Los recientes hechos de violencia registrados en Texcaltitlán, Estado de México obligan a cuestionar cómo empezó la extorsión y cómo evolucionó hasta convertirse en “cobro de piso”. Abordar el problema sin tomar en cuenta los antecedentes y el contexto actual, solo llevará a las autoridades y a la ciudadanía a dar vueltas en el mismo lugar donde se encuentran ahora.
Haciendo un ejercicio de memoria encuentro que los primeros registros de extorsión en México datan de 2001. Las primeras víctimas fueron presidentes municipales de la península de Yucatán y no denunciaban ante la autoridad estatal o federal por pena. ¿Qué pensarían los habitantes de sus demarcaciones si se enteraran que les habían visto la cara de ingenuos, por no decir otra cosa?
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La primera modalidad fue telefónica y no se ejercía con la misma violencia verbal como se hace ahora, incluso los extorsionadores hacían uso de nombres de personajes de películas de aquellos tiempos como “Bruno Díaz” para esconder su verdadera identidad y exigir claves de tarjetas telefónicas de prepago a cambio de no hacerles daño, lo cual evidenciaba que podrían tener su origen en los penales estatales y federales.
La modalidad de extorsión presencial conocida como “cobro de piso” data de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, particularmente en la zona conocida como Lincoln, donde comerciantes la enfrentaron con éxito. Este tipo de exigencias se caracterizó porque sus autores dejaban recados con amenazas de que si no se les entregaba una cuota para seguir funcionando sus dueños serían asesinados y su establecimiento incendiado. Para resolverlo, los comerciantes y empresarios con el acompañamiento de las autoridades federales, estatales y municipales decidieron denunciar y colocar lonas en sus fachadas con la leyenda “No al cobro de piso, en este negocio, el único piso que se paga es el predial”.
Mientras las víctimas no se organicen y sientan el respaldo de la autoridad, que en principio no llegue a dialogar con ellos blindada por decenas de militares y policías como sucedió antier en el Estado de México, la extorsión seguirá impune y el miedo que genera seguirá alimentando la cifra negra (delitos no denunciados) que a los únicos que beneficia son los extorsionadores.
Pero además, está probado que solo reaccionar enviando contingentes de las fuerzas armadas y de policía a patrullar las zonas donde el problema se ha recrudecido no garantiza que se resuelva de fondo, tampoco apostar a solo atender las causas, lo mejor sería adelantarse preventivamente a los hechos de violencia reconociendo que en la geografía nacional cada vez son más las zonas donde de manera silenciosa el “cobro de piso” subyace a gran parte de la actividad económica formal y con mayor razón la informal, y que en cualquier momento puede hacer crisis.
En la Ciudad de México, sobre todo en las alcaldías ubicadas en el sur y norte, el “cobro de piso” se da de manera cotidiana, pero por miedo no se denuncia; sin embargo, aceptarlo sería reconocer que en esta materia se ha fracasado y estropearía las cifras alegres que en los últimos años se han repetido para hacer creer que las cosas van muy bien, que los delitos de alto impacto han bajado más del 50%, pero solo los de alto impacto, como si los demás delitos no impactaran en el estado de ánimo de la población. No es por echar a perder los spots de “campaña” pero los delitos totales en la Ciudad de México en 2023 se han incrementado un 2.5% respecto de 2022, solo que eso no se dice, así como tampoco que la mayoría de los “changarros”, puestos de tacos, de jugos, pollerías, entre otros ubicadas en las alcaldías antes referidas pagan “derecho de piso” de manera silenciosa.
En cuanto al Estado de México, este fenómeno no es privativo de las zonas urbanas, tal como quedó establecido con los hechos de Texcaltitlán con productores del campo y por lo visto dicha problemática recorre varias entidades del país.
Por lo que respecta a Puebla, la situación es parecida, sobre todo en los cinturones menos favorecidos económicamente que rodean la capital del estado, solo que las víctimas de “cobro de piso” no se atreven a denunciarlo porque falta más atención, más respaldo, un trato más humano y no solo un número de folio como respuesta.
Cuando los problemas subyacen es complicado dar con ellos, pero con metodología y una alta dosis de sensibilidad se podrían identificar y resolver antes de que un caso como el de Texcaltitlán pudiera aparecer en la capital poblana o en alguna de las zonas agrícolas del estado, que por fortuna abundan y dan vida a la economía de la entidad, desde la producción de café en la Sierra Norte hasta la de tomates y frutas exóticas en el sur y de hortalizas de excelente calidad en el centro de la entidad.
La idea es no dejar que la impunidad y el miedo se apoderen del estado y mucho menos en tiempos electorales, en los que más de uno intentará negar que en materia de extorsión vamos mal, aunque la cifra negra en este delito sea del 99.78%.