El jueves pasado la doctora Lilia Cedillo convocó a una rueda de prensa en la que informó sobre un conjunto de programas y estrategias para responder a las demandas manifestadas por los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla declarados en paro de labores.
Los puntos abordados abarcaron los programas de atención inmediata, los relativos a la profesionalización docente, la mejora de la infraestructura educativa y la organización del gobierno universitario en el que abordó sus aspectos políticos y jurídicos.
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Para cada punto enumeró una serie de estrategias, así denominadas por ella, para anunciar las medidas que tomará incluso antes de llegar a acuerdos en las mesas de diálogo, como la propia doctora Cedillo aclaró.
En cuanto al primer punto, y específicamente dedicado a los estudiantes de Preparatoria, resaltó la atención a las denuncias de acoso sexual a través de su correo personal/institucional; la atención emocional, el incremento de unidades del Sistema de Transporte Universitario, las becas alimenticias, las de formación profesional, horarios preferenciales para madres y padres estudiantes, apoyo a la movilidad nacional e internacional, cursos para la mejora y profesionalización de los administrativos y un comedor universitario en Ciudad Universitaria.
Respecto a estas medidas habría que señalar que las condiciones para optar por las becas, de cualquier tipo, se establecen en las respectivas convocatorias que luego contienen requisitos tan absurdos como exigir un promedio mínimo de 8 para quienes solicitan una beca alimenticia. ¿No es obvio que un estudiante que solicita la más elemental de las becas tiene muchas dificultades para mantenerse como estudiante, regular o irregular, y no deserta o abandona sus estudios gracias a estos apoyos? La miopía institucional es proverbial. Esperemos que no soliciten el kardex a cada alumno(a) que desee entrar al comedor universitario.
Respecto a la denominada profesionalización del docente señaló primero las faltas en las que incurre: inasistencia a sus clases, falta de seguimiento académico, falta de tutorías, incapacidad didáctica que conlleva a una pobre evaluación y a la deserción estudiantil. De manera que, concluyó, el abandono escolar es el resultado directo de la incapacidad magisterial.
Con respecto al ausentismo anunció la apertura de una plataforma a través de la cual el estudiante puede denunciar al docente faltante, y éste también puede entrar a la plataforma y decir que ahí está, que ya llegó. La inteligencia artificial detectará si realmente están informando desde el lugar de los hechos. Según dijo, esta plataforma ya está funcionando en CU2.
Lo menos que podemos decir de esta medida es que están convirtiendo a las y los estudiantes en celadores de sus profesores(a), pervirtiendo así la relación docente/estudiante que debe ser de respeto y de colaboración, indispensables para que el proceso de enseñanza/aprendizaje y, sobre todo, de formación del estudiante como una persona crítica, humanista y solidaria se alcance, entendida como una meta común.
Además, la prevalencia del ausentismo en todo caso ha demostrado que las medidas de control no son la solución. Sabemos que en muchas escuelas y facultades se recurre a la huella digital para demostrar la asistencia, una medida igualmente carcelaria, que atenta contra la dignidad de la persona, porque no sólo se trata de una medida correctiva sino de un trato que sólo refleja el desprecio por el docente al cual califican de “facilitador”. Supongo que “facilita” al alumno el acopio de conocimientos que el docente no posee, o le “facilita” la capacidad de análisis que el docente tampoco posee, o le “facilita” el ser una persona responsable, que el docente tampoco es. En pocas palabras, el estudiante sólo necesita un “empujoncito” para ser un buen profesionista y un buen ciudadano. Casi, casi podríamos pensar que el estudiante, por serlo, está genéticamente programado para alcanzar las metas propuestas.
Todo esto es un enorme sinsentido, pues sabemos que la educación, de cualquier tipo, se sustenta en el ejemplo, en las prácticas que el estudiante es invitado a emular.
En la misma línea de las medidas que atentan contra la dignidad de la persona está el examen psicométrico aplicado a los aspirantes a enseñar en la BUAP. Además de ser otra medida absolutamente ineficaz. Si fuera eficaz, tendría que haber detectado a todo aquel docente acosador, cosa que no ha sucedido dada la gran cantidad de denuncias presentadas por las y los estudiantes.
