Sanear a nuestro México se debe entender como que tendremos que superar la crisis de salud que estamos viviendo, por la acción despiadada de la pandemia como también por lo que estamos enfrentando. Al aceptar la necesidad del cambio con el que el pueblo mexicano se comprometió al lograr derrotar de manera contundente a la clase política neoliberal, que impuso durante 30 años una dinámica de voracidad capitalista y una dinámica de saqueo de las arcas públicas en beneficio de la elite de esa clase política, permitiéndoles enriquecerse de manera impresionante y escandalosa. La otra connotación del saneamiento del país es lo que significa combatir a la corrupción y lograr que los saqueadores sean llamados a cuentas, es decir lograr también extirpar el flagelo de la impunidad, sabemos quiénes han saqueado al país pero lo que es realmente correctivo es que sean llamados a cuentas y lograr que reciban el merecido castigo.
Hacer lo mencionado anteriormente, significa que el gobierno progresista de AMLO tiene que enfrentar a fuerzas muy poderosas y organizadas, lo que por decisión de esas fuerzas se traduce, con frecuencia, en momentánea intensificación de las acciones violentas. Es en ese contexto que se tiene que aplicar la estrategia general de pacificación del gobierno democrático de la 4T.
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La nueva administración del País debió hacer valer que la estrategia de desarrollo modificaba el criterio de la máxima ganancia en los proyectos, para consolidar México se substituyó el máximo beneficio del capitalismo salvaje por el criterio de atender al interés nacional, por ejemplo, en el caso del NAICM ( Nuevo aeropuerto de la ciudad de México) se debió corregir lo que ya se había iniciado por estar sujeto a los criterios de los magnates de las finanzas, la máxima ganancia por los intereses de los especuladores inmobiliarios ya tenían acaparados los terrenos que son aledaños a los del proyecto, aprovechando la información privilegiada, ya se habían otorgado los macro contratos a constructoras que pertenecían a las redes de negocios privados y que ligados a funcionarios públicos habían realizado los procesos de licitación a modo de los intereses de esa red de inversionistas que se permitían imponer un conjunto de condiciones que les redituaban espectaculares ganancias a cambio de entregar propinas a los funcionarios encargados de tomar esas decisiones. Todo lo que realizaban se adecuaba a los términos generales de la legalidad por la ventaja que proporciona tener capturado al estado. La red de complicidades integraba a magnates financieros a cabilderos, funcionarios de alto rango, directa o indirectamente y a corporativos relacionados con el ramo de la construcción.
Claro que los integrantes de estas estructuras de saqueo cuando se les informa que los criterios para decidir serian modificados, pegaron el grito en el cielo, organizaron a sus ramales de técnicos nacionales y extranjeros, a los relacionados con la industria aeronáutica, a todos los que de algún modo podían movilizar para defender el negociazo. El presidente AMLO simplemente les replicó que él sí realizaría una consulta con los que integran a la ciudadanía, con la intención de conocer lo que se aproxime al interés de la nación y no solamente tomar en cuenta el interés de los expertos en negocios que representan un saqueo a las arcas públicas. Sus asesores les indicaron que la consulta que realizó el presidente era ilegal citando el artículo 35 de la constitución, lo que no tomaron en cuenta es que el presidente de los neoliberales solo había hecho una reunión de negocios para tomar la decisión, y que el presidente progresista consultaría a la ciudadanía para conocer su opinión, y que en uso de sus facultades podía darle al resultado de la consulta un carácter definitorio por la sencilla razón de que podía tomar la decisión considerando las distintas opiniones al respecto del tema, y así fue: por primera ocasión se tomó en cuenta la opinión del ciudadano y no solamente de los negociantes asociados al poder de la nación dominada por el gobierno neoliberal.
Para los socios del anterior régimen la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un error, sin reconocer que la decisión fue un acierto por las ventajas financieras y técnicas, pero sobre todo porque representó una ruptura con el mecanismo que permitía el saqueo de las arcas públicas.
