Ética, política y medio ambiente (III)

Sábado, Septiembre 18, 2021 - 15:27

El retorno a la solidaridad social es la ruta para recuperar el poder y dominio del medio ambiente

Originario de Puebla de los Ángeles, estudió Ciencia Política, música, historia y musicología en Núremberg, Leipzig, Essen y Heidelberg (Alemania). Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Heidelberg.

En nuestros días, y desde hace algunos años, la palabra "conservación" ha adquirido un significado más amplio, pues es la base del llamado "desarrollo sostenido", es decir, la conservación se refiere a una gestión de la utilización de la biósfera de tal manera que satisfaga las necesidades del hombre actual pero que no pierda la capacidad de hacer lo mismo con las del hombre del mañana. Es así que conservar significa preservar, mantener, restaurar, mejorar y aprovechar los recursos del entorno natural; ya no estamos ante el dilema de utilizar o no utilizar, sino ante la necesidad de utilizar bien. La relación de desarrollo con la conservación es clara, pues el primero trata de alcanzar el bien común aprovechando la biósfera, mientras que la segunda trata de mantener dicho aprovechamiento y garantizar su continuidad.

Esto quiere decir que al estar hablando de mantenimiento y de continuidad es porque los recursos que se manejan son renovables si los aprovechamos bien, aunque destructibles si lo hacemos mal; además, es claro el imperativo ético de que "no hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino que la hemos tomada prestada a nuestros hijos", como afirmaba el programa de la ONU para el medio ambiente. Hemos dicho en la primera parte de estas colaboraciones que es necesario conocer para qué son las cosas y saber usarlas para lo que son, descubriendo así sus valores naturales. Es así, por lo tanto, que debemos buscar para qué sirve la conservación de los recursos naturales renovables: a) sirve para mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales (suelos, substancias nutritivas y aguas), sin los cuales serían imposibles la supervivencia y el desarrollo humanos; b) es indispensable para preservar la diversidad genética, de la que dependen los programas de cultivo y de cría, buena parte del progreso científico, etc.; c) por último, sirve para permitir el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, que son la base de las comunidades rurales y de muchas industrias.

Podemos decir que el uso racional de los recursos vivos es una necesidad imperiosa para no gastar el capital, pero viviendo de los intereses: si queremos aumentar, mejorar y mantener la producción agrícola, forestal y pesquera, si queremos utilizar los recursos para lo que son en función del bien común, no podemos despilfarrarlos como lo hacemos en México. Pero además de que estamos hablando de que la preservación es una cuestión de necesidad, de conveniencia, es además un imperativo moral frente a las futuras generaciones: tenemos que actuar con responsabilidad, generosidad y cuidado, sobre todo tomando en cuenta que nuestra capacidad de destrucción y de derroche ha demostrado sobrepasar con mucho el alcance de nuestra prudencia.

Hartkopf definió a la política ambiental como la totalidad de las acciones que tienen por objetivo evitar y reducir intervenciones en el ambiente, así como reparar daños ya presentes. Los principios fundamentales de esta política son los de previsión, del causante y de cooperación: a) Principio de previsión: Indica que en toda decisión de política de desarrollo debe tomarse en cuenta el factor ambiental, ya que está demostrado que la reparación de daños es mucho más cara que la oportuna previsión. b) Principio del causante: Nos dice que los costos para evitar o superar impactos ambientales nocivos deben ser afrontados por el causante de dicha situación, lo cual impide la desviación de los impuestos de los contribuyentes. El problema es que no siempre es posible identificar a los culpables o la inversión en tiempo y recursos para determinarlo es tan alta que no es redituable. c) Principio de cooperación: La participación de las diferentes fuerzas sociales en la definición y ejecución de la política ambiental posibilita una relación equilibrada entre la libertad personal y las necesidades sociales.

La realización de una política ambiental racional y responsable exige que se haga énfasis en el aspecto de la autoridad que debe existir en toda sociedad: "...La autoridad actúa mediante el ser y sobre el ser. El poder actúa mediante la acción actual o potencial sobre la conciencia. En la antigua Roma, los funcionarios electorales, los cónsules, pretores, etc., tenían potestad, porque eran competentes y podían exigir el cumplimiento de las órdenes. El Senado tenía auctoritas porque era considerado por los romanos como prototipo de las costumbres y de la virtud romana. El que tiene auctoritas puede pedir que se realice aquello que podría también imponer. El que no está seguro de su autoridad puede exagerarla, al mandar incluso allí donde debería pedir", escribió el fraile dominico Santiago Ramírez.

La existencia de una autoridad aceptada por todos y surgida de procesos democráticos transparentes y que además sea incluyente en aspectos tan vitales como la discusión, definición, y realización de las políticas de desarrollo sostenido -tanto regionales como nacionales- es imprescindible. Esa autoridad debe encaminar sus pasos en busca del bien común, que en materia ambiental representa, para los habitantes de cualquier país: a) un bien externo (riqueza de recursos naturales); b) un bien del cuerpo (pues fomenta la salud personal y colectiva); c) un bien del alma (ya que fomenta la ciencia y la educación para su conocimiento y correcto aprovechamiento, además proporciona entretenimiento, distracción y esparcimiento). Es así que vemos que en la búsqueda del bien común es vital el papel que representa el mantener adecuadamente el ambiente natural. Esta relación de la comunidad con un medio racionalmente aprovechado es muy importante: todos tenemos derecho a condiciones ambientales adecuadas que nos permitan vivir con dignidad.

