La cumbre migratoria de Palenque convocada el pasado domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó con muy buenos propósitos, pero con pocas esperanzas de que pueda ponerse fin a la crisis humanitaria que se vive en la región latinoamericana.
Si bien asistieron presidentes y representantes de diez países generadores de migrantes, incluido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo país se ha convertido en el mayor expulsor de población en el mundo, con cerca de 7.7 millones de desplazados hacia Colombia, Perú y México, entre otro. Los acuerdos ahí tomados tendrán cumplimiento a largo plazo y sin solución real para frenar la enorme ola migratoria sur-norte.
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Y es que las cifras de migrantes que están tratando de cruzar desde Sudamérica hacia Estados Unidos va al alza. Se estima que un medio millón de sudamericanos han cruzado en este año la Selva del Darién para llegar a territorio mexicano, pero el número de migrantes de tránsito por México, durante este año, podría ser de millón y medio.
Durante el encuentro del domingo pasado, los mandatarios acordaron una agenda de 13 puntos que contiene un plan internacional para reducir la movilidad poblacional y proteger a las personas en tránsito, pero la realidad es que esos propósitos no son vinculantes. Y no se alcanzarán porque esos éxodos humanos tienen su origen en problemáticas que se resumen en pobreza extrema y ausencia de oportunidades laborales en sus lugares de origen.
A la reunión asistieron funcionarios y/o presidentes de Cuba, Belice, Haití, Panamá, Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador y, por supuesto, el anfitrión México, quienes acordaron incidir para que el gobierno de Estados Unidos termine el embargo económico a Venezuela y Cuba, así como para ayudar a Haití.
El pronunciamiento principal, que fue leído por la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra, insiste en promover los programas: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria, de cara hacia la creación de una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe.
También acordaron fomentar el comercio intrarregional de bienes de servicios de subsistencia básica, promoviendo preferencias arancelarias, el establecimiento de cuotas y la eliminación de barreras no arancelarias.
Los acuerdos, aceptémoslo, fueron como los llamados a misa, muy bien intencionados, pero con poco alcance. Muy quiméricos.
Lo que está viviendo México respecto a la migración es inédito. Las cifras de aseguramientos de personas que ha registrado el Instituto Nacional de Migración (INM) han roto los récords históricos. En agosto de 2023, se tuvieron 83 mil 725 detenciones. Y en lo que va del año, van casi 800 mil detenidos.
Desde que Estados Unidos levantó la aplicación del Título 42, el 12 de mayo pasado, una ola de migrantes está tratando de cruzar el país para solicitar asilo en esa nación, lo que ha puesto de cabeza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ahora bien, en lo que va del año, las solicitudes de refugio ante la COMAR podrían ser de hasta 150 mil, una cifra histórica que nos coloca como el tercer receptor de solicitantes de asilo en el mundo. Tan sólo la oficina de COMAR en Tapachula, Chiapas, se ha visto desbordada por cerca de 6 mil personas formadas en un solo día. México únicamente cuenta con diez sedes de este órgano en todo el territorio.
En septiembre pasado, México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y tomar varias medidas para disuadir a los migrantes como parte de un nuevo esfuerzo para combatir el reciente aumento en los cruces fronterizos.
Como parte del acuerdo, México acordó “despresurizar” sus ciudades del norte, que limitan con El Paso, San Diego y Eagle Pass, Texas, donde el alcalde ha declarado el estado de emergencia. También anunciaron una docena de acciones para evitar que los migrantes arriesguen sus vidas al utilizar el sistema ferroviario para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
Los cruces de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México están aumentando, superando los 8 mil 600 en un período de 24 horas en una semana, durante el mes de octubre. Además, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que se tienen 3 mil 500 arrestos diarios en la frontera contigua y las cifras han llegado hasta 8 mil 500 cruces en un solo día.
Los desafíos de México no son menores, durante 2023, también se han registrado hasta 6 mil cruces de migrantes en la frontera sur de Chiapas y Tabasco, la mitad de los cuales son de países centroamericanos.
Por lo pronto, México lleva a cabo negociaciones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba (quizá esto se abordó en forma privada durante la Cumbre de Palenque) para confirmar la recepción de sus ciudadanos deportados desde la frontera entre Estados Unidos y México. También permitirá a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense expulsar a los migrantes a través del puente internacional de Ciudad Juárez, que conecta con El Paso.
Las acciones acordadas confirman que México está efectuando labores de verificación y deportación que debía llevar a cabo EU, todo ello con pocos recursos e instalaciones migratorias semi cerradas y abarrotadas.
Lo peor es que el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones en América Latina, exacerbadas por la pandemia de coronavirus; también ha contribuido a aumentar la afluencia de migrantes que buscan llegar a EU, lo que está prolongando la crisis humanitaria en la región. Así las cosas.