El reciente feminicidio de María Fernanda Conteras en Monterrey ha despertado las alertas por feminicidios y personas desaparecidas en Nuevo León y a su vez, ha escandalizado e indignado a todo el país por la falta de seguridad en dicho estado y las pocas acciones jurídicas y legales para detener y castigar a los culpables.

En los últimos días en Nuevo León se ha visto una ola de violencia de género donde se han registrado al menos 15 mujeres desaparecidas, cifra alarmante que muestra una crisis a la que, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, las personas registradas se fueron voluntariamente sin avisar a sus familiares, minimizando la gravedad de los hechos.

En el caso específico de María Fernanda Contreras, su hermana con respecto a lo sucedido publicó en Twitter: “Lo peor es que las autoridades no hagan lo suficiente, se les proporcionó la ubicación del celular de mi hermana y no fueron”, demostrando como la falta de acciones inmediatas de las autoridades puede ser decisiva entre la vida y muerte de una persona.

En materia de género, las cifras de feminicidio durante 2021 y lo que va del 2022, muestran que es un problema que no está cercano a desaparecer. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, en 2021, se registraron mil 6 feminicidios, de los cuales, 37 fueron cometidos en Puebla.

Para 2022, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostraron que entre enero y febrero se cometieron 157 feminicidios, 6 de ellos registrados en Puebla.

Y, a pesar de que se afirma que, en el segundo mes del 2022, los casos disminuyeron un 29.2%, las cifras generales no muestran una disminución: en 2019 se presentaron 973 casos; en 2020, se registraron 978 casos y mil 6 en 2021.

A ello, el día de ayer Carmen Rosa Villa Quintana, como representante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, presentó el informe con respecto a personas desaparecidas en México, donde explica que una de las principales razones por las que estos delitos siguen ocurriendo es la impunidad.

Villa Quintana comenta que: “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”.

En numerosas ocasiones, la indiferencia y revictimización son factores palpables que no permiten que la justicia y acción inmediata se lleven a cabo. El sistema judicial aún tiene una estructura machista que es necesaria remover para poder tomar acción desde el compromiso de dar justicia a la víctima.

Cuando se intenta culpar a la víctima por la situación con frases comunes como: “Su falda era muy corta”, “Pero qué hacía afuera de noche”, e incluso en el discurso político “No desapareció se fue con el novio”. Se está dirigiendo la culpa a la víctima y no al culpable del delito, es decir, se está justificando el mismo.

La gravedad de tomar una postura de indiferencia desde el Poder Judicial radica en que no se tomarán acciones pertinentes e inmediatas para prevenir o dar justicia a un delito. Y en tanto estos se sigan justificando y minimizando los delitos de género: violencia, acoso, desaparición e incluso feminicidio, no pararán.