Los debates acerca de la necesidad de la reforma electoral se han convertido en una larga serie de discusiones entre aquellos que defienden desde las cúpulas del poder la iniciativa del Presidente, y aquellos que optan por una perspectiva más conservadora sobre el sistema electoral mexicano.
Pero… ¿es necesaria una reforma electoral en 2022? En primer término, recordemos que las reformas electorales en México, en su mayoría, han respondido a fenómenos sociales y a la presión partidista por democratizar el sistema político; ejemplo de ello es la famosa reforma de 1977, que no fue, sino resultado de los acontecimientos suscitados en Tlatelolco, o la reforma de 1991, la cual respondió a la efervescencia política de las míticas elecciones de 1988.
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Ahora bien, una vez con esto en mente, vale la pena analizar que no existe una coyuntura o una presión social que empuje la necesidad de reformar el sistema electoral. Este imperativo deseo procede exclusivamente de Palacio Nacional; ni los ciudadanos ni los partidos políticos habían hecho pública esta demanda.
Todo sistema y en general, cualquier hechura del hombre es perfectible, eso es indiscutible, por ello podría decirse que una reforma con características hacia la mejora siempre será bienvenida, y esta debe ser la cuestión del debate. Por tanto, me gustaría enlistar una serie de elementos que, a mi juicio, no pueden ser sujetos a debate y/o su eliminación, y una breve explicación, dado que representaría un retroceso en el desarrollo democrático del país.
1. La representación proporcional: Toda democracia debe garantizar la representación del mayor número de fuerzas políticas, ello implica que exista debate y pluralidad.
2. Autonomía del órgano electoral: México tiene experiencia sobre la organización de elecciones a manos del gobierno, lo que se tradujo en mayorías absolutas y hegemonía unipartidista durante el siglo XX.
3. Reducción de atribuciones: Las tareas encomendadas al INE, no solo se relacionan con la organización de elecciones, existe un sinfín de actividades que realiza en cuanto al registro federal de electores, la fiscalización, la promoción de la educación cívica, la administración en tiempos de radio y televisión, etcétera. Reducir sus atribuciones implica debilitar al órgano y acortar su rango de acción.
Finalmente, el punto crucial de esta reforma es la reducción de los gastos que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE); si bien puede parecer caro a primera vista, también se debe analizar de acuerdo con el número de actividades encomendadas y a la solidez que da a nuestro sistema político. Desaparecerlo es la propuesta más peligrosa que puede hacerse en el marco de la democracia, ello implicaría la manipulación de la actividad electoral y el retroceso político de nuestro país.