También ofreció transparencia en las nuevas contrataciones -me pregunto si hasta ahora no la ha habido- y el fomento a la participación del estudiantado en estos procesos.
Lo cierto es que el estudiante está preparado para opinar sobre el desempeño didáctico del docente, puesto que la evaluación de sus credenciales académicas sólo puede satisfacerse mediante el examen por oposición. Sin embargo, sabemos que la contratación que la administración ha privilegiado por décadas es la del profesor hora/clase y en muchas ocasiones a través del ahora ilegal “outsourcing”, dada la calidad de actividad sustantiva de la docencia. Además de que incluso cuando se trata de exámenes por oposición la supuesta equidad con la que compiten los aspirantes por una plaza es ilusoria, pues los jurados y las comisiones que emiten la última palabra están “preparados” para adjudicar la plaza al “recomendado(a)” por el director(a) o la administración.
No existe ninguna posibilidad de fortalecer la planta académica y por lo tanto la calidad en la enseñanza mientras los mecanismos de ingreso estén sometidos a la verticalidad y al control político absoluto.
La causa real del deterioro académico de la BUAP y de todas las universidades públicas es la precariedad salarial. Es absurdo exigir al profesor hora/clase que gana 110 pesos por hora que, además de tomarse el tiempo para preparar su clase y dictarla, desempeñe todas las demás funciones propias de un docente, pues la relación estudiante/docente no sabe de maestros de carrera u hora/clase y la proporción de estos últimos es cada vez mayor, al menos cubren el 50% de las horas/pizarrón necesarias para cubrir los planes de estudios de todos los programas educativos.
Y cuando finalmente la administración intenta remediar esta situación, establece un “bono” para los hora/clase que dictan 20, 30 o 40 horas a la semana sujeto a la evaluación por parte del estudiante. Nuevamente, se establece una relación mercantil entre docente y estudiante que induce a un comercio de calificaciones. La medida no puede ser más absurda educativamente hablando y contraproducente.
Todas estas “estrategias” anunciadas para lograr la profesionalización del magisterio más bien apuntan a ofrecer al estudiantado un profesorado atado de manos, atrapado en su precariedad y la exigencia de una calidad que la institución para la cual trabajan no hace nada por mejorar. Al contrario, los(as) obliga a tomar cursos de capacitación de todo tipo a cambio de constancias que prometen convertirse en “puntitos” para su próxima evaluación, la institucional o gubernamental.
Los problemas que enfrentan los(as) estudiantes para insertarse en el mercado laboral, derivados de una mala preparación, no se resolverán mientras los recursos públicos no se destinen a mejorar la situación laboral y las cuestiones genuinamente académicas no sean resueltas por las academias y no por la burocracia, por ilustrada que ésta sea.
En cuanto a las peticiones estudiantiles que atañen a la organización del gobierno universitario la doctora Cedillo arguyó que eso “lleva tiempo”, pues apenas se modificó la Ley de la BUAP en junio de 2023 y se ajustó a ella el Estatuto Orgánico.
Esta es una de las exigencias más sentidas del estudiantado, pues en los pliegos petitorios que han circulado los(as) estudiantes exigen que las candidaturas a las direcciones de escuelas y facultades no sean únicas y que el porcentaje de votación de la comunidad sea al menos del 70%. Y algo muy importante, que el voto no sea electrónico.
Este porcentaje es por lo menos poco realista si tomamos en cuenta que en la reciente elección más popular de México, la Presidencia de la República, la votación alcanzó un porcentaje de 61%. No alcanzar el mencionado 70% sólo llevaría a un estado de ingobernabilidad.
