Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los criterios que utilizan los gobiernos locales para reclutar a su personal, en particular a los que ocupan los puestos más importantes en la estructura administrativa. No se trata de un prurito ideológico: sobre ellos recae la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas públicas locales, que hipotéticamente redundan en mayores estándares de bienestar y libertad entre la población.
La ley deja en manos del Poder Ejecutivo local (encarnado en la persona del Presidente Municipal) la decisión de nombrar libremente a su equipo inmediato (secretario general, directores generales, tesorero, comandante), con el fin de dar cumplimiento cabal al Plan Municipal de Desarrollo, y entregar a la población resultados de calidad en el menor tiempo posible. He aquí en dos pasos la esencia de la administración en los ayuntamientos.
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La evidencia demuestra que la eficacia y eficiencia en el desempeño del encargo municipal está en función no de cuánto presupuesto se dispone para gastar, sino de las capacidades de los funcionarios designados. No se trata de buena o mala voluntad. Se trata de cómo se entienden y enfrentan los problemas, y con base en qué diagnósticos y presupuestos teóricos se toman las decisiones.
Lo que priva hoy en la mayoría de los ayuntamientos, que no sean las cinco ciudades grandes de la entidad poblana, es la improvisación, y en el mejor de los casos, el ensayo y error. Amén de lo que es llamado pomposamente como “curva de aprendizaje”, un dilatado proceso de declarada incompetencia que en algunos casos se prolonga durante los tres años. ¡Nunca aprenden! La aprobación de la reelección inmediata de alcaldes busca remediar la incompetencia.
He aquí una de las razones de porque la mayoría de los ayuntamientos terminan haciendo las veces de oficinas desconcentradas de las dependencias del gobierno del Estado, y envilecen el sentido del orden federalista. Carecen de estrategia, programas y proyectos propios, y los que sobreviven son degollados porque en general provienen de administraciones pasadas. Reconocerlos es equivalente a validar positivamente a los antecesores, y eso en la cultura política de los pueblos, jamás de los jamases.
El tema tiene que ver con la experiencia que se teje alrededor la exdirectora de Cultura en el ayuntamiento de Huauchinango en la pasado administración municipal (2018-21), Alba Jacobed Florentino Lira. El asunto no se reduce a quién se va y quién llega. Tiene que ver con el imperativo de profesionalizar los servicios de cultura en los municipios, y hacer efectivo el derecho de ley de acceso a los bienes culturales y artísticos, independientemente de la condición social y étnica de las personas.
Tengo entendido que por segunda vez en un periodo de cuarenta años esa dirección contó con un profesional de la difusión cultura: antropóloga, mujer, indígena, de una comunidad de Huauchinango (eso mancilla el Honor de los blancos de la cabecera), con experiencia probada en la materia, con mucha capacidad de gestión, y tal vez lo más importante, con una visión humanista y plural de la cultura. La cultura no son las manualidades, o no sólo. Alba rebasó con mucho esa visión provinciana y excluyente, y metido la perspectiva pluricultural como eje de acción.
Me parece que su capacidad técnica e intelectual no está en duda. Tan no lo está que ahora mismo tiene en proceso la edificación de un par de museos en esa jurisdicción: el de Cuaxicala y de Atuendos Indígenas de la Sierra, con apoyos económicos que no provienen del ayuntamiento.
Además, y por primera vez en cuatro décadas, bajo su dirección y gestión, se dignificó la infraestructura cultural, mediante la implementación de un proyecto arquitectónico general, con una inversión de 2.5 millones de pesos. Algo inédito tratándose de cultura y de un ayuntamiento de pueblo. Además de Morena.
Con esto quiero ponderar la importancia de que las áreas ejecutivas de cultura en los ayuntamientos se profesionalicen; que vayan más allá de atender acrítica y ciegamente los postulados y acciones que mandan de la capital, y diseñen políticas locales con base a estudios y diagnósticos robustos, y acciones basados en criterios multiculturales; para lo que se precisa de los profesionales y expertos de la cultura. No pierde el ayuntamiento ni los grupos políticos, pierde la población en general.
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Elogio a Martín Luna
El fin de semana concluyó en Huauchinango un taller de bordados con niños que implementó Martín Luna, el único sobreviviente de un proyecto regional que entre finales de los años ochenta y principio de los noventa fue, en muchos sentidos, una presencia precursora en materia de reconocimiento de la cultura indígena, en una de las regiones más importantes del país y a su vez más olvidada: la Sierra Norte de Puebla.
Hay que decir que fue hasta entonces cuando por primera vez los indios fueron reconocidos como sujetos portadores de esa peculiaridad que humaniza y dignifica a los individuos: la cultura; también por vez primera la entonces novísima Casa de Cultura del pueblo de mestizos de Huauchinango franqueó el paso a nahuas y totonacos.
De mala gana al parecer, según las crónicas de la época, pero cruzaron sobre ese recinto reservado a los grandes espíritus de la Cultura. El cura, más radical, lo juzgó de profanación, y acto de superchería; y se desataron los díceres, sobre los que tengo entendido aún no cesan. El conflicto con el párroco por los espacios de la Casa de la Cultura persiste vigoroso como hace cuarenta años.
Aquellas acciones pusieron en duda los resortes que legitimaban la superioridad moral, intelectual y política de unos grupos sobre otros. Los mestizos “de razón” sobre los indios naturales. No se entiende el paisaje de participación política que se observa ahora en las localidades nahuas y totonacas de la región, sin la presencia y la acción de investigadores, promotores, pero sobre todo por los programas implementados por Culturas Populares. Esa noble institución desapareció con la salida de Guillermo Bonfil Batalla y Marta Turok, hacia finales del siglo pasado. Por eso digo, Martín es una sobrevivencia rara de aquella estirpe.
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Chayo News
En los años ochenta y noventa un grupo de antropólogos intelectuales postuló que la solución a los males de los pueblos indios pasaba porque los indígenas tomaran la sartén por el mango y fueron ellos mismos los que diseñaran e implementaran las acciones públicas en sus respectivas localidades. A eso se le llamó indigenismo de participación, y tuvo cierta popularidad en el discurso populista de cubículo. Con ese fin se idearon grandes proyectos educativos desde el Estado; fue como nació la carrera de etnolingüista, dirigida a jóvenes hablantes de lenguas nativas. Gracias a ese programa se encumbró una nueva burocracia en las instituciones, aduciendo derechos de sangre. No voy a opinar si esa burocracia es más o menos eficiente que las anteriores. Lo que sí puedo afirmar es que por primera vez una comunidad indígena de Puebla condiciona la presencia de proyectos en su jurisdicción a la no participación (ni siquiera presencia) de un par de antropólogos identificados con nombre y apellido, indígenas, de la misma localidad y con puestos relevantes. He postulado en otra parte que Bonfil no murió en un accidente; el suyo fue suicidio: los indios de carne y hueso no son como el suponía, y eso le dolía en el alma.