El Plan B ha generado entre la población un sin número de manifestaciones, tanto a favor como en contra. Estamos ante tiempos peculiares pues nunca una reforma electoral había sido tan cuestionada e impugnada, pero, ¿a qué se debe este cuestionamiento?

Es necesario partir del contenido de la misma, y de ciertos antecedentes históricos desde la creación del IFE en 1990, donde se buscó consolidar una institución partiendo de una serie de principios rectores que delimitaran de manera clara su actuar. Para 1992 se creó el Servicio Profesional Electoral, un sistema de carrera que ha dotado al instituto de personal calificado para organizar las elecciones de manera escrupulosa, lo que ha permitido que a la fecha se hayan organizado más de 300 elecciones a lo largo y ancho del país, permitiendo así la renovación periódica y pacífica de los cargos de elección popular.

Con el Plan B publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, se desaparece poco más del 80% del personal del Servicio Profesional Electoral, lo que implica el dejar de contar con funcionarios capacitados y experimentados para realizar las diversas actividades electorales, ¿y cuál es el problema en esto? Al realizar elecciones que no cuentan con un grado alto de exactitud la probabilidad de que éstas sean impugnadas es mayor, creando así inestabilidad y riesgos a la gobernabilidad.

Mucho se ha debatido sobre lo aparentemente costoso que resulta el INE, sin embargo, debemos de juzgar a partir de los resultados que se entregan con objetividad; los costos de la ingobernabilidad son incalculables. Será en estos meses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos.

El simple hecho de que, a estas alturas previo a un proceso electoral, nos encontremos debatiendo sobre la propia organización de los comicios es un presagio de que no estamos transitando en la dirección correcta.