En otro plano, de las acciones orientadas a realizar negocios a la sombra del poder, se estructuraron redes que permitían brindar espacio para las actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada profesional con actividades relacionadas con el tráfico de drogas, secuestros robo de Hidrocarburos, tráfico de influencias y la venta de espacios para actividades ilícitas; la red permitía realizar las acciones ilícitas contando con información privilegiada para evitar la interferencia de los aparatos de seguridad del estado, proporcionaba también, abiertamente protección de ciertos sectores de las fuerzas públicas, tolerancia para los actos ilícitos, tal fue el caso del robo de los energéticos, conocido como el guachicol, actividad en la que se llegó a detectar la colaboración de altos jefes de seguridad estatal en la protección del robo y comercialización de los productos mencionados, producto de los robos a PEMEX, los ejemplos de ello abundan en estado como Puebla Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y un largo etc. Para ilustrar lo anterior y el nivel de implicación de los funcionarios de alto rango en los ilícitos, se puede simplemente citar el caso que hoy se le sigue al director de PEMEX durante la administración del presidente EPN. Respecto a la operación de redes delincuenciales ligadas a los aparatos de seguridad del estado mexicano, en las gestiones neoliberales se debe considerar lo que se ha conocido y está por conocerse profundamente con el caso del jefe de seguridad federal, durante la gestión del Presidente Felipe Calderón, el encargado de combatir la inseguridad y la delincuencia, persona de todas las confianzas de ese presidente vinculado a las bandas del crimen organizado, a los cárteles del narcotráfico, el Presidente Calderón le declaró la guerra a los cárteles de la droga, lo que no dijo a los mexicanos es que era una mera simulación. Realmente los dejaba operar y que de cuando en cuando armaban una trama que le permitía aparentar que se combatía a los narco traficantes, eran eventos que tenían un parecido a lo que nuestros pueblos prehispánicos realizaban durante las guerras floridas, simplemente organizaban acciones para detener prisioneros y sacrificarlos a los dioses. En verdad seguían siendo amigos los funcionarios de seguridad y los delincuentes operativos del tráfico de drogas, así que la red incluía capacidad para que la acción contara con tolerancia y protección a cambio de favores y hasta colaboración permitiendo acciones de blanqueo a gran escala, fueron una familia feliz. Hoy que el gobierno progresista de AMLO desarrolla en su estrategia de pacificación una acción de inteligencia para desmantelar esas redes delincuenciales, evitando la corrupción y cancelando la impunidad, los opositores poco enterados o indiferentes perversos de lo que significa esta acción se asombran de que aumente la violencia criminal de las redes del crimen organizado; lo que para un observador serio y sin pretensiones perversas sería natural, se está golpeando en el corazón al crimen organizado y este se defiende con todo. Para los nada bien intencionados de la oposición, culpables del fortalecimiento de las redes delincuenciales, dicen estar en contra del aumento de los actos delictivos, en una de esas ellos están promoviendo que se caliente la plaza, es decir que aumente la intensidad de la violencia.
Eso será lo que pretendan mientras puedan, pero al desmantelar las redes de complicidades para cometer ilícitos y al lograr que la impunidad se minimice ya vendrá una notoria disminución de los hechos violentos y una notoria, también, consolidación de la seguridad para las familias de nuestro país
Se debe considerar que desmantelar redes de delincuencia que integran a altos funcionarios del estado es complejo y delicado, si se considera que los intereses que se afectan son además de amplio valor monetario también significa que se afecten estructuras de poder, tenemos por ejemplo de lo que menciono el hecho de que en los juicios que hoy se realizan para combatir a la delincuencia de alto nivel profesional, se ubica en los tribunales de EU al jefe de Seguridad federal durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón, acusado de asociación delictuosa relacionado con el Cartel de Sinaloa brindándole protección a dicha organización dedicada al tráfico de drogas, y de ese mismo cartel ayudándole al blanqueo de dinero y recibiendo a cambio cantidades muy significativas como sobornos y, en algunos casos, hasta participaciones por ser parte de la red de complicidades. En ese caso se ha mencionado como un posible hecho que el presidente en turno pudo conocer y tolerar el hecho, pero aún se presume que pudiera ser partícipe de los actos ilícitos, el asunto es grave pero aún más delicado sería que fuese cabalmente cierto lo dicho por el presidente AMLO: que durante el gobierno del presidente Calderón se presentara el caso de un Narco Estado, es decir que en realidad quien mandara en México fuera el interés de los cárteles asociados al poder público, eso sería posible si el propio ejecutivo hubiese formado parte de la red de complicidades tejida por el jefe de seguridad, eso significaría que en ese contexto el jefe de la delincuencia organizada sería el propio ejecutivo de la nación, Calderón ya ha expresado su versión y ha negado que tuviera conocimiento de los vínculos de su jefe de seguridad, en ese caso se puede eximir al ejecutivo de una responsabilidad directa pero, aun así, sería grave que el ejecutivo tuviera ese nivel de desinformación, de todos modos pobre nación mexicana. Con la mención que formulo dejo claro lo delicado y complejo de la acción de la justicia, pero debo resaltar que enfrentar los embates de los afectados por este accionar son de gente con estructuras de poder muy sólidas y con muchos recursos organizativos, lo que genera que sus respuestas sean muy agresivas y frecuentemente muy violentas, pero hacerlo permite iniciar el camino de la pacificación.
