Hay actos que, por sí solos, dicen más que cualquier discurso. Lo ocurrido en el Congreso del Estado de Puebla no es un hecho menor. No es logística, no es cercanía institucional y tampoco es una coincidencia. Es, en realidad, una señal más que clara de cómo se está entendiendo y ejerciendo el poder.
El titular del Ejecutivo estatal decidió trasladar su conferencia tipo “mañanera” al recinto legislativo. Y ahí es donde comienza el problema. Porque en un Estado democrático, los espacios no son intercambiables.
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El Congreso no es un foro de comunicación política; es un poder del Estado. Allí se legisla, se debate y, sobre todo, se ejerce el control sobre el Ejecutivo.
Por eso, la presencia del titular del Ejecutivo estatal en ese recinto tiene reglas claras. La ley establece momentos específicos en los que debe acudir, por ejemplo: rendir su informe de labores, tomar protesta o atender convocatorias formales, puede ser hasta actos meramente institucionales, NO políticos ni propagandísticos.
La llamada “mañanera” no es un ejercicio institucional, es una herramienta de comunicación política de la 4T que responde a una lógica clara para controlar la narrativa, marcar agenda y construir una imagen pública. Y cuando esa lógica se traslada al Congreso, lo que ocurre no es diálogo entre poderes es una total invasión.
Más aún cuando desde ese espacio se utiliza la palabra no para rendir cuentas, sino para descalificar. Porque no pasó desapercibido que, desde el recinto legislativo, se emitieron señalamientos contra una de las fuerzas políticas que integran el propio Congreso. Eso, en cualquier democracia, debería encender alertas.
Es decir, el Ejecutivo no solo ocupó el espacio del Legislativo, también lo utilizó para confrontar desde dentro y eso rompe con todo principio de equilibrio institucional. Porque el Congreso no puede convertirse en escenario de propaganda, ni la tribuna en ataque.
Pero el suceso no termina en la 'mañanera'. De hecho, empieza antes, ya que previo a ese ejercicio un reportero cuestionó al gobernador sobre un tema delicado: la reserva de información relacionada con sus traslados. El uso del helicóptero no es un asunto menor; se trata de información pública que su propio gobierno decidió clasificar por cinco años, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos.
La respuesta del Ejecutivo fue posponer la explicación, a lo que contesto: “Se responderá en la mañanera”.
Y lo que vino después no fue una respuesta, fue una descalificación. Desde el propio aparato gubernamental, a través del Coordinador de gabinete, se optó por una salida ya conocida, atribuir las críticas a una supuesta “derecha fascista” que según su narrativa se dedica a tergiversar la información.
Sin embargo, la realidad volvió a incomodar, porque quienes respondieron no fueron actores políticos, fueron periodistas: voces que, lejos de alinearse a una postura ideológica, contrastaron los hechos, cuestionaron la reserva de información y evidenciaron inconsistencias.
Es decir, el problema dejó de ser político y se volvió informativo, y ahí es donde el discurso empieza a romperse; cuando la respuesta a una pregunta legítima no es información, sino descalificación, lo que queda en evidencia no es la fuerza del gobierno, sino su incomodidad frente a la transparencia.
Y aquí surge una pregunta inevitable, necesaria y profundamente incómoda: dado que la decisión de ceder el recinto legislativo al Ejecutivo no pasó por la JUGOCOPO, ¿el presidente del Congreso ha perdido la neutralidad a la que está obligado?
Porque permitir que el recinto legislativo sea utilizado con fines políticos no es un gesto menor, es una decisión. Lo ocurrido no es solo una “mañanera”. Es la normalización de una práctica que desdibuja los límites entre poderes.
Y es que entonces surge una pregunta de fondo, una que no debería incomodar pero que hoy resulta inevitable: ¿Dónde queda la división de poderes?
Y no se trata de una interpretación política, está en la Constitución. La división de poderes no es una sugerencia, sino un principio fundamental del Estado mexicano. El artículo 49 de la Constitución Mexicana define con claridad que el poder público se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, precisamente para evitar su concentración.
Y es que cuando esa narrativa se construye desde el Congreso, lo que se envía no es un mensaje de coordinación entre poderes, es una señal de subordinación. No es el Ejecutivo dialogando con el Legislativo; es el Ejecutivo absorbiendo al Legislativo.
Mientras el Poder Legislativo abre la puerta a la propaganda, la división de poderes deja de ser una práctica real y se convierte en una simulación. Se mantiene la forma; hay Congreso, hay sesiones, hay discursos, pero el fondo cambia: el poder se concentra, la crítica se diluye y los contrapesos se vuelven incómodos.
Porque la división de poderes no es un concepto decorativo. No es una idea abstracta para los libros de derecho. Es un principio diseñado precisamente para evitar la concentración del poder en una sola persona.
Parece que el Ejecutivo estatal, ya no distingue entre lo institucional y lo político, ha perdido la brújula, una cosa es ejercer el poder y otra muy distinta es querer ocuparlo todo.
El Congreso no es foro, no es escenario y no es herramienta; es un poder del Estado y cuando deja de serlo, lo que se pierde no es un espacio, sino el equilibrio democrático.
Porque una cosa es coordinarse entre poderes y otra muy distinta es someterlos.
Cuando el poder ya no distingue entre lo institucional y lo político, cuando convierte cualquier espacio en plataforma y cualquier acto en mensaje, lo que queda en evidencia es algo más profundo; que el Ejecutivo estatal ha perdido la brújula, y cuando eso ocurre, ya no se trata de gobernar se trata de controlar.