Y es aquí donde el Estado, en cuanto representante de la comunidad social interviene; a él le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, es rector, al dirigir la actividad de los demás hacia un fin, pero no dueño, pues no hace suyas las cosas ni las maneja como se le antoje. Además, las características mismas de la problemática ambiental transectorial e íntimamente relacionada al desarrollo socioeconómico, exigen la intervención de los poderes públicos para velar por los intereses que se encuentran en juego. Por esto es importante la colaboración de la sociedad y del gobierno: toda propuesta de manejo de los recursos ambientales -que puede partir de la comunidad científica, del gobierno, de sociedades intermedias o hasta de particulares- debe tener la oportunidad de encontrar una respuesta, favorable o no, en la opinión pública; la emisión de esta respuesta será posible en la medida de que existan organismos intermedios dedicados a la defensa de nuestro medio ambiente, lo que también ayudaría a que tal respuesta sea acertada y que la fuerza social que obligue a los actores políticos a actuar en el sentido acordado sea mayor.

Sin embargo, un fuerte obstáculo se presenta cuando la sociedad carece de tal poder o lo tiene de manera muy menguada. El poder, nos dice Bourdeau, "...es una fuerza al servicio de una idea. Es una fuerza nacida de la conciencia social, destinada a conducir al grupo en la búsqueda del bien común y capaz, dado el caso, de imponer a los miembros la actitud que ella ordena...". De ahí que una sociedad desorganizada, carente de Poder a causa del debilitamiento de los lazos de cooperación, de solidaridad y de caridad entre los ciudadanos, se encuentre incapacitada y en notoria desventaja para defender su entorno natural -si es que se ha dado cuenta de que hay que defenderlo- frente a la fuerza devastadora rapaz de una economía ecológicamente imprudente e irresponsable, máxime cuando es el mismo Gobierno quien solapa , fomenta incluso y realiza actividades destructoras contra el entorno natural: "...la depredación de la ecología es también resultado de la desorganización de la sociedad... En rigor, la depredación y destrucción de las relaciones de solidaridad social ha antecedido a la depredación y destrucción de los ecosistemas. Podríamos decir, incluso, que la depredación de la ecología es el resultado de la pérdida de organización solidaria de la sociedad. Desorganización y depredación ecológica son términos paralelos...", afirmó Claudio Romanini.

El egoísmo, el individualismo y la ilusión de que el poder se sintetiza en el dinero debilitan la voluntad social, por lo que es entonces un retorno a la solidaridad social el camino para recuperar el poder y el dominio del medio ambiente por el hombre; de ahí que se vea con agrado toda acción que permita a la comunidad fortalecer, recuperar y obtener por vez primera un verdadero poder social. En este proceso son entonces de decisiva importancia las sociedades intermedias -organizaciones vecinales, asociaciones conservacionistas, universidades, instituciones científicas, agrupaciones rurales, etc.- que darán estructuración al cuerpo social y contribuirán de manera notabilísima a crear la conciencia requerida en los ciudadanos. Una vez "armada" con esta "fuerza al servicio de una idea", en pos del bien común, la sociedad podrá obligar exitosamente al poder político a actuar en consecuencia, lo mismo que al poder económico, que deberá por lo tanto revisar su manera de producir, distribuir y consumir, cambiando lo que tenga que cambiarse.

Podemos entonces afirmar que toda política ambiental debe dirigir su labor hacia la reorganización de la sociedad; esta política en sentido amplio está al alcance de todos, pues con nuestra conducta podemos buscar, hacer y exigir la verdad, la justicia, la unión y la responsabilidad, o podemos, por el contrario, practicar y alentar la corrupción, el ocultamiento de la verdad, el interés individualista o faccioso, la cobardía, la apatía, el conformismo y la opresión. Por eso decimos que toda acción humana favorece o estorba la realización del bien común: en la política no hay neutralidad posible.

Este es, entonces, el aspecto ético y político de nuestra relación con el ambiente natural: la organización social. Y si la sociedad existe para la persona humana y le está subordinada en el orden de los fines, y si la persona es principio, fin y sujeto de la sociedad, luego dicha política ecológica es esencialmente humanista. Sólo así podemos comprender que Ignacy Sachs, al mencionar las características más sobresalientes del ecodesarrollo, enumere las siguientes: a) Debe contribuir a la realización del hombre; b) Se hace con una perspectiva de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras. Para finalizar, sólo diremos que todo lo anterior será posible únicamente si el gobierno cumple con su misión de realizar el bien común y si es una auténtica expresión de la colectividad. Pero si el poder se ejerce para fines que no le son propios y la sociedad no tiene la suficiente fuerza y energía para obligar a los gobernantes a reencontrar el buen camino o a abandonar sus puestos públicos, si la democracia efectiva no existe ni como tipo de régimen ni como forma de vida, aparecerá entonces un desorden moral y económico que provocará o acentuará la miseria, la ignorancia y la imposibilidad para que la sociedad y las personas se desarrollen plena y dignamente.