El otro caso, que hoy se ventila en cuanto al combate a las redes de delincuencia organizada, tiene que ver con los actos de corrupción cometidos en perjuicio de la nación a través de los ataques a la industria petrolera nacional, con ese propósito se impulsó el robo de combustibles; gasolina Gas y varios derivados del petróleo más, se realizaron compras fraudulentas en detrimento de las finanzas de la industria petrolera nacional, se firmaron contratos leoninos que con la complicidad de la compañía Brasileña Odebrecht, se establecían descuentos en la venta de productos del petróleo con precios preferenciales que después la misma empresa, junto con sus filiales en el mundo, canalizaba a las famosas acciones de sobornos. En realidad, era una forma de desviar dinero de PEMEX, en favor de las empresas como la mencionada, para que con la debida compensación luego se entregara parte substancial de esos recursos a los miembros de la clase política de la etapa neoliberal y se canalizara a las campañas políticas, y como su control era lógicamente muy laxo de manera importante se canalizaba hacia las fortunas de los altos funcionarios involucrados y para aceitar sus estructuras de negocios y de poder.
Con lo antes descrito es realmente comprensible que momentáneamente se incremente la violencia, pero es de esperarse que pronto con los líderes de esas bandas de delincuentes en el banquillo de los acusados el asunto se tendrá que superar y vendrá una consistente tendencia a bajar los niveles de inseguridad, y se tendrá un proceso de recuperación económica, porque el criterio para la aplicación de los recursos del erario público ya tiene como criterio principal el interés de la nación, adicionalmente, se puede decir que buena parte de los grupos de negocios han entendido que se impulsará que los empresarios realicen sus actividades, pero dejando en el pasado los negocios basados en las canonjías que otorga el poder al servicio solo de los negociantes y se está aceptando que lo correcto es que los negocios se realicen con ventaja de los que sean más eficientes y que su eficacia tenga que ver con la solución de las necesidades de los mexicanos.
Se le está poniendo fin a los voraces contratos de los miembros de la iniciativa privada ligados a las redes delincuenciales, vinculadas al poder a los que solo les interesaba la máxima ganancia y que la descansaban en los privilegios que les daba ser los que decidían los grandes negocios a la sombra del poder.
Hoy siguen realizando acciones de producción, comercio y de finanzas en un ambiente de mayor responsabilidad social, por ejemplo, para romper la red de corrupción que se adueñó de la dinámica del sector salud se tuvo que recurrir a realizar las compras de los artículos para la salud en el extranjero, con nuevos proveedores, que con la ayuda de la ONU aseguren la eficiencia de la proveeduría de medicinas y de los artículos relacionados con el funcionamiento de ese sector, para llegar a eso se tuvo que enfrentar campañas en contra del gobierno progresista y hasta actos de sabotaje. Al respecto ya se logró tener un abasto de productos para el sector salud y a pesar de la situación en que se encontró el sector salud, como consecuencia de la corrupción de los altos funcionarios del sector, se ha logrado solventar los efectos de la pandemia en lo que tiene ver con minimizar los efectos en contra de los mexicanos en su salud y ya se comenzó a enfrentar los efectos en lo económico y en los niveles de desocupación de marginación y pobreza, pero también se ha anunciado la posibilidad de que los mexicanos tengamos acceso a la seguridad que nos puede proporcionar la existencia de una vacuna contra el Covid 19. En esa circunstancia será más fácil sobreponernos a los efectos más esenciales de la actual crisis en todas sus vertientes.
Finalmente, en mi opinión, es que para conformar el nuevo bloque de gobierno para la transformación de México, el gobierno progresista de AMLO, de la 4T, se ha orientado por llamar a cooperar con la estrategia de transformación progresista a todos los mexicanos, pero bajo la norma de que se tiene que sumar modificando sus conductas orientándose por asumir que el nuevo criterio para tomar las decisiones es el interés de la nación. Para poner orden en los que se suman al esfuerzo, se les debe advertir que su admisión no significa borrón y cuenta nueva, realmente es: “si te sumas inicia una cuenta nueva”. De modo que, si se pretende por algunos que se suman, continuar con sus conductas ilegítimas, se actualizarán sus faltas cometidas y se analizarán sus conductas actuales, con el propósito de evitar los actos ilícitos, en caso de reincidir en conductas de carácter delictivas se deberá registrar el hecho, para proceder a sancionar lo sancionable. Así de ese modo se podrá construir el nuevo bloque de gobierno para la transformación progresista y democrática de la nación.