El lunes 1 de mayo el boletín de la BUAP comenta la intervención de la doctora Cedillo en el Foro Nacional “Escenarios y Desafíos de las IES ante la Ley General de Educación Superior y la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”. Según el boletín la doctora Cedillo “indicó que ante estas nuevas leyes las universidades deben alinear su normatividad (reglamentos, estatutos y leyes propias).”
Es un hecho que la aprobación reciente de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación le ha caído como anillo al dedo a la administración central de la BUAP que, desde que presentó el Plan General de Desarrollo 2021-2025, se propuso “actualizar” la normatividad vigente, de manera que en su diagnóstico aparece específicamente en el Eje de Gobernanza y Gestión, Incluyentes y con Trato Humano la “Deficiente armonización de las normas universitarias con relación a las leyes generales del país.”
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Así, en su “proyecto detonador” aparece el punto “3. Actualización de la normatividad aplicable a los procesos y servicios internos y externos, que permita alinearnos a los principios democráticos modernos para la elección de autoridades personales y colegiadas, …”
En lo que sigue no hay un solo indicio de lo que los que elaboraron el plan entienden por ‘principios democráticos modernos’. Quizá piensan que con usar las palabras ‘democracia’ y ‘modernidad’ automáticamente vamos a dar por buena su intención, vamos a creer que su objetivo es mejorar los sistemas de elección de las autoridades personales y colegiadas vigentes.
Sin embargo, no es así. Nuestra historia y las luchas por la reforma universitaria nos llevaron a consensar una forma de gobierno sustentada en el derecho de cada universitario a expresar con su voto la adhesión a un plan de trabajo y a su representante, tanto en el caso de las autoridades personales como en el de las colegiadas. A esto es a lo que nosotros le llamamos democracia.
De la misma manera, la experiencia colectiva nos llevó a buscar la proporcionalidad en la representación de los dos grandes sectores protagónicos de la vida universitaria: los estudiantes y los docentes. De aquí que los organismos colegiados de gobierno, que son la máxima autoridad de la universidad y de cada unidad académica, estén conformados bajo el principio de paridad de representación.
Esta lógica de gobierno universitario nos llevó naturalmente a que las autoridades personales sean nombradas por las autoridades colegiadas, con base en el mandato resultado de la votación de cada miembro de la comunidad total o de cada unidad académica. Aquí no hay ninguna junta de gobierno como sucede en buena parte de las universidades públicas del país.
Hace varias décadas que las sucesivas administraciones de la BUAP “padecen” la normatividad vigente porque han tenido que recurrir a múltiples prácticas de control para asegurar su permanencia como grupo en el poder. Sin embargo, hoy creen que poniéndose el vestido de la “modernización” de la universidad con su “nueva cultura universitaria”, de la “armonización” de la normatividad con las leyes aprobadas, de la “democratización” en la elección de las autoridades, que más bien huele a designación, repito, creen que podrán alcanzar su viejo objetivo de acabar con lo que resta de la autonomía universitaria, pero la larga tradición democrática de nuestra universidad se impondrá nuevamente.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia señalar una y otra vez que en el caso de la BUAP la supuesta “modernización” o “armonización” de la normatividad vigente equivale a una contrarreforma universitaria dada la calidad autonómica de la misma?