El pasado 24 de junio se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo tercer punto del orden del día correspondió a la presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029.
En el Cuaderno de Trabajo recibido por los consejeros el plan abarcó 101 páginas a lo largo de las cuales se organizó el plan en 5 ejes, cada uno con sus Objetivos Estratégicos a alcanzarse mediante un Proyecto Integrador.
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A reserva de regresar en ocasiones futuras al documento a fin de hacer observaciones puntuales, me parece importante comentar las intervenciones críticas de varios consejeros estudiantes.
Es el caso del consejero de la Facultad de Economía, quien junto con su consejero suplente fue acusado en la sesión anterior de violar la normatividad universitaria por su presunta pertenencia a un partido político, específicamente a Morena. Aunque los consejeros demostraron no pertenecer a ningún partido, la relevancia de su aclaración no radica en esto sino en su reivindicación del derecho de asociación consagrado en la Constitución y la consecuente violación del mismo por introducir en la convocatoria emitida en su momento un requisito anticonstitucional.
Detectamos aquí dos consecuencias importantes de su intervención. La primera, que la destitución del cargo de consejeros que pidió la consejera universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras no tenía ningún sustento jurídico. La segunda, que la normatividad universitaria no está por encima de la Constitución que garantiza el derecho de asociación.
A la petición del consejero estudiante de comunicar el resultado del seguimiento por parte de la Secretaría General, ésta respondió que no habían violado ninguna norma universitaria, y nosotros decimos, los consejeros “acusados” no, pero la administración universitaria sí, por introducir en la convocatoria requisitos anticonstitucionales para elegir a los consejeros universitarios.
Con respecto al Plan de Desarrollo Institucional el consejero estudiante de la Facultad de Físico-Matemáticas lo calificó de deficiente. Para empezar, el debate es muy pobre porque la sesión no es presencial. ¿Qué diálogo puede haber si esta es la tercera sesión virtual del consejo universitario?
Ya refiriéndose al Eje 1, Gobernanza inclusiva para una gestión eficiente, señaló que los cambios se ven a largo plazo, cuando es fácil mejorar los procesos electorales y las actividades administrativas, tanto las elecciones de direcciones de unidad académica, como de consejeros universitarios y de unidad académica, incluso de rectoría. Para el consejero el modelo electoral es antidemocrático y no se proponen cambios.
En cuanto al Eje 3, Docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, señaló que la administración reconoce la brecha entre el docente hora clase y el de carrera, pero no propone nada. La precarización de los docentes lleva años.
Terminó su intervención afirmando que el plan no señala ni cómos ni cuándos, además de que “la escucha ha sido nula”. Por el contrario, las y los estudiantes que se manifestaron en la explanada de rectoría fueron reprimidos. “Dicen una cosa y hacen otra”.
Por su parte, el consejero de la Facultad de Ciencias Políticas señaló que las mesas de trabajo a las que fueron invitados para elaborar colectivamente el plan de desarrollo institucional no son representativas, pues la dinámica de las mismas no les permitió llevar la voz de sus representados.
Aprovechó para volver a plantear una petición hecha en una mesa de trabajo del 6 de marzo pasado, en la que los estudiantes solicitan una retribución económica por el Servicio Social prestado y por las Prácticas Profesionales realizadas, esto con el fin de dotar a las y los estudiantes de medios para concluir sus estudios.
Al respecto podríamos comentar lo siguiente. Cuando se instituyó el Servicio Social obligatorio para las y los estudiantes de las universidades públicas, el pago por su educación no tenía el costo que tiene hoy en día, y la justificación de tal Servicio se fundaba en la justa retribución que cada estudiante daba con su trabajo gratuito a la sociedad que lo sostenía, vía sus impuestos.
Pero la práctica profesional es un concepto distinto. Aquí el estudiante tiene la oportunidad de iniciarse en el terreno laboral, y aunque el procedimiento se da gracias a la colaboración entre dos partes, la universidad y la empresa, quien ofrece sus conocimientos y su tiempo es el estudiante, lo que lo hace merecedor de una compensación económica convenida entre las partes.
El mismo consejero estudiante de la Facultad de Economía que intervino al principio aludió al Eje 1, relevante porque el eje de la gobernanza tiene como objetivo la estabilidad política. En realidad, señaló, enfrentamos la inestabilidad. No sólo hubo un paro estudiantil de casi mes y medio en 2025, sino que se sufre una cultura política que hace que los directivos olviden que dirigen “una institución autónoma y democrática”.
Hay una total desconexión entre éstos y la comunidad estudiantil, pues los directivos se cierran a la diversidad y “optan por violentar a aquellos estudiantes que se organizan fuera de lo oficial” y aquí mencionó a la Preparatoria “Enrique Cabrera”, a la Preparatoria “Alfonso Calderón”, a la Facultad de Filosofía y Letras y a CU2, como lugares en los que se han dado casos de violencia, hostigamiento y represión.
Terminó pidiendo que los directivos “se tomen en serio la gobernanza” mediante el diálogo y la Cultura de Paz”, además de exigir que las sesiones del consejo universitario sean presenciales.
También el doctor Giuseppe Lo Brutto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, coincidió en que la búsqueda de la estabilidad política entraña la apertura a las distintas perspectivas políticas y consideró que los proyectos detonadores (integrales) pueden responder a las demandas estudiantiles planteadas desde marzo de 2025, demandas tanto para estudiar como para trabajar.
Finalmente el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 se aprobó por mayoría.