La constante intención de regreso a prácticas monopólicas, centralización, pago de costos exorbitantes, además del creciente daño al medio ambiente, ha sido una de las principales amenazas a la economía nacional.
Desde la primera señal del Ejecutivo federal mediante su Decreto del 9 de marzo de 2021 en la que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica ante el que se promovieron amparos, logrando la suspensión definitiva de los efectos de dicho decreto de 2021. La intención de centralizar la producción de energía eléctrica a través del Estado privilegiando el uso de energías fósiles sobre energías renovables daba cuenta de la intención de la política pública en materia energética en el primer nivel de gobierno.
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Es así que en octubre de 2021, el Ejecutivo tuvo a bien emitir una propuesta de reforma constitucional en la que se propone modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de dar paso, sin riesgos de amparos y suspensiones otorgadas resultantes, a la modificación de la política energética del país en términos de la producción de energía eléctrica por parte del Estado, limitando la producción por parte del sector privado a 46 por ciento del mercado y dando a la Comisión Federal de Electricidad el restante 54 por ciento.
La penitencia
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Mexicana, en su Artículo 135, “para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de esta, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.”
Si bien, la dictaminación de dicha iniciativa se preveía para el 15 de abril de 2022, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales solicitó a la Cámara de Diputados una prórroga adicional mediante oficio firmado el 2 de marzo de 2022 “debido a que los temas constitucionales son de relevancia y requieren mayor tiempo para su análisis, discusión y en su caso aprobación.”
Mientras tanto, el hecho es que la iniciativa de reforma constitucional ha elevado los niveles de incertidumbre para la inversión, especialmente en la generación de energía eléctrica tanto nacional como internacional. En términos concretos, Duff & Phelps, división de Kroll, una de las empresas globales más importantes en evaluación de riesgos, calcula que entre 30 mil y 50 mil millones de dólares están detenidos debido a la incertidumbre generada por la reforma energética. Asimismo, el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés), en voz de su presidente para América Latina, Ramón Fiestas Hummler, estimó que México perdería hasta 3 mil millones de dólares en inversiones eólicas y hasta 6 mil millones de dólares al año en inversiones en el sector fotovoltaico.
En tanto, al cierre de 2021 nuestro país registró un retroceso a 453 millones de dólares en 2021 viniendo de niveles de 5 mil millones de dólares en 2018 en inversión extranjera directa en el sector eléctrico. En tanto, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, a través del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL por sus siglas en inglés), calcula que la propuesta de reforma constitucional resultaría en un incremento en el costo de generación de energía eléctrica entre 32 y 54 por ciento, mientras que las emisiones de bióxido de carbono (CO2) se incrementarían entre 26 y 65 por ciento.
En este sentido, no es de sorprenderse que la embajada estadounidense en México, en voz del embajador Kenneth Salazar, se ha pronunciado en diversas ocasiones en México y en Washington D.C. respecto a las “serias preocupaciones” y “no sé a dónde vamos a llegar con la reforma eléctrica”; a la vez que el embajador canadiense en México, Graeme C. Clark recientemente expresó que dicha propuesta representa “un irritante” en la relación con los países socios del T-MEC. Y hablando de cumplimiento de tratados, recordemos que México, en la COP 26, la cumbre más importante en materia de materia de cambio climático emanada del Acuerdo de París realizada la primera y segunda semana de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, propuso nuevamente una reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEIs) de 22 por ciento y en 51 por ciento el carbono negro, hacia el año 2030, a través de sus dignas representantes, María Luisa Albores González (SEMARNAT) y Martha Delgado Peralta (SRE).
La cereza del pastel es que la coalición ‘Va por México’ conformada por PRI, PAN y PRD, en voz de Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, declaró que esta coalición presentará su propuesta con dos componentes: 1. Hacia la transición energética, y 2. Que respete tratados internacionales, rasgos que claramente Ken Salazar y John Kerry, enviado especial en materia de Cambio Climático, han manifestado no se cumplen en la propuesta del Ejecutivo Federal, quien ha reiterado el jueves pasado que “la propuesta se queda como está”. Nada menos, hace unas cuantas horas, el lunes 4 de abril, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, publicó en su cuenta de Twitter que “…por convicción partidista y lealtad a México, el voto del PRI en la Cámara de Diputados será EN CONTRA de la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal.”
La tentación
Pese a la solicitud de prórroga adicional al acordado para dictaminar la reforma el 15 de abril de 2022, la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tuvieron a bien convocar el 23 de marzo para reunirse el 24 del mismo mes a primera hora para analizar, discutir y aprobar la reforma en la que se propone como objetivo dictaminar por parte de esta cámara dicha reforma el muy atractivo 13 de abril, para ser enviada al Senado un día después, el 14 de abril, Jueves Santo, con lo que convenientemente habrá ya acontecido el tan polémica consulta de “revocación de mandato” y la opinión pública estará convenientemente dispersa.
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