En días pasados la discusión sobre la reforma electoral que pretendía modificar la Constitución fue frenada por la oposición, algo ya presupuestado por el partido en el poder. Sin embargo, de manera inmediata fue presentado el denominado Plan B, con el cual se modifican una serie de leyes secundarias que, de acuerdo con los autores, no se modifica la Constitución, pero ¿en qué consiste?
Cabe destacar que las principales modificaciones tienen que ver con el financiamiento público, la tipificación de los delitos electorales, los medios de impugnación y sobre todo y lo más preocupante con la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), que es en punto donde pretendo depositar la mayoría de las reflexiones, dado que a la fecha no he podido encontrar en ningún medio de comunicación algún debate al respecto.
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Primeramente y de manera muy general, cabe aclarar que el INE cuenta con 300 órganos distritales distribuidos a lo largo y ancho del país; en cada uno labora personal tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como de la rama administrativa. La LGIPE establece que una Junta Distrital se conforma por un número de 5 vocales, la cual actúa como órgano colegiado y dirige las acciones del INE en cada distrito.
Con el llamado Plan B se pretende desmantelar esta estructura para dar paso a órganos temporales que funjan únicamente en periodos electorales, ¿qué riesgo existe en esto? El problema radica en que los funcionarios temporales son más vulnerables a estar influenciados por agentes externos (léase partidos), por el poco compromiso institucional y por la falta de preparación y capacitación para llevar avante un proceso electoral.
Reducir los costos de las elecciones con la disminución del personal, pone en grave riesgo la calidad con la que se realizan los procesos, esto se evidencia en el modelo electoral que predominó en México durante el siglo XX, en donde no existía un funcionariado especializado en materia electoral, solo organismos temporales; los resultados fueron evidentes, el partido político hegemónico logró hacerse con los cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal por décadas.
La reforma electoral a leyes secundarias debe contemplar cómo organizar elecciones que garanticen certeza, imparcialidad y legalidad a partir de cuestiones operativas y objetivas.