Hace algunos días en nuestro país se dictó la primera sentencia que castiga, de manera ejemplar, un ataque con ácido a una mujer, lo cual es catalogado como un femicidio en grado de tentativa.
Fue la jueza María de Jesús Cabrera del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México quien condenó a Efrén García a 46 años y 8 meses de cárcel por el ataque con ácido que en 2014 realizó en contra de su expareja Carmen Sánchez.
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Este hecho es de suma relevancia, ya que más allá de ser un acto de justicia que llega después de 9 años para una víctima, es la primera sentencia de este tipo en México, pero también lo es en América Latina, una región que no es ajena a este tipo de violencia contra las mujeres.
Precisamente, Carmen Sánchez es pionera en crear en México y América Latina una fundación que además de llevar su nombre, se dedica a ayudar a otras mujeres que como ella han logrado sobrevivir a estos ataques y deben vivir con las secuelas que les ocasiona, no sólo a nivel físico, sino además emocional y psicológico.
A nivel global, cada año se registran más de 1 mil 500 ataques, sin embargo, se estima que más del 60% no son denunciados, por lo que escapan de las cifras. Gran Bretaña y la India tienen una de las tasas más altas del mundo de ataques de este tipo per cápita.
En Latinoamérica, Colombia encabeza el tablero con aproximadamente 100 ataques registrados al año, a pesar de que en ese país este delito está penado con 50 años de prisión.
Por su parte, en México no existen cifras oficiales del número de ataques de este tipo hacia mujeres, sin embargo, la Fundación Carmen Sánchez lleva un conteo de 28 víctimas en las últimas dos décadas, de las cuales solo 22 han logrado sobrevivir.
Es claro que la falta de sentencias provoca una revictimización lacerante contra las mujeres, ya que no sólo se enfrentan a un sistema de justicia que no les informa de sus derechos ni lleva a sus agresores a la cárcel, sino además deben afrontar a una sociedad que les pone obstáculos para reincorporarse a la vida productiva.
Afortunadamente, en el 2021 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que los actos que inflijan daño con sustancias corrosivas y/o tóxicas, se consideren violencia física en razón de género.
En México la primera entidad que reconoció este delito fue la Ciudad de México en 2019. En 2020 se sumaron el Congreso del Estado de México y posteriormente Oaxaca.
El pasado 2 de marzo de este año el Congreso de Puebla se sumó a estos logros al aprobar que los ataques con ácido y otras sustancias dañinas sean tipificadas como tentativa de feminicidio y castigados con penas que pueden alcanzar hasta los 40 años de cárcel, al considerarlo uno de los más violentos que existe contra las mujeres.
Esta iniciativa conocida como la ‘Ley Malena’ recibió este nombre en honor a la lucha de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019.
Además de este logro tan significativo para combatir la violencia de género, las y los integrantes del Congreso local aprobaron también, en la misma sesión, una reforma al Código Civil y Penal para suspender o quitar definitivamente la patria potestad a padres vinculados a proceso o sentenciados por feminicidio o tentativa contra la madre de sus hijos.
Esta reforma, bautizada como ‘Ley Monzón’ en referencia al emblemático y lamentable caso del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón hace un año, pugna porque los hijos menores de edad puedan ser resguardados por la familia de la madre, así como aumentar a 70 años de prisión contra los feminicidas que maten a mujeres frente a sus hijos.
Puebla es la primera entidad en castigar este tipo de ilícitos que atentan contra las mujeres, es por ello que tanto la ‘Ley Monzón’ y la ‘Ley Malena’ son sinónimo de buenas noticias para un país en el que la violencia contra las mujeres es, literalmente, el pan de cada día; en promedio 10 mujeres son asesinadas a diario.
La realidad es que muy a pesar de estas leyes la violencia contra las mujeres no cesa. Desafortunadamente hace un poco más de una semana se dio a conocer un nuevo feminicidio en nuestra entidad, el cual tuvo como víctima a la joven Alicia Esmeralda y el cual aparentemente fue perpetuado por su novio.
Son hechos que indudablemente indignan y mucho más porque no son aislados, pues según cifras del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, 18 mujeres han sido víctimas de feminicidio en la entidad en lo que va de año.
Por ello es que insisto en que estas leyes son importantes, un gran paso alcanzado, pero también un fuerte incentivo para lograr que esta normativa se materialice en mejores oportunidades y condiciones de vida para las mujeres; dentro de las cuales lo primero es erradicar la violencia en el contexto diario.
Es necesario el trabajo conjunto de legisladores, gobernantes, academia, iniciativa privada, pero también de la ciudadanía en general, para lograr que los violentadores cesen y, si es necesario, sean sentenciados. No podemos esperarnos a ver cuántas mujeres más tienen que ser víctimas, tenemos que actuar hoy para que la meta de la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia sean ya una realidad.