“La expresión simple de las verdades elementales sobre el hombre, la nación, el bien común, la justicia, la libertad y el orden, empieza a constituir ya una idea-fuerza, como decían los sociólogos de ayer, o una mística, como se ha dicho siempre para nombrar ese ímpetu espiritual que hace del heroísmo o de la santidad estilo de conducta individual, y empuja incontrastablemente los grandes movimientos sociales y nacionales”.
Manuel Gómez Morin
El trabajo legislativo de su servidor ha sido y será en todo momento apegado a derecho, por ello es extraño que ante la presentación de la Iniciativa sobre Difamación y Calumnia surgieron voces inconformes argumentando (y otras no) su postura, lo que realmente es gratificante para el legislador pues uno de los objetivos es la discusión y si trasciende los límites de Congreso del Estado, es mejor. Incluso hubo una opinión que llegó al extremo de afirmar que mi propuesta era producto de una venganza personal, que es tanto como si yo afirmara a priori, que ese comunicador recibe dádivas del poder en turno; yo estaría fuera de lugar como su propia afirmación. La ley es de observancia general y se le aplica a ejecutivos, diputados, comunicadores y ciudadanos.
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Pero lo que no es concebible es que, en la defensa de los derechos de libertad de expresión se transgredan los derechos de otros, como el mismo de expresión, y el que ampara a las y los legisladores para presentar iniciativas.
Por ello me permito dar contestación puntual a los grupos y asociaciones que posicionaron sobre la iniciativa y hacia mi persona:
La defensa de los Derechos Humanos es una obligación moral para todas y todos. Merecen todo mi respeto las asociaciones, colectivos, agrupaciones y demás quienes se distinguen en la sociedad por hacerlo, sin embargo, con humildad debemos reconocer la participación de todos en esta noble tarea en beneficio de la humanidad.
Los derechos de Libertad de Expresión y Libertad de Prensa contemplados en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Magna, son derechos de todas y todos los mexicanos y ninguna agrupación por más reconocida que sea o se auto perciba, debe asumirse como los garante de estos. Ya que es obligación respetar y ser respetado.
Por los motivos mencionados, debo expresar que no comparto, ni acepto que se me violente como Ciudadano Mexicano, mi Derecho a la Libertad de Expresión, consagrada en el artículo 6º Constitucional. No comparto, ni acepto que se me intente violentar en mi legítimo derecho que consagra la Fracción V del artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para presentar proyectos de ley ante el Congreso del Estado. Y mucho menos comparto y acepto que se me violente en mi legítimo derecho como Diputado Local -previsto en los artículos 38 y 63 Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla- a expresar mi opinión a través de una iniciativa de ley y a presentarla ante el Congreso del Estado para su análisis y discusión de quienes se encuentran facultados para ello. Por lo que rechazo el intento a exigirme abstenerme a presentar la iniciativa, por parte de quienes, pretenden asumirse indebidamente poseedores del derecho de todos los mexicanos a la libertad de expresión.
Reitero, nada tiene que ver con el trabajo profesional, ético, responsable y hasta heroico que realizan los profesionales de la comunicación y la labor que hacen los diferentes medios de comunicación día con día de informar a los ciudadanos de los diferentes temas que atañe a nuestra sociedad y sobre todo el papel fundamental que ha jugado, que juega y seguirá jugando los medios de comunicación en nuestra democracia, con el hecho de que un particular invada la esfera de derecho de otro particular inventando un hecho falso para causarle un daño en su imagen poniéndolo al desprestigio y desprecio de los demás integrantes de una determinada comunidad.
La difamación y calumnia no son libertad de expresión o libertad de prensa.
Una vez que la iniciativa sea tratada en Comisiones solicitaré la celebración de foros de consulta donde todos los que deseen vertir sus opiniones sobre el tema -más no sobre su servidor-, sean escuchados por las y los legisladores.
Dejemos que el proceso legislativo se lleve a cabo y yo me sujetaré a la decisión democrática de la mayoría. Escuchemos a todas y todos en un ambiente de libertad de expresión y no de censura y condena.
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