El pasado 31 de octubre hubo una explosión en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, una de las 17 juntas auxiliares que conforman el municipio de la ciudad de Puebla. El punto donde una ordeña clandestina se salió de control es en la Avenida Gasoducto esquina con Avenida Ferrocarril, en donde por lo menos dos personas fallecieron y hay daños materiales importantes.
A lo largo de este sexenio ha habido ya varias tragedias: Tlahuelilpan, en donde justamente por ordeñar un ducto más de cien personas perdieron la vida o también la tragedia de la Línea 12 del Metro de la CDMX. Todos ellos tienen un punto de encuentro: la corrupción e impunidad.
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En el caso del ducto de San Pablo Xochimehuacan que es zona urbana, surgen varias preguntas. La primera es si ya se revisaron las autorizaciones de protección civil para edificar sobre un ducto de PEMEX, porque si es violatorio al reglamento las autoridades permitieron dichos asentamientos; y finalmente, si ya tenía conocimiento el secretario de Gobernación municipal, Rene Sánchez Galindo y la presidenta Claudia Rivera, por qué desestimaron las denuncias.
Todas esas preguntas aplican para cualquiera de los casos que hemos visto, desde quiénes son los responsables de la autorización; ya que si había reportes, por qué no los consideraron. El caso es que la CORRUPCIÓN MATA.
En teoría las autoridades deberían de velar por los intereses de sus comunidades, preocuparse por el bienestar de sus ciudadanos, prever y tener la capacidad de poder prevenir este tipo de tragedias.
Pero esto cada vez se ve más lejano, ya que se ha perdido la brújula de lo que debería de ser un buen gobierno, el cual no es producto de la casualidad ni de suerte.
Es producto de tener un diagnóstico, que derive en un programa de gobierno eficaz, tener un equipo que tenga experiencia en la ejecución, pero más aún respetar las leyes y reglamentos que para eso están.
Hoy en día estamos ante la extorsión institucionalizada para enriquecer a las autoridades en turno; una especie de escena continua de la famosa película “La Ley de Herodes” en donde Varguitas usando indebidamente sus facultades, cobra los moches para realizar actividades diversas; dicho sea de paso, en muchos casos como en este, el famoso robo de hidrocarburos mejor conocido como huachicol.
Hemos escuchado ad nauseam, al presidente López, afirmar que ya se acabó con la corrupción. El 27 de diciembre se anunciaba desde el púlpito mañanero el Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex.
Han pasado más de tres años desde ese anuncio, y como todo lo de la 4Transa, no hay un puntual seguimiento ni indicadores que nos puedan informar de los resultados de ese plan. Sin embargo, sí hay datos del aumento en tomas clandestinas: en 2020 se registraron 2.055 tomas, es decir, lejos de disminuir ha aumentado la ordeña de hidrocarburos. Algunos cálculos estiman que el robo de combustible en México no es un fenómeno nuevo y ha provocado pérdidas alrededor de 60 mil millones de pesos anuales; y sin embargo, hasta hace muy poco tiempo no figuraba como problema público ni tampoco existen medidas gubernamentales para combatirlo de manera eficaz. Hay a todas luces un contubernio en todo caso, tomando en cuenta lo siguiente;
Pemex es la principal entidad responsable de la detección del robo de combustible, ya sea por tomas clandestinas, o por otras modalidades del ilícito: el asalto a pipas o camiones de distribución. La lógica del funcionamiento de detección es la siguiente: cuando Pemex encuentra una toma clandestina, le corresponde repararla y hacer la denuncia correspondiente a la FGR, que está obligada a abrir carpetas de investigación para identificar a los responsables y, en su caso promover la acción penal para que un juez federal determine lo conducente. La fiscalía también investiga de oficio casos a partir de los hallazgos por operativos policiales, o por denuncias ciudadanas, entre otros.
No se puede pensar en una sola tragedia que dé entrada revisando el proceso que se establece para que se investigue y castiguen a los responsables y no termine en colusión; y por tanto corrupción de las autoridades, pues puede ser desde la omisión por desestimar los reportes de la ordeña. En el caso de la tragedia de la Línea 12, la falta de idoneidad en su diseño y construcción, su falta de mantenimiento etc, pero al final todo esto es CORRUPCIÓN.
No son casos aislados. La corrupción está en el ADN de este gobierno y salpica a todos. Sin ir más lejos, este fin de semana, la exsecretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Paola Félix, fue sorprendida con 35 mil dólares en efectivo, y llegando en avión privado a la boda del exresponsable de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), sí, el que era encargado de supuestamente combatir el lavado de dinero.
Finalmente, estimado lector, no debemos de cejar ni un minuto en combatir la corrupción. La corrupción se acaba con transparencia, con instituciones fuertes y sólidas, para ello se requiere por ejemplo una fiscalía independiente, que se obtendría con la reforma profunda al Artículo 102 constitucional para poder acabar con las simulaciones, el saqueo a México, mediante la correcta aplicación de la ley en cada nivel de gobierno.
Necesitamos gobiernos que privilegie la ley y el orden y no el moche y los intereses de grupos criminales.
Decia Maquío:
“La autoridad moral no proviene de una credencial de diputado, de una gorra o un garrote de policía, sino de la congruencia entre lo que se dice y se hace, eso son los lideres morales de la comunidad”
Un buen gobierno lo hacemos entre todos, empezando por exigir la aplicación irrestricta de la ley.