“La injusticia social y el desprecio por la vida
crecen con el crecimiento de la economía.
En los países en donde no hay pena de muerte,
se aplica cotidianamente la pena de muerte en
defensa del derecho de propiedad.”
Eduardo Galeano
Después de las discusiones acaloradas afuera del Congreso del Estado de Puebla al aprobar el aborto, aun con sus restricciones, que no es otra cosa más que un problema de ausencia de procesos democráticos para la creación de las leyes, pues las discusiones debieron de llevarse a cabo por los grupos a favor y en contra, adentro de las instalaciones del Congreso y no en la calle. El no hacerlo así, es una muestra fehaciente que no hay aun los canales democráticos adecuados para poder debatir las acciones legislativas.
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Algunas de las preguntas que surgen son: ¿Por qué el interés de la iglesia y los grupos allegados a ella sobre la prohibición del aborto? Lo mismo que debería de decirse respecto a los grupos que están a favor del aborto; sin embargo, por lo menos, ambos bandos tienen la fortuna de discutirlo, en la calle, pero discutirlo, lo que no podrán hacer miles o millones de seres vivos que nunca podrán ver la luz del cielo, ni siquiera quejarse o sostener si están a favor o en contra de esas medidas, ya que serán abortados.
Las otras preguntas que nos haríamos son: Si muchos de los partidarios de esas prácticas abortivas siguen sus convicciones de copiar lo de otros países, particularmente de Estados Unidos de América, ¿por qué no copian la decisión de la Suprema Corte que ya prohibió el aborto?
En resumen, ¿por qué allí sí y aquí no está prohibido el aborto? ¿Se debe a que es otra legislación? ¿Se trata de otras costumbres jurídicas? ¿Esto de la permisión o prohibición del aborto es un problema verdaderamente jurídico o bien, es un simple problema político?
Todo lo que versa sobre la política y siempre que se haga mención de ello, es que se está hablando de buenos propósitos. Desde luego son buenos propósitos para el que lo formula, para su grupo político, etcétera, pero no necesariamente que sea un buen propósito para la población en general. Estas propuestas políticas muchas de las ocasiones acababan convirtiéndose en legislación, por lo cual se convierten en regulaciones jurídicas que hay que interpretar y aplicar.
El problema en la historia es que esos buenos propósitos, es decir esas decisiones políticas no tenían límite, es decir, se podría legislar cualquier cosa, siempre y cuando hubiera un consenso de quienes lo aprueban; muchas de las ocasiones sin conocer en qué consisten, aunque ese consenso se daba a intereses diferentes, últimamente económicos. Este camino para legislar provocó una serie de regulaciones verdaderamente absurdas, como las leyes de los tiempos de Franco en España, o bien, las leyes de los nazis, de los gobiernos totalitarios de Grecia o Portugal y desde luego de Italia, lo sucedido en Rusia, o en Sudamérica, con el acuerdo entre varios países para desaparecer a los comunistas, ateos y demás.
Debido a toda esa serie de arbitrariedades, que se convirtieron en genocidios y politicidios, es que nos topamos con que, a esa libertad legislativa había que ponerle un límite y ese límite son los derechos constitucionales. Por ello es que, hoy se da tanta importancia a las constituciones, es más en la academia se hace mención de lo que se denomina como el “constitucionalismo”; esto significa que no hay nada por arriba de la Constitución, por lo cual, las políticas públicas están por debajo de ella y el derecho y, el derecho desde luego, por arriba de la política.
El problema actual, es que los derechos al encontrarse en las constituciones, no están jerarquizados, simplemente están puestos en las Constituciones, pero no establecen jerarquías entre ellos, por lo que nos topamos con legislaciones o decisiones de los jueces, en que se le da preferencia por ejemplo a la protección de los animales, pero no a los seres humanos, o bien, está más penado matar un perro que otra serie de delitos contra los seres humanos que al cometerse dichos delitos, esa víctima queda de por vida traumatizada. En suma, el problema es la ausencia de jerarquías de los derechos, por ello es que, los atrevidos, y a veces sin mucho sentido común, toman medidas absurdas para dar preferencia a proteger cosas o situaciones que no deberían dar esa prioridad en las leyes, pero, se les da.
Posiblemente lo que hace falta es que, al no estar jerarquizados los derechos constitucionales, se presente esa complejidad que se da para priorizar algunos derechos y que entonces, se sigue aprovechando la política sobre el derecho, pero eso solamente se presenta cuando no hay “cultura jurídica” en una población, por ello es que, no se sabe cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones; por ejemplo, estamos en un tiempo en donde todo es derecho y nada es obligación, o bien, que no sabemos diferenciar entre unos derechos y otros.
Por ello es que, debates como el caso del aborto y otros más que están en la palestra, se deben a la problemática de no saber distinguir los derechos primarios y secundarios. Costará tiempo, como lo que sucedió con el constitucionalismo, por ejemplo. Seguramente que costará muerte de seres humanos, pero llegará el momento de conocer la importancia que tiene la cultura jurídica, para que los debates sean verdaderos debates jurídicos y no como está sucediendo últimamente, como el caso de sustituir a todos los ministros, magistrados y jueces en el año de 2025, y poner otros por elección popular. Eso de forma tan intempestiva no es otra cosa que falta de sentido común, de sentido jurídico, y desde luego que, debemos de apelar por una cultura jurídica que aun no la vislumbramos, y por ello se aprovecha la política del derecho.
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