Aunque el documento de trabajo denominado Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, dado a conocer en enero de este año, está diseñado para redefinir la estructura de la educación primaria y secundaria, contiene un amplio diagnóstico del sistema instrumentado desde hace cincuenta años, desde 1973 según lo indican, y constituye un documento para el análisis y la reflexión.
Asimismo, contiene pronunciamientos respecto a cómo conciben sus autores a la educación: “…todo planteamiento educativo, sobre todo desde la escuela pública, es un proyecto político ya que implica una práctica humana dirigida a alcanzar determinados propósitos, por lo que los diferentes grupos y sectores de la sociedad están interesados en definir qué contenidos van a conformar el currículo, cómo se van a enseñar, por quiénes, en qué condiciones, con qué saberes y qué herramientas.” Esto significa, entre otras cosas, que no hay un sistema educativo neutral, y esta ausencia de neutralidad no sólo se refleja en los contenidos programáticos de los planes de estudios sino también en las formas de gestión y de gobierno del propio sistema.
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Concebir al sistema educativo como proyecto político nos permite entender por qué la administración de ese sistema se sustentó en la visión desarrollada por la llamada tecnología educativa, visión que las sucesivas administraciones de la BUAP no tuvieron ningún inconveniente en asumir, puesto que esta perspectiva de la educación les facilitó la suplantación de los verdaderos protagonistas del proceso educativo: los docentes y los estudiantes.
“la tecnología educativa planteó una forma de ver la educación a través de la enseñanza de procedimientos, aptitudes, conocimientos y habilidades. Así, se establece el uso de instrumentos para la evaluación, la planeación y los procesos formativos, definidos desde los objetivos de aprendizaje, de manera eficiente, rápida y a menor costo, a partir de una idea sobre el conocimiento arraigada en el supuesto carácter universal del saber científico, que resulta excluyente de otras formas de pensamiento”.
Efectivamente, recuerdo que siendo consejera universitaria me tocó escuchar a Philip Coombs, exdirector del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, invitado por el rector en 1991. En esa ocasión, su visión, derivada de la tecnología educativa, nos pareció totalmente contraria a lo que habíamos vivido los que participamos en el movimiento de la reforma universitaria, en mi caso desde 1968 y, en Puebla, desde 1970 con la creación de la Preparatoria Popular como su signo más visible. “Algo olía mal”.
Esta visión política del sistema educativo nos permite entender también por qué, la Ley de la BUAP y el Estatuto Orgánico, productos ambos de esta reforma universitaria, se constituyeron en un estorbo que gradualmente han ido removiendo con las sucesivas reformas a los mismos: la reelección del rector en 1998 y la aprobación de distintos Reglamentos que han ido sustrayendo la conducción de la universidad a los organismos colegiados de gobierno para centralizar cada vez más el poder de decisión en el aparato burocrático.
Han consumado la contrarreforma, pues lo que señala el Estatuto respecto a las facultades del Consejo de Unidad, por ejemplo, ha sido “anulado” por los Reglamentos, jerárquicamente inferiores que han “facultado” a la rectoría y a las vicerrectorías para restarles autonomía a las unidades académicas en todos sus procesos. El central, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha acabado por comprimirse en los llenados de “plataformas”, cuya preeminencia tecnológica ha eliminado toda la contribución significativa y creativa de docentes y estudiantes.
El documento de trabajo mencionado también señala: “En el Artículo 3º de la Constitución se estableció que: [...] las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social […] Esto significa que el magisterio nacional no son empleados que facilitan conocimientos, ni tienen la función de reproducir mecánicamente contenidos, actividades didácticas y criterios de evaluación a sus estudiantes”.
Obviamente en el marco de la visión eficientista era inevitable la depreciación de la fuerza de trabajo magisterial, porque así se nos considera: una mercancía más por la que no se tiene que pagar más que lo indispensable, dado que es absolutamente sustituible. Un programa estandarizado dictado virtualmente basta. Como si la formación de un estudiante pudiera reducirse a eso.
La pandemia ya nos lo mostró: la enseñanza presencial es el paradigma de la educación integral de nuestros estudiantes.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia asumir el proyecto educativo universitario como un proyecto político que ponga en manos de los verdaderos protagonistas de la educación la conducción de la universidad, por encima del grupo empoderado en la administración central?