Es obvio que el estudiantado ha tenido experiencias de absoluta impotencia cuando a través del voto ponderado han votado unánimemente por una candidatura independiente, y sin embargo han “perdido” frente al voto magisterial y el no académico. Si a esto añadimos las no pocas ocasiones en que la rectoría o el consejo universitario ha designado directamente a la dirección de la unidad académica, podemos entender la certeza de que su participación, si es que se da, nunca es determinante para elegir a su autoridad personal inmediata.
Lo que es claro aquí es la enorme desconfianza del estudiantado en los procesos electorales, tanto por el control al que están sujetos los trabajadores universitarios como por el mecanismo, totalmente injustificado, del voto electrónico.
Esta arbitrariedad también ha llevado al otro extremo, a la propuesta estudiantil de que no sólo se abandone el voto ponderado y se instaure el voto universal, sino que incluso en el máximo órgano de gobierno de la universidad se instaure una mayoría calificada estudiantil, supongo que el 66% de los votos computables, si atendemos al pliego petitorio que circula desde el fin de semana pasado.
El voto universal se sostiene para una comunidad de ciudadanos, en la que efectivamente su calidad de ciudadanos nunca cambia. No es el caso de las universidades, en las que los dos sectores que protagonizan las actividades sustantivas de la universidad, el magisterial y el estudiantil, se distinguen por características distintas. La primera es que el estudiantado está en flujo continuo y el profesorado no, pues constituye el elemento que da cohesión a las distintas actividades que constituyen el todo de la formación profesional: la elaboración de los planes de estudios, de los programas de las materias, de los criterios de evaluación, de las metodologías de enseñanza, de la especificidad de las disciplinas cultivadas en las distintas carreras ofrecidas, en fin, es el profesorado el que está preparado disciplinaria y pedagógicamente para garantizar la conclusión efectiva de los estudios realizados por el estudiantado.
El hecho de que esta actividad esencialmente magisterial haya sido usurpada por una tecnocracia burocrática es lo que ha desvirtuado no sólo la actividad docente, sino que también ha impedido lograr lo más importante: preservar al estudiantado que, después de un proceso de admisión excluyente ha logrado ingresar a la universidad, y garantizar la conclusión de sus estudios. El estudiantado no quiere la “cabeza” del profesorado, quiere condiciones apropiadas de estudio y quiere que se respeten sus derechos como personas y como universitarios.
Justamente por esta exigencia de justicia y equidad es totalmente inaceptable el voto universal para elegir a las autoridades personales, sean éstas las direcciones de unidades académicas o la rectoría, puesto que eso introduciría un factor de desigualdad injustificable.
En los organismos paritarios de gobierno están representados los sectores sustantivos y las distintas disciplinas cultivadas en toda la universidad, así como sus niveles educativos. El voto universal no sólo borra estas características específicas, sino que deja en manos de las escuelas con mayor población la definición de la autoridad personal. Esto no sólo en el caso de la rectoría sino también en el de las escuelas y facultades cuyos consejos de unidad académica están conformados de acuerdo con la organización interna de la enseñanza de distintas disciplinas, como es el caso de Filosofía y Letras o Físico Matemáticas, por mencionar sólo a algunas.
La representación sectorial no sólo atiende al derecho de las distintas escuelas y facultades a tener el mismo peso dentro del Consejo Universitario, sino también atiende al derecho igualitario a satisfacer las necesidades específicas de estudiantes y docentes derivadas del cultivo y aprendizaje de distintos cuerpos de conocimientos.
El voto universal borra de tajo el respeto a la diferencia y a la inclusión, pues elimina la igualdad sustantiva entre universitarios.
Lo que sí ha roto la paridad en el Consejo Universitario es el voto de los directores(as) de las unidades académicas y el de los coordinadores de colegios o posgrados en los consejos de unidad académica. La paridad se sustenta en la igualdad de representación de los dos sectores que desarrollan las actividades sustantivas de la universidad -la docencia, la investigación y la extensión y difusión de la cultura- esto es, el profesorado y el estudiantado
Espero fervientemente que el estudiantado logre sus objetivos mediante el diálogo y que sus planteamientos no sean minimizados por la cantidad de personas que los hacen sino por la indudable justeza de sus razones.