Nos encontramos situados a pocas horas que termine el año en uno de los peores momentos que los mexicanos hayamos vivido y sufrido en un siglo. Una economía hundida en una crisis que empezó a generarse en los primeros días de enero de 2019 debido a malas decisiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López y que desde el mes de marzo de 2020 la pandemia del Covid-19 ha contribuido a su agravamiento.
Antes que 30.1 millones de electores, impulsados por la desigualdad social y exacerbados por el asunto de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, expulsaran del Palacio Nacional al presidente Peña Nieto y le otorgaran, con su voto, la oportunidad de conducir el destino del país a quien ahora está demostrado, un día sí y el siguiente también que es un pésimo presidente, México estaba en camino de tener un aeropuerto de primer mundo que López Obrador proscribió. En su lugar hereda una improvisada ocurrencia que apunta a ser el futuro aeropuerto civil de Santa Lucía.
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Al concluir la segunda década del siglo XXI (el año 2020) López Obrador deja sin medicamentos y quimioterapias a miles de niños que padecen cáncer y a quienes antes no les faltaban medicinas ni quimioterapias anticancerígenas.
También arrebató a millares de madres que trabajan fuera de sus domicilios, el servicio de las guarderías donde sus hijos, menores de 6 años, aprendían con facilidad a desempeñarse con independencia de sus padres y a interactuar entre ellos.
La mafia magisterial de la CNTE por disposición presidencial recuperó el monopolio del manejo y control de la educación básica, que le había sido arrebatado en beneficio de los educandos. Monopolio que López Obrador devolvió a esa pandilla magisterial en cumplimiento de una promesa electorera hecha para jalar votos a favor de su candidatura presidencial.
La población que carecía de servicio médico institucional perdió la atención médica que oportuna y eficazmente recibía a través del Seguro Popular. Órgano que sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar presta atención médica a menos derechohabientes y con más deficiencias e insuficiencias en materia de personal de salud y de insumos médicos, que los que padeció, en su tiempo el Seguro Popular.
El Ejército Mexicano que anteriormente se dedicaba a realizar normalmente las actividades institucionales que le corresponden, en términos de ley, no era utilizado, como ahora, de policía encargada de atrapar a los migrantes indocumentados que, pasando por el territorio mexicano, pretenden entrar a Estados Unidos en busca de empleo. Ni para desempeñar funciones de choferes de las pipas de Pemex transportadoras de gasolina. Tampoco se utilizaba a los soldados para efectuar trabajos de albañilería, ni para participar como escoltas en simulacros donde personal y vehículos de las fuerzas armadas protegen el traslado de vacunas que son almacenadas en instalaciones militares.
Los órganos independientes y autónomos que, por naturaleza propia, son y deben ser factores de equilibrio y contrapeso, realizaban anteriormente su trabajo en libertad. Hoy están en la mira de la escopeta presidencial. Unos en riesgo de ser desaparecidos porque obstaculizan las pretensiones avasalladoras de Andrés Manuel López Obrador y otros porque se busca someterlos al capricho y a las ocurrencias de éste.
Para avanzar en esos aviesos propósitos, López ya dio el primer paso. Impuso ilegalmente como presidenta de la CNDH, en medio de un gran escándalo en el Senado de la República, a una incondicional suya, la señora Piedra.
Además, apuntalado por el control que desde el Palacio Nacional ejerce sobre la mayoría de legisladores en las cámaras de Senadores y Diputados, retrocedió a la época del partido autoritario, abusivo y hegemónico, donde se legislaba a gusto y placer del presidente de la república en turno. No son pocas las leyes al deseo y placer de presidente de la república.
Mediante la reactivación de esta antigua práctica, de la que mucho sabe López, logró entre otras reformas a la ley, la eliminación de 109 fideicomisos, la creación de la Guardia Nacional, la cancelación de la Reforma Educativa y tiene puesta la mirada en la reforma a la ley del Banco de México, con la que pretende que esta institución reciba dólares de procedencia anónima que podrían desempeñarse como la llave que abra las puertas del banco central al lavado de dinero, en beneficio, fundamentalmente, del narcotráfico.
Cuidado porque López ya logró dar el primer paso en busca de la materialización de ese objetivo, al conseguir que en el Senado de la República se aprobara la iniciativa de esa reforma. Está en espera que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados.
Al decretar la desaparición de 109 fideicomisos para apoderarse de los 68 mil millones de pesos que tenían asignados, AMLO, colocó en situación de vulnerabilidad a quienes en lo futuro sufran las consecuencias de los inevitables fenómenos naturales, que cíclicamente suelen ocurrir en el país. Como sismos, inundaciones, huracanes, terremotos y ciclones. Las personas que sean afectadas en lo sucesivo, ya no contaran con la ayuda inmediata que antes de su desaparición proporcionaba el Fonden.
Padecerán el abandono que todavía hoy sufren los damnificados de las recientes inundaciones en Tabasco. Ocurridas a consecuencia de la orden equivocada que dio AMLO para que se abrieran las compuertas de la presa Peñitas, con la idea de evitar que “se inundara Villahermosa”, a costa de inundar la región de la Chontalpa.
La lucha lópezobradorista contra la corrupción quedó atrapada en los oscuros recovecos de la retórica presidencial. No transcurre día sin que el presidente asegure y afirme que “existe” corrupción en infinidad de ámbitos de la administración federal. Pero nunca, en ninguno de los 761 días que hasta hoy han trascurrido de su mandato constitucional, ha dado a conocer un solo nombre de los corruptos y menos, todavía, nunca ha mostrado una sola prueba que avale su sistemático quejido.
López, de ser un aguerrido combatiente de la corrupción como se hace pasar ante la mirada complaciente de los incautos, es, en la vida real, un vulgar simulador y un eficaz, pero bastante eficaz, promotor, ejecutor y beneficiario de la corrupción gubernamental.
La magnitud alcanzada por sus corruptelas convierte a Enrique Peña Nieto en ejemplo de honradez republicana. Con AMLO los procedimientos de licitación previos a la asignación de contratos de obra pública y de las adquisiciones gubernamentales pasaron a ser cosa de la historia reciente del país. Ahora la mayoría de obras públicas y de las compras de gobierno se llevan a cabo con empresas constructoras y proveedores previamente escogidos, evadiendo el procedimiento licitatorio que establece la ley.
Aprovechando la coyuntura de la pandemia del Covid-19, emitió un decreto presidencial mediante el que se liberó de ese mecanismo jurídico la compra de medicamentos e insumos médicos.
Antes de su arribo a la presidencia de la república, los apoyos económicos del gobierno federal a la población en situación de vulnerabilidad, se hacían llegar a los beneficiarios en base a padrones de derechohabientes y depósitos bancarios susceptibles. Las dos cosas, eran sujetas de auditorías y ahora, al decir de López, esos apoyos se distribuyen directamente para “evitar” actos de corrupción.
Durante los doce años que oficialmente anduvo en campaña proselitista en busca de la presidencia de la república, López abrió espacios en sus discursos para insultar y acusar de corrupto y asesino al Ejército Mexicano. En su campaña electoral de 2018, se comprometió a “regresar” a sus cuarteles a todos los miembros de las fuerzas armadas que los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña movilizaron con la intención de combatir el narcotráfico.
Ya montado en la silla presidencial, López cambió de opinión. No sólo olvidó su compromiso electorero de regresar a los soldados a sus cuarteles, sino que se fue al extremo opuesto para efectuar un torcido proceso de santificación de las fuerzas armadas. Empezó a atiborrarlas de privilegios y canonjías, llegando casi al punto de convertir al ejército en un Estado militar inconstitucional dentro del constitucional Estado mexicano.
Hoy las fuerzas armadas manejan y controlan los puertos y aduanas del país. También dirigirán el aeropuerto civil de Santa Lucía tan pronto sea puesto en servicio. Y por absurda disposición de su antiguo detractor y actual protector, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tres tramos del Tren Maya y tres aeropuertos del sureste serán operados y administrados por una empresa militar, que para ese fin se constituirá próximamente por mandato presidencial.
Esta empresa, según declaró el presidente tabasqueño, tendrá como finalidad asegurar la viabilidad financiera del Tren Maya a efecto garantizar la supervivencia de las pensiones de los militares jubilados y evitar, por añadidura, la eventual tentación privatizadora de algún futuro presidente.
Con todas las dádivas y canonjías que López está otorgando al ejército, más lo que en lo sucesivo se le ocurra continuar entregándole, pretende comprar el apoyo de las fuerzas armadas para mantenerse en el poder, a base de masacrar a sus opositores, en caso que decida prolongar su mandato constitucional. Exactamente igual como ha ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro y Hugo Chávez a quien sólo su fallecimiento por enfermedad logró sacarlo de la presidencia venezolana.
Para despedir el aciago año que dentro de pocas horas se va, la CFE, o mejor dicho su deficiente infraestructura y su mala dirección, el 28 de diciembre, obsequiaron a los mexicanos un apagón que afectó a 10 millones 300 mil usuarios de energía eléctrica en 21 entidades federativas “debido a un desbalance en el sistema interconectado nacional que ocasionó que salieran de operación plantas eólicas y solares, además de 16 convencionales” según informó inicialmente el órgano gubernamental generador de ese importante energético, comprometiéndose a proporcionar el informe definitivo el martes 29.
Este día la empresa eléctrica del Estado, informó que el incendio de un pastizal en Tamaulipas ocasionó el apagón. Fue “un caso fortuito”, afirmó el director de la CFE, Manuel Bartlett.
Al día siguiente, AMLO, haciendo uso de su conocida costumbre de no reconocer los errores que comete su gobierno, defendió a Bartlett de la críticas que se le hicieron por el apagón, diciendo bravuconamente que el problema es con él y no con su subordinado. El presidente advirtió que los conservadores “hacen un escándalo” por el apagón porque quisieran la debacle de la CFE y “cuando pasan estas cosas ─como el apagón─ los que están a favor de la privatización quieren desaparecer la CFE para quedarse con el mercado de la energía eléctrica y hacer jugosos negocios cobrando muy cara la energía eléctrica”.
En fin, esta es una síntesis del legado que deja a los mexicanos un presidente alérgico a la crítica política y propenso a la adulación lacayuna. El que montado ya en la silla presidencial hace exactamente lo mismo que él rechazó mientras anduvo en la oposición en busca del cargo que ahora mal ocupa para desgracia de 127 millones de mexicanos.