Dr. José Guadalupe Sánchez Aviña*
Después de la Publicación de la Ley General de Educación del País, en septiembre de 2019, en nuestro estado, el 18 de mayo del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial de Puebla, la Ley de Educación correspondiente; hoy, se discute en el nivel federal, la Ley de Educación Superior, anunciándonos que pronto experimentaremos un proceso “similar” en nuestra entidad. Con esto a la vista, no podemos “sorprendernos” cuando se abra nuestra participación en el ámbito local; debemos estar preparados para nuestra participación argumentada, pero, sobre todo, centrada en la dimensión educativa y pedagógica de la Ley, aun cuando sepamos del impacto y relación con el contexto ampliado.
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Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los fundamentos que derivan el marco normativo de lo que en materia educativa se ha de realizar; a la entrada de la actual administración, se ha puesto énfasis a diferentes componentes, entre los que con motivo de este texto breve, recupero la concepción de la educación como un derecho que posibilita el acceso de la población a otros, tales como la salud, el empleo, entre otros, que se traducen en el bienestar social.
La visión de la educación como un derecho, nos obliga a construir una postura propia, de frente a un asunto que evidentemente es de interés público; ante este panorama, quisiera refrendar dos aspectos, que considero básicos al momento de aproximarnos al ejercicio de nuestro derecho y obligación de participar:
1. Ocuparnos de la Ley de Educación Superior, implica necesariamente, entrar en el campo de la política educativa, por tanto, en el de las políticas de Estado; al ser de esta forma, no podemos perder de vista, que estará, necesariamente orientada, por un proyecto de nación, cualquiera que éste sea.
En su carácter de política educativa con impacto real, debe ser de Estado, lo cual, implica, superar las dimensiones limitantes de una acción de gobierno en turno, o un proyecto político personal o de partido. Como política de Estado: a) Debe traducir en realidad, la facultad constitucional de impulsar la educación desde el ámbito estatal, contextualizando las decisiones y acciones, a la diversidad de realidades regionales que integran al País; y, b) debe impulsar la participación de la comunidad, orientada al logro de una “educación con todos”.
Debemos considerar que el sistema educativo, ya sea nacional o estatal, que busca concretizar el proyecto de nación, es un entramado complejo, integrado, por intencionalidades filosóficas, antropológicas, epistemológicas, metodológicas, así como por actores, currículum e infraestructura física.
2.- La educación es un asunto público.
Debe estar orientada a la atención de lo público, por lo que debe reflejarse nuestro interés ciudadano en la definición de lo que se hace, el cómo se hace y el para qué se hace, en este ámbito de la vida social. Requiere de la existencia de ciudadanía que dé vigencia a la existencia del Estado como tal, sin ciudadano no hay Estado.
Dado que implican dimensiones diferentes de actuación, se debe distinguir conceptualmente: entre “sociedad civil” y “ciudadanía”, así como entre “padres de familia” y “comunidad”. Desde luego que se debe promover la participación de la sociedad civil, pero concebida en el sentido amplio de ciudadanía, y no solo referir aquellas organizaciones con intencionalidades específicas y que cuentan con posibilidades de interlocución, dejando fuera a otros; claro que se debe buscar la participación de los padres de familia, pero, entendidas como integrantes de una comunidad más amplia y compleja.
Finalmente, hay que considerar, que la comunicación de lo educativo hacia la sociedad es importante, pero no sola ni aislada; se requiere, de la promoción y espacios para la participación efectiva de las comunidades que dan contexto a los diversos procesos educativos que se presentan.
Suena bien la promoción de espacios, pero no se piense en que se “otorgan” como producto de una acción dadivosa de gobierno, es la ciudadanía quien debe gestarlos y conquistarlos; el poder, surgido del interior de cada individuo colectivo, evitaría el asumir, de forma acrítica, indicaciones o recomendaciones de otros. La ciudadanía debe participar efectivamente en la vida pública, a través de manifestar posturas propias y argumentadas; es el ciudadano, el único que puede hacer posible esta aspiración, de no ser así, nada sucederá.
*El autor es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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