¿Y dónde quedan los derechos Sr. Presidente?

Jueves, Noviembre 25, 2021 - 11:16

La reserva de información de los megaproyectos vulnera los derechos fundamentales de la población

Poblana, estudiante de Comunicación, fotógrafa, egresada del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, creadora del blog El Centinela Journal,  https://elcentinelajournal.wixsite.com/elcentinela Amante de descubrir nuevos lugares, lectura, música y Fórmula 1  

El lunes pasado en la conferencia mañanera y el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer que las obras de infraestructura y proyectos realizados por el gobierno federal serán considerados como de “seguridad nacional”, lo que quiere decir que pasan a ser información reservada.

Con esto, se “protegerán” los megaproyectos y obras principales que el gobierno en turno está llevado a cabo: el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto se hace bajo el argumento que agilizará las obras y permitirá terminarlas con mayor rapidez, pero esta decisión va en contra de lo que dicta las leyes en la Constitución.

De acuerdo con varios expertos, la decisión tomada tiene que ver con los constantes amparos para seguir con las obras, donde las personas locales y que se encuentran en zonas aledañas a los proyectos están en desacuerdo de su realización.

En el caso del Tren Maya y la consulta popular a pueblos indígenas, instrumento que presume el gobierno federal como exitoso, la ONU refirió en 2019 que la consulta no se llevó a cabo siguiendo los estándares internacionales, que comprenden que estos procesos tienen que ser libres, informados y culturalmente adecuados.

Tal y como menciona la oficina de ONU México: “se observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”.

Además de que la metodología sobre dónde, cuándo y cómo sería realizada la consulta se dio de forma unilateral, sin tomar en cuenta lo que pensaban los pueblos originarios, por lo que se deduce que el consentimiento no se dio con las condiciones e información necesaria para darlo, comenta la ONU México.

Así, los proyectos como el Tren Maya al igual que la refinería Dos Bocas, no toman en cuenta el impacto ambiental que tendrán, sino el beneficio económico a corto plazo pero no los estragos que generarán ambientalmente a largo plazo.

Por lo que declarar información reservada todo lo que tenga que ver con ello, limita la posibilidad de que las personas puedan opinar sobre el rumbo que deben seguir dichos proyectos; aspecto sumamente importante en un país democrático.

A pesar de que desde el punto de vista administrativo pueda sonar como una buena opción reservar la información; en el plano de la realidad, este decreto es grave ya que violenta los derechos tanto como los de personas que se encuentran en desacuerdo con la realización de los proyectos, como los de la ciudadanía en general.

Un decreto de este tipo no sólo limita la posibilidad de conseguir amparos para detener la construcción de proyectos donde un gran número de personas se encuentra en desacuerdo, si no también limita la rendición de cuentas y el derecho a la información.

La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para mantener un control sobre cómo se utilizan los recursos, además de ser fundamental para garantizar la democracia en el país. Las consultas de información por medio del INAI permiten que no se centralice la fuente de los datos y pueda indagarse sobre lo que realmente estos explican.

Es común, escuchar la frase “yo tengo otros datos” en conferencias mañaneras, cuando se confronta al presidente con los datos de sus mismas secretarías, por los que no tener acceso a la información sobre lo que ocurre con los megaproyectos abre la puerta a la corrupción sin que la ciudadanía pueda hacerle frente.

Declarar información como “seguridad nacional” de forma tan arbitraria es preocupante dado a la situación de derechos humanos en el país; el derecho a la información es lo que permite a la ciudadanía tener herramientas y datos para conocer lo que sucede y tomar decisiones, sin esto, queda a la merced del juico de quienes detentan el poder, los cuales no velan por sus propios intereses.

Este tipo de acciones muestran completa necedad a escuchar lo que realmente necesita la población, y hace vista ciega a salvaguardar los derechos fundamentales de quien el presidente está a cargo de servir.

Nuevamente las acciones gubernamentales a nivel federal traen un mensaje de indiferencia donde se puede percibir una posición donde sólo importa lo que el Presidente piense y no los derechos de la población, hecho que pone en riesgo el estado democrático del país.


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