En medio de la tormenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador desafía el temporal: aspira añadir a sus 69 artículos constitucionales ya promulgados otras veinte modificaciones al texto supremo de la nación.
Es por tanto su último esfuerzo por revertir las reformas neoliberales dentro del contexto de las elecciones.
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Los reclamos de la oposición
La resonancia opositora que se escucha en contra de los empeños del Ejecutivo estriba en su aspereza electoral; esta se incrustará para decantar posiciones de los adversarios.
Se volvió bandera electoral.
El péndulo oscilatorio del paquete legislativo presidencial se define entre el fermento que han despertado en el ambiente político de la sucesión convirtiendo el tema del debate de campaña: unos a favor de la continuidad de la 4T, otros por la ruptura y el rechazo.
Se destaca como virtud principal la de otorgarles continuidad transexenal recurriendo al consabido mecanismo de elevarlas a rango constitucional. No obstante, se enfrenta el riesgo de declaratoria de desaparición de la transmisión del rezago legislativo por la LXV Legislatura.
A diferencia de otras iniciativas similares donde se aplicaba el “fast track” con dispensa de trámite sin cambiarle una coma; en este proceso legislativo se abre “el foro abierto” para consulta popular con duración hasta fines del periodo ordinario. En los hechos se abre otro frente de campaña, reflexivo, propositivo con prioridad legislativa.
En cuanto a los efectos impugnados son de diversa índole cubriendo un amplio espectro desde su origen como tardíos, o bien, como se advierte, con fines de injerencia electoral, solo declarativos carentes de capacidad de aplicación por no ser vinculantes,
Respecto a las reformas constitucionales del caso, no son las únicas extempore, como descalifican opositores, otras veces fueron enviadas al Congreso en los finales de sexenio, ya que existe la experiencia de Ernesto Zedillo, quien envió y logró aprobar diez proyectos de decreto al Congreso en el último año de su ejercicio, con fines de ampliar las facultades de legislación del Congreso, además de otorgar mayor seguridad a los derechos de la infancia.
Por otra parte hasta ahora el presidente López Obrador lleva presentadas 62 reformas a los artículos constitucionales, lo que ubica en un rango similar a Salinas de Gortari a quien le aprobaron en el Legislativo 55 iniciativas; si fuera el caso de aprobarse las que ahora se presentan su récord final quedaría entre Zedillo con 78 y de la Madrid con 89, con la salvedad que el sentido de las propuestas son reconvertir la regresión del neoliberalismo a un texto más próximo a la redacción originaria de la Constitución.
Además, las transformaciones de los presidentes han convertido a la Constitución en el depósito de todos los residuos de los gobiernos con propósitos de incidir en la organización de la complejidad que resulta de las mezclas inestables intereses, aspiraciones, perjuicios, pasiones, ambiciones, visiones, descontentos y ansiedades.
Los reflejos de la mayoría
Es conveniente advertir desde el enfoque geopolítico, la influencia del proceso histórico de desarrollo económico del vecino del norte como determinante de un reflejo en los propósitos de los gobiernos mexicanos salvo las fracasadas aventuras de formas de gobierno imperial y de orden centralizado.
Desde los orígenes de la Constitución Mexicana en 1824, se ha dicho que las influencias que prevalecieron en su formulación influencias que provenían de la Constitución de Cádiz en la definición de soberanía y su liberalismo humanista, de la Ilustración Francesa en la declaración de los derechos del hombre, y de los Estados Unidos en la organización de gobierno, así como lo destacó Tocqueville, su eficiencia en la capacidad de organización económica.
Es conveniente señalar cómo desde la primera Constitución de hace doscientos años, en 1824, dio inicio al “efecto reflejo” con los Estados Unidos que llevó a la confrontación de otro “reflejo”: Europa, tan competido como el propósito de mantener la dependencia del centralismo imperial y la del viejo continente como su centro metropolitano, lo que propició el desgarramiento interno y la pérdida territorial de la mitad de la Nación.
El determinismo histórico no significa admitir la doctrina del destino manifiesto, sino que históricamente no se ha sabido revertir la carga de la influencia geopolítica, comenzando por no diferenciar entre la experiencia exterior con la realidad propia, lo que significa que el principal factor de obstáculo para nuestro pleno desarrollo está determinado desde el Capitolio en Washington al promover políticas de regulación, como lo recoge una frase de sus destacados gobernantes: “nosotros no queremos un Japón al lado de nuestra frontera”.
La prognosis anterior nos advierte que en el presente las intenciones presidenciales de reformas constitucionales son ante todo una catarsis de autoevaluación de los límites y obstáculos que no se lograron durante el sexenio. Se trata de un broche de seguridad más que un proyecto de futuro, coronado con el lema, “por lo menos se intentó”.
El sendero constitucional mexicano es diversificado; básicamente se asumen tres constituciones federales y dos centralistas, más los estatutos imperiales. Esta sucesión de órdenes supremas de la nación ha recorrido varias etapas a diferencia de Europa y su trasplante en América, los Estados Unidos, debido a que el orden del surgimiento de naciones se inició con los Tratados de Westfalia de 1548, comenzando su vida constitucional a fines del siglo XVIII. Las constituciones de referencia mantuvieron su vigencia y contenido.
En el caso de México se presentaron conflictos a una necesidad de eliminar los poderes establecidos que cerraban el pleno ejercicio de soberanía, como fue los fueros de clérigos y militares conferidos desde los poderes extranacionales del Vaticano y la confrontación de imperios, como ocurrió con Francia.
Mientras en la Constitución de 1917 se dirimió la última batalla histórica proveniente de la Colonia, al reconocer derechos a la nación, como fue el de la propiedad originaria con el que se emprendieron la reforma agraria, el reparto de tierras y la expropiación de la nación.
Las contra reformas neoliberales trastocaron estos principios de la constitución originaria, donde descansaba la existencia de los ejidos y comunidades para transformar el trato de propiedad comunitaria social en posibilidad de disponer de ella en toda su extensión.
Los intentos por frenar la entrega de los bienes nacionales al dispendio del mercado, llevó, en abril de 2008 a demandar el plebiscito para determinar por un ejercicio de soberanía directa el freno de la entrega del petróleo a manos privadas en especial extranjeras.
La sentencia de la Corte lo impidió bajo el falaz argumento que afectaba la fuente de recaudación de ingresos con fines presupuestales.
Promulgación de ley
Hace días se revisó la disposición del Legislativo, la reforma de energía, para la priorización de la distribución de la energía que produce el Estado; sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayan ejerció el voto de calidad de Presidente de Sala de la Corte.
El círculo neoliberal para modificar la Constitución se cierra con la asignación de privilegios a la Corte; por lo contrario, una rígida regulación normativa al pueblo soberano.
Ahí está el centro de poder en juego, ¿quién controla la Constitución?