de Puebla; responde a una estrategia nacional adoptada por el gobierno federal que bajo la administración de López Obrador continuó con una política que comenzó con la “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón. Aunque la militarización fue una política explícita en los primeros años de esta guerra, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la estrategia se matizó, con un énfasis en la reforma y fortalecimiento de las instituciones de seguridad civil. Sin embargo, con el regreso al poder de la izquierda, esta agenda se retomó, pero esta vez de manera menos explícita y más silenciosa. Desde el primer día de su mandato, el expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha fortalecido la Guardia Nacional, una institución híbrida, compuesta mayoritariamente por elementos del Ejército y la Marina.
Puebla, al igual que otros estados, no ha podido resistirse a esta directiva federal, lo que ha generado inquietudes sobre el creciente control de las Fuerzas Armadas sobre los ámbitos civiles, particularmente en áreas clave como la seguridad pública, las aduanas y otros puntos de control territorial estratégico. Este proceso gradual de militarización se justifica bajo el argumento de que, dada la ineficacia de las policías civiles en el combate al crimen organizado, la intervención de los militares es necesaria para garantizar la seguridad en las regiones más afectadas por la violencia.
El costo democrático: ¿Es la militarización una amenaza para la democracia?
En términos teóricos, la militarización de la seguridad pública plantea una amenaza seria para la democracia. La democracia implica, entre otras cosas, que las decisiones políticas y de seguridad estén bajo el control de instituciones civiles que rinden cuentas a la sociedad. Al entregar estas funciones a los militares, corremos el riesgo de crear un Estado militarizado donde las decisiones de seguridad pública ya no sean sujetas a la supervisión de autoridades democráticas, lo que podría vulnerar principios fundamentales de nuestra Constitución, como la separación de poderes, la libertad individual y el derecho a un debido proceso.
Sin embargo, en la vida cotidiana de los ciudadanos, esta amenaza no es tan fácilmente perceptible. La inseguridad y la violencia son problemas urgentes que afectan la vida diaria de los mexicanos, y el deseo de seguridad puede llevar a muchos a priorizar la estabilidad sobre las libertades democráticas. En este contexto, la militarización puede ser vista como una respuesta lógica ante la incapacidad de las instituciones civiles para garantizar la seguridad. Los ciudadanos, en su mayoría, buscan vivir en un entorno más seguro, lo que podría llevarlos a ceder ciertas libertades a cambio de mayor control territorial y una reducción de la violencia.
El dilema: Ceder libertades a cambio de seguridad
Este es el dilema central: ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestras libertades democráticas a cambio de la promesa de seguridad? La historia reciente de México ha demostrado que tanto las fuerzas armadas como las policías corruptas han sido actores claves en el conflicto de la seguridad. La presencia de las Fuerzas Armadas ha venido acompañada de violaciones a los derechos humanos, incluidos abusos de poder, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Sin embargo, la corrupción y colusión de las fuerzas policiales con el crimen organizado también han dejado un sinfín de desaparecidos, muertos y una profunda huella de desconfianza en la sociedad. A lo largo de los años, las denuncias sobre policías extorsionando a empresarios, protegiendo a criminales o incluso colaborando directamente con el crimen organizado han erosionado la credibilidad de las instituciones civiles.
En este sentido, ¿qué es preferible? ¿La corrupción y el abuso de poder de las fuerzas policiales civiles o la disciplina y control de las fuerzas armadas, que aunque cometen abusos, garantizan cierta estabilidad y orden? Este es el cuestionamiento profundo que los ciudadanos deben abordar. Es una decisión entre dos males: la ineficiencia y corrupción de las instituciones civiles, o los excesos y violaciones de los militares que pueden ser más efectivos pero menos transparentes y democráticos.
La realidad de un estado de excepción: La democracia en jaque
La respuesta a este dilema podría ser utópica: no deberíamos tener que elegir entre uno y otro. Sin embargo, la realidad nos ha rebasado, y lo que estamos viviendo puede entenderse como un estado de excepción, donde las circunstancias de inseguridad y violencia han obligado al país a flexibilizar ciertos principios democráticos para garantizar la gobernabilidad y la inversión. El tiempo nos dirá si este es un modelo temporal que se revertirá, o si, por el contrario, los mandos militares se afianzarán en la administración de la seguridad pública como un hecho consolidado.
Lo que está claro es que el derecho a la seguridad está en conflicto con los derechos fundamentales, y el gobierno está en una encrucijada entre garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y preservar el sistema democrático. ¿Es esta la única respuesta ante la realidad de un narcotráfico y crimen organizado desbordado? Tal vez lo sea, pero también es vital que los ciudadanos reflexionemos sobre las intenciones del gobierno y las consecuencias a largo plazo de aceptar este modelo.
Reflexión final: la larga batalla por el equilibrio
Finalmente, el nombramiento de mandos militares en puestos civiles, como el caso de Puebla, debe verse como una llamada de atención a la necesidad urgente de encontrar un equilibrio entre seguridad y democracia. El modelo de seguridad debe incluir tanto el control militar, que tiene la capacidad y los recursos necesarios para enfrentar el crimen organizado, como la fortaleza de las instituciones civiles que velan por los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho. Si bien el país atraviesa por una crisis de seguridad, las soluciones no pueden seguir recurriendo a la militarización, ya que eso erosiona las bases democráticas que sustentan el pacto social.
Los ciudadanos debemos preguntarnos: ¿Qué tan dispuestos estamos a ceder parte de nuestras libertades a cambio de la promesa de seguridad? En última instancia, el tiempo nos dirá si este camino, por difícil que sea, fue la única opción viable en el contexto de una violencia desbordada, o si, en cambio, quedamos atrapados en un ciclo de impunidad y militarización que afectará la estructura democrática del país para siempre.