INE y TEPJF, garantes de la legalidad electoral

Sábado, Mayo 1, 2021 - 16:44

Su desaparición representaría un retroceso en la evolución de nuestras instituciones

Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

México vivió un auténtico control y sometimiento en cuanto al ejercicio democrático respecto de sus procesos electorales, fundados en una dictadura de más de setenta años en el poder del Partido Revolucionario Institucional, con prácticas inapropiadas y altamente autoritarias.

En las elecciones de 1988 surge un hecho social que acentuó la desconfianza en las instituciones electorales y la falta de transparencia en los procesos comiciales al ser organizados, desarrollados y vigilados por el partido en el poder, y que impusieron bajo la sombra del fraude a Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, con la famosa “caída del sistema” que a la fecha el entonces secretario de Gobernación y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, no ha podido aclarar.

Dicho acontecimiento trajo consigo el señalamiento, no solo a nivel nacional sino internacional, del mayor fraude electoral nunca antes visto en la historia de una democracia, sólo comparable con el ocurrido en 1996 en la elección presidencial, donde se otorgó el triunfo por un margen mínimo a Felipe Calderón Hinojosa, dando como resultado una crisis política de dimensiones mayúsculas, que, sumada a la económica, generaron un clima de insatisfacción de la población con el gobierno.

Es ahí donde dio inicio la fase más intensa del cambio político por la vía electoral y la gestación de una etapa de reformas profundas (1990, 1993, 1994 y 1996), que tuvo como finalidad garantizar comicios transparentes, confiables y equitativos, dando como resultado la creación del Instituto Federal Electoral (1990) como garante de la administración de los procesos electorales en México y, al lograr su plena autonomía en 1996, apuntaló la transición democrática.

Con ello se terminó de confeccionar, por un lado, un entramado legal que permitió la celebración de elecciones con condiciones medianamente equitativas para los contendientes; y por otro, se culminó la construcción de un auténtico sistema de partidos, pasando de un sistema de partido hegemónico a uno de pluralismo limitado y de comicios competitivos.

No es casual que a partir del año 1997, los procesos electorales se tornaran altamente disputados y, por ende, sus resultados de pronóstico reservado, marcando el inicio de una nueva transición democrática en México. La alternancia en todos los órdenes de gobierno se convirtió en una realidad palpable, realidad que llegaría a la Presidencia de la República el día 2 de julio del año 2000, con el primer triunfo de la oposición con Vicente Fox como consecuencia del naciente sistema democrático mexicano.

Por lo anterior, en 1997, México entra a la lista de democracias electorales tras haber aprobado cambios sustantivos a las reglas de los procesos que significaron, entre otras cosas, la construcción de órganos electorales autónomos del gobierno, como el IFE (hoy INE); formado fundamentalmente por ciudadanos sin filiación partidista, que fortaleció nuestro sistema electoral y la democracia; así como el TRIFE, (hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), órgano jurisdiccional que garantiza la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones dentro de un proceso electoral.

Pues bien, estos dos órganos garantes de la democracia hoy están siendo a todas luces desprestigiados por simplemente haber aplicado la ley, pero esto no es lo grave, sino que lo inconcebible es quién lo hace, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el INE y el TEPJF golpean y conspiran contra la democracia, luego que los magistrados electorales resolvieran que Félix Salgado y Raúl Morón no podrán contender por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no haber reportado oportunamente sus gastos de precampaña.

Dichas declaraciones son a todas luces sin sentido y faltas de una lógica jurídica total, pues el presidente es el primer funcionario que debe saber que la ley electoral es clara: si no cumples con tu informe de gasto de precampaña, la consecuencia es el retiro de la candidatura sin importar si lo que gastaste son 15, 18 o 20 mil pesos, como es el argumento que utiliza para decir que la resolución es excesiva y antidemocrática.

No señor presidente, la ley es de carácter general y se debe aplicar sin distingos de ninguna clase. Su enojo es porque se la aplicaron a políticos que pertenecen a su partido del que, según informó, está de licencia al asumir la Presidencia de la República y que demuestra su enorme preocupación por perder la mayoría en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura; lo que pondría en riesgo el presupuesto y ejecución de las acciones de gobierno que tiene agendadas para los tres últimos años de su mandato.

México necesita de un presidente conocedor de las leyes, que respete el estado de Derecho y que tenga sensatez política, no un líder, que lo único que hace es descalificar a quien no se somete a sus decisiones.

De ahí la importancia de cuidar y fortalecer a estos organismos autónomos porque representan un equilibrio entre los poderes y con sus resoluciones hacen valer la ley, sin permitir la intromisión de otros poderes en el cumplimiento de sus funciones, para alcanzar un verdadero estado democrático. Su desaparición representaría un retroceso en la evolución de nuestras instituciones y la vuelta al control de las elecciones como ocurrió con la dictadura del PRI que terminó por decisión de los ciudadanos en las urnas.


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