Nadie sabe qué se propuso el gobernador poblano con el nombramiento del señor Ardelio Vargas al frente de una Subsecretaría de Gobernación.
Tal vez el personaje más cuestionado de la política nacional por los grupos de izquierda, no por sus presuntos vínculos con García Luna, como se argumentó, sino por su papel de verdugo en el caso de Atenco con Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México.
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Esos servicios “siniestros” lo catapultaron para que fuera nombrado responsable de la política migratoria, en el siguiente sexenio, una de las más cuestionadas tanto o más que la actual.
Me parece que el señor Vargas es la persona en México que concentra en su contra el mayor número de recomendaciones por violaciones de derechos humanos de organismos defensores, tanto nacionales como extranjeros, en especial por el caso Atenco.
Hasta el lunes la Secretaría de Gobernación de Puebla prácticamente hacía las veces del Poder Ejecutivo (esto es, de gobernador) en la persona del extitular: Julio Huerta.
Se colegía que era parte de una estrategia convenida muy arriba para ganar conocimiento y popularidad, y posicionarse desde el gobierno como aspirante a gobernador, por el partido Morena y mantener viva la llama del barbosismo.
El tema del señor Vargas fue filtrado a los medios de comunicación con un par de semanas de anticipación; los allegados vieron en su nombramiento “brillo” del gobierno encabezado por el licenciado Sergio Salomón Céspedes.
Un grupo “cándido” de viejos militantes de izquierda levantó la voz sin que nadie los pelara.
Los aspirantes punteros de Morena a la candidatura a gobernador se pronunciaron al respecto: uno a favor y el otro en contra. Todo en función de acumular indulgencia para, llegada la hora, hacerlas efectivas.
Fue así como el licenciado Ignacio Mier (diputado) rechazó el nombramiento, en tanto que Alejandro Armenta (senador) lo aprobó.
Es posible que la negativa de Mier haya tenido que ver con la sospecha de una calza funesta contra su candidatura: el endurecimiento del gobierno local en contra de los suyos y en contra de él mismo, para beneficio de Julio Huerta.
Una jugada de suma cero en la que el grupo de Miguel Barbosa ganaba terreno frente a la recomposición política del finado Rafael Moreno Valle Rosas en la casa de enfrente. Esto es, en la candidatura de Mier.
Como se recuerda, Vargas fue el primer secretario de Seguridad Pública en el gobierno morenovallista, y su papel no se concentró en el combate a la inseguridad, sino en atemorizar a la oposición política, y crear la percepción nacional que el entonces gobernador no se arredraba ante nada.
Por momentos el exgobernador panista, como en la zaga de El Cid Campeador, seguía ganando batallas después de muerto.
En los días previos al nuevo nombramiento en Gobernación, trascendió que Patricia Leal estuvo a un tris de ser colocada en la dependencia que ahora encabeza Javier Aquino Limón. Leal fue la mujer de mayor confianza de Moreno Valle.
¿Cuál era la tirada oculta con el nombramiento de Ardelio Vargas en la dependencia responsable de mantener la estabilidad política en la entidad, el vínculo de poder con toda la estructura de gobierno, en particular con los 217 ayuntamientos?
Tal vez recurrir a los modos de antes, o no tan de antes: atemorizar a la oposición y a los propios aspirantes de Morena que no fueran de la gracia del grupo político gobernante. Una competencia electoral controlada desde Gobernación, y por encima de los órganos electorales.
Si el propósito era enviar un mensaje: el primero que lo tomó fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como él mismo dice: su pecho no es bodega. Entonces hizo explotar la bomba del modo que lo hizo.
Lo cierto es que, haya sido lo que haya sido, el de el lunes fue un golpe en la punta de la nariz asestado desde Palacio Nacional contra uno de los personajes más cuestionados de la política mexicana del pasado reciente.
CHAYO NEWS
El tema de San Pablito y el ayuntamiento municipal de Pahuatlán es una cuestión que viene desde 2014, se mantuvo insolvente en la siguiente administración, y se mantendrá en ese mismo estado de inacción porque la autoridad suprema, el Poder Legislativo federal no ha determinado con claridad sobre el destino de los recursos fiscales entregados a los pueblos indios en un contexto de plena autonomía indígena.
Con esto quiero decir que el de San Pablito no es un problema de buena o mala voluntad del gobernante local, sea quien sea y del partido y color que sea.
Es un problema del Estado mexicano, y la subordinación en la que mantiene a la población indígena. Con ejercicio de derechos acotados, no obstante que en la Constitución les reconoce derechos particulares y ha firmado acuerdos internacionales en ese mismo sentido, en específico el Acuerdo 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Ninguna autoridad ha determinado nada hasta ahora porque es un problema que atañe a la Organización del Poder Nacional que, en los hechos, implica reconocer un cuarto poder de gobierno: el de los indígenas.
Un cuarto poder con las mismas facultades y prerrogativas que el nacional federal, el estatal y municipal.
Es un tema de filosofía política que cuestiona el proyecto nacional vigente, diseñado bajo los parámetros predominantes durante el siglo XIX. Eso implica la plena autonomía de los pueblos indios. Un tema que sale de la competencia de los ayuntamientos, sea el que sea y del estado que sea.
El finado Fidencio Romero Tobón supuso que con el precedente de San Pablito resolvía el problema nacional indígena.
El Legislativo sabe muy bien que reconocer el cuarto poder es reconocer y atender la demanda de 1994 del EZLN, y crea un precedente legal para el que, dicho en palabras de los especialistas, este gobierno de la 4T no está preparado ni tiene la voluntad de hacerlo.
El Ejecutivo y el Poder Legislativo han hecho un batidillo: por un lado, reconoce derechos en la Constitución y tratados internacionales a los indígenas, y en los hechos se niega a legislar para que esos derechos se ejecuten.
No se trata sólo de promulgar nuevos derechos, se trata también de crear las condiciones para que esos derechos sean demandados y satisfechos.
Es el verdadero problema de fondo que amenaza con dividir a un pueblo indígena.
Por lo demás, ningún ente de gobierno está facultado por sí mismo para entregar recursos fiscales a una asociación civil, por encima de la entidad soberanamente electa.