El nombre del ungido
En distintos mentideros del ambiente de seguridad se comenta con preocupación el arribo del personaje que se presentará como secretario de Seguridad Pública del municipio de Puebla. No digo que se trata de un relevo, sino de cubrir una vacante que lleva tres años, dada la inopinada incompetencia de su actual ocupante.
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No han faltado los “expertos” que ya están haciendo cuentas de las ocurrencias de siempre: el número de videocámaras de vigilancia a adquirir y colocar; la cantidad de patrullas a arrendar o comprar y, las campañas de reclutamiento para conseguir cadetes, en el entendido que no entienden: no van a poder graduar a mil personas como policías, en el lapso que los requiere la ciudad: ahorita mismo.
Si usted se pregunta por qué me refiero a mil personas, es porque ése sería el número apropiado para fortalecer al Estado de Fuerza de la Policía Municipal.
Por otra parte, ya se sabe qué legislador por MORENA está preparando los movimientos para que sus numerosos prestanombres se presenten, diezmo en mano, a ofrecer más videocámaras que las que George Orwell tuvo en un sueño delirante.
Habrá que agregar que las videocámaras, de preferencia deben funcionar. Así que hay que descontar las que no están conectadas; las que las pandillas desconectan, las que están vandalizadas y las que no reciben mantenimiento alguno.
De modo complementario, ya se sabe qué arrendadora del Estado de México está lista para ofrecer sus servicios y es un hecho el nombre del consultor que va a ofrecer un diagnóstico sobre la seguridad del municipio (¿Por qué serán todos, tan predecibles?)
Con todo, hay una agenda paralela que deberá tener en cuenta el próximo secretario municipal de Seguridad Pública y que ningún asesor le va a redactar en un esmerado documento. Pero, con gusto aquí le apunto sus pendientes para que luego no diga que nadie se los advirtió.
Los pendientes
1.-El primero será el poder en Rancho Colorado. Hay distintos grupos que tienen el control de la corporación. Da exactamente igual quien tome las riendas de dicha dependencia: forzosamente tendrá que negociar con tales organizaciones informales.
Entre ellas, sobresalen dos que tienen alambicados caprichosos y a la vez, se mueven en forma independiente: el primero es el de la antigua fraternidad de motociclistas que tiene un peso específico en la toma de decisiones y en la operatividad.
La segunda organización es la de un colectivo de agentes que tienen distintas páginas de Facebook y chats de WhatsApp, que a ratos denuncian verdades, al tiempo que lanzan cortinas de humo, dependiendo de los fines que persigan en ese momento.
La principal diferencia entre la primera y la segunda organización es la antigüedad: la antigua fraternidad de motociclistas tiene décadas en funcionamiento y conoce a nivel molecular a la Secretaría de Seguridad Pública, además de poseer ramificaciones en Bomberos, Policía Estatal y C5; en cambio, la organización que opera vía Facebook es de breve existencia y se le considera claramente operativa, no directiva.
Quiera o no quiera, el nuevo secretario tendrá que vérselas con estos dos grupos y negociar. Si no lo hace, los resultados son previsibles: no solo no podrá dar buenas cuentas a su jefe y a los ciudadanos. Tendrá paros laborales con insidiosa frecuencia y sus operativos serán el hazmerreír de la comunidad.
Además del control fáctico, tanto la fraternidad de motociclistas como los activistas de Facebook comparten un interés: defienden a sus compañeros, a su manera. Si el nuevo funcionario llega a cortar cabezas sin una argumentación puntual y solo justifica los despidos con la cantaleta de que “habrá una limpia y se eliminará la corrupción”, se va a llevar una desagradable sorpresa.
2.-El segundo es la relación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Como es de todos sabido, el secretario de Seguridad Pública estatal no despacha en un piso intermedio del C5, sino en unas oficinas de Casa Aguayo.
Esa anomalía territorial en la ubicación de los poderes reales de la corporación estatal no solamente obedece a la anomia que campea golosamente en la entidad, sino al caos que envuelve a las estructuras de seguridad en dos tercios del país.
Luego entonces, la relación entre los dos jefes policiacos será factótum para la generación de buenos resultados por parte de la Policía Municipal: ¿ser un títere de la corporación estatal o mantener independencia?, ¿trabajar coordinadamente o los estatales dejarán morir solos a los municipales?, ¿filtrar datos de los operativos (para reventarlos) o trabajar en secretismo?
Explicándolo de otro modo, podría decirse que si no se coordinan entre estado y municipio, ambos bandos se dedicarán a sabotearse y luchar para arrebatarse los escasos logros que puedan tener en materia de seguridad pública.
Otro de los puntos a considerar en esa comunicación, es el Estado de Fuerza disponible en la capital poblana y que reduce estrepitosamente la capacidad de reacción ante las llamadas de emergencia, lo que ofrece ventajas notorias a la delincuencia, considerando el tiempo que se tarda una unidad en atender un servicio específico.
Al día de hoy, el nivel estatal puede seguir tratando como criado impertinente a la corporación policiaca municipal o, tratarlo como par. De esta decisión depende la capacidad para atender las ingentes necesidades de los habitantes de una ciudad tomada literalmente por la delincuencia.
Por supuesto, tanto la alcaldesa saliente como la persona que puso en las oficinas de Rancho Colorado deberían ser llamadas a cuentas por su aplastante responsabilidad en el escalamiento de la delincuencia en Puebla, pero eso no sucederá porque quienes tienen la posibilidad de investigarlas, todo lo negocian, incluyendo su dignidad.
3.-El tercero es la lucha entre CJNG y otros grupos criminales en Puebla Capital. Veámoslo de manera amplia: en el pasado, el estado de Puebla había estado repartido entre distintos grupos de alto impacto y dicha territorialidad se respetaba mediante la figura de un “árbitro”; es decir, de un personaje que vigilaba el funcionamiento de tales delimitaciones.
El “árbitro” era un personaje esencial en la gobernabilidad porque era quien se encargaba que en Puebla se preservara su condición de “santuario”, lo que explica esa puerilidad de “en Puebla, no pasa nada”.
Cuando se da eso que le dicen alternancia, tanto los acuerdos como la condición de “santuario” desaparecen y se da la oportunidad para que cada organización criminal haga lo que mejor le parezca, incluyendo la negociación con una confederación de incompetentes que hicieron de la ingobernabilidad y el cambiar por cambiar, una bandera que puso de rodillas a la entidad, frente a la delincuencia organizada.
En el caso de Puebla Capital, era una máxima el no calentar la plaza; sin embargo, la incompetencia y la voracidad ganaron. El primer signo de peligro se dio hace años, cuando a un secretario de Seguridad Pública municipal lo levantaron para decirle lo que tenía que hacer y tuvo que adoptar contramedidas, bajo el más absoluto silencio.
Así que uno de los puntos ardientes de la entidad es más que obvio: con 135 ejecuciones ocurridas en el estado de Puebla, entre enero y junio de este año, es evidente que la plaza está en pugna. Y con más de veinte por ciento de esas ejecuciones, desarrolladas en el municipio de Puebla, si se equivocan de jefe policiaco, vendrá otro baño de sangre.
La moneda en el aire
Quiero pensar que los nuevos huéspedes del Ayuntamiento de Puebla pensaron en estos temas, antes de ofrecer la responsabilidad de la Seguridad Pública a una persona en específico.
Seguramente así lo hicieron, porque de otra manera, serían cómplices de lo que se daría en el futuro inmediato: una capitulación del municipio a favor de la delincuencia organizada.
Y si fueran cómplices, solo se estaría cambiando todo para que todo siga igual. Supongo que no es el caso. Ya se verá cuando divulguen el nombre